La inversión política que mayores rendimientos financieros le había generado a la familia Hank ha llegado a su fin. Este miércoles 3 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cerró el boquete financiero generado por un error legislativo fraguado desde la bancada de Morena en 2023, que le permitió al Partido Encuentro Solidario (PES) percibir prerrogativas que -del 2024 a la fecha- alcanzaron más de los 227 millones 207 mil 009 pesos.
De un plumazo y mediante un razonamiento básico, el negocio que pronosticaba recibir 79 millones de pesos para este 2026 y que se extendería -al menos- hasta 2027, se podría reducir a una cuarta parte del financiamiento, lo cual representaría un duro golpe para la operatividad de un partido político que apenas alcanzó el tres por ciento de la votación en el pasado proceso electoral, porcentaje abismal en comparación con el de Morena, quien se hizo del “carro completo”, pero cuyo presupuesto ronda los 29 millones de pesos.
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Los magistrados del TEPJF sometieron a consideración el análisis del expediente SUP-REC-74/2026 y sus acumulados, que la Sala Guadalajara, un tribunal jerárquicamente inferior, desechó semanas atrás al no considerarlo relevante para un análisis constitucional o de precedente jurídico de valor.
El recurso de reconsideración planteado por el PRI, PT y Morena, llegó a la última instancia por tercera vez desde el 2024; en las dos ocasiones anteriores, el Máximo Tribunal Electoral del país ordenó desecharlo bajo el mismo precepto de Sala Guadalajara: no era relevante ni crearía nuevos criterios trascendentes.
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Con dos nuevos magistrados provenientes del proceso electoral de la reforma judicial, en 2025, y una modificación legal que le permite al resto de los togados extender su gestión -ambos promovidos por Morena-, además de una intensa gestión por parte del Poder Ejecutivo del Estado y al menos tres fuerzas políticas, se logró una reconsideración para su análisis de fondo, y ahí, finalmente, se “corrigió” el error provocado desde el Congreso de Baja California.
Aunque tanto el diputado Juan Manuel Molina como el representante del PRI, Joel Abraham Blas, se han colgado la medalla, la realidad es que en el cabildeo participó también -de manera paralela- gestiones de la Secretaría General del Gobierno, a cargo de Juan José Pon e incluso de la misma gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, con la intención de explicar las consecuencias de mantener el mismo criterio.
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LA HISTORIA DEL ABUSO DEL PES
Desde el 2021, cuando el PES nombró como su candidato a gobernador al casinero Jorge Hank Rhon, también cedió el control del partido para la cofradía de Caliente. Durante los siguientes años, el PES, inicialmente de corte conservador, se volvió un campo de juegos para los hijos del dos veces candidato perdedor a la Gubernatura, principalmente de César Hank, quienes tenían permiso para jugar a la política y convencer a personas para representar a un partido sin ideología, ni estructura, ni oferta política diversa.
A partir del 2024, una omisión derivada de una mala práctica legislativa emprendida por el diputado morenista Juan Manuel Molina y avalada tanto por la bancada de Morena y el área jurídica del propio Poder Legislativo, culminó en una acción de inconstitucionalidad 137/2023, promovida por todos los partidos políticos de oposición.
Y es que reclamaban que era inconstitucional la reducción del presupuesto público hasta en un 50 por ciento de lo que recibían anteriormente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la reforma morenista fue legal, salvo una modificación al artículo 43 de la Ley de Partidos Políticos de Baja California, debido a que el Congreso de Baja California se extralimitó a intentar regular el funcionamiento de los organismos políticos locales, ya que estos sólo pueden ser regulados por la Cámara de Diputados, a nivel federal. En otras palabras, los congresos locales pueden legislar sobre financiamiento de partidos federales, mientras que la Cámara federal es la única facultada para regular organismos locales.
Esto provocó que la fórmula para distribuir el recurso público fuera de un 50 por ciento menos para todos los partidos con excepción del PES, quien siguió rigiéndose bajo el esquema anterior.
La distribución del recurso se conforma de un 30 por ciento de forma equitativa y un 70 por ciento con base en el nivel de votación que recibió durante el proceso electoral anterior. Sin embargo, el PES, como partido único, tiene una consideración diferente y una bolsa financiera aparte de los partidos nacionales.
Así, el PES recibió un 30 por ciento de distribución de manera equitativa para todos los partidos políticos locales y un 70 a partir de su votación. El problema es que como el PES es el único partido local con registro en Baja California, acaparó el control del 30 por ciento de la distribución equitativa, lo que provocó que recibiera alrededor de 72 millones de pesos (provenientes del 30 por ciento de distribución equitativa) y siete millones correspondiente a su porcentaje de votación aproximadamente.
Fue así que de los más de 150 millones de pesos que reciben los partidos políticos de Baja California anualmente, más del 50 por ciento se iban al partido con menor votación con registro.
TSJE SENTENCIA AL PES
El pasado 20 de mayo, la Sala Superior tenía previsto analizar y desecha el recurso de reconsideración presentado por el PRI, PT y Morena, respecto a la distribución del recurso público, específicamente del PES, al considerar que la norma aplicada de forma explícita provoca una distribución del financiamiento público desigual, lo que afecta el principio de equidad y pluralismo político, entre otras cuestiones.
Contrario a lo ocurrido en años anteriores, el tema no fue desechado porque no era considerado trascendente para la vida jurídica del país. Sin embargo, debido a una serie de alegatos de varios magistrados, se determinó turnar nuevamente el caso para su análisis a profundidad.
La apuesta era arriesgada, debido a que si el estudio de fondo sentenciaba a favor del PES, no habría forma de recurrir nuevamente el caso y daría un criterio de legalidad a este recurso.
El caso fue enviado a otro magistrado para una nueva ponencia y cayó en la togada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien en años anteriores votó por desecharlo, pero ahora buscaba un nuevo criterio.
El pasado 3 de junio, Sala Superior subió nuevamente el tema para su análisis, el cual tenía como objetivo revocar la sentencia de Sala Guadalajara y ordenar al Instituto Estatal Electoral (IEE) un nuevo esquema para distribución del recurso público para los partidos políticos locales.
De inmediato, la magistrada Claudia Valle, mexicalense y egresada de la Facultad de Derecho de la UABC, respaldó inmediatamente la postura y sólo agregó que coincidía con que los recursos otorgados a dicho partido vulneraban el principio de equidad, pero además solicitó que el IEE debía encargarse de la redistribución del recurso.
El magistrado Reyes Rodriguez Mondragón se opuso tajantemente al planteamiento y aseguró que no compartía el proyecto y cuestionó que el TEPJF había tomado criterios de desechamiento hace apenas un año atrás, por lo que consideró que ese cambio de criterios tan abruptos no brindaba certeza jurídica.
“Yo he sostenido que se debe de admitir procedente el recurso para estudio de fondo; en esta ocasión se nos presenta por segunda ocasión en este año otro proyecto, (pero) el magistrado Fuentes Barrera, desechando este recurso. Yo me manifesté en contra y ahora se somete con estudio de fondo; me resulta llamativo que el Tribunal Electoral en un año esté discutiendo propuestas cambiantes respecto a la procedencia”, refirió el togado.
“Lo que la ley propone, en aras de la equidad, mezclar partidos locales y nacionales, cuando la legislatura de Baja California previó una clara distinción para el financiamiento público ordinario; en esa entidad se calculan dos fórmulas, distinguiendo dos fórmulas, una de los partidos nacionales. Esos dos cálculos generan dos bolsas distintas y eso puede ser una diferencia significativa conforme a lo que reciben los partidos, pero esa regla y sus diseños han sido validados por la SCJN; pero al haber solo un partido local genera una inequidad”, sentenció.
Como respuesta, la encargada de la ponencia señaló que la fórmula usada por el IEE genera una redistribución desproporcionada, por lo que se solicitó que se tome en cuenta el sistema de partidos políticos de la entidad.
“La fórmula como se había otorgado es alrededor de 72 millones, siendo el único partido con recurso estatal y esto nos lleva a un contraste donde estos tres veces más que juntando el financiamiento de todos los partidos locales, todavía tres veces más se le otorgaba al partido local, lo cual es una evidente situación real y rompe con los principios del sistema de financiamiento de los partidos políticos donde debe prevalecer una proporcionalidad justa y es lo que se propone”, refirió la magistrada, quien aseguró que existe una diferencia excesiva entre el partido local y el resto.
A pesar de tratarse de un tema polémico, no se avanzó más en el análisis del tema, por lo que se procedió a una votación de cinco a uno en favor de la revocación de la sentencia de Sala Guadalajara.
En concreto, quienes votaron a favor de redistribuir el dinero del PES fueron Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera (quien además presentó un voto razonado), Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto Bátiz García. El único voto en contra fue el del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
En cuanto llegue el engrose de la sentencia al IEE se tiene previsto que se analice nuevamente la fórmula de distribución a los partidos políticos locales, tomando como parámetro la distribución del 30 por ciento a los partidos nacionales, lo que reducirá sustancialmente el recurso público del PES.
Aun con la nueva modificación, se estima que el partido de Hank obtenga un estimado de 19 o 20 millones de pesos, lo que continúa representando un importante recurso, que lo coloca por encima de la mayoría de los partidos políticos que obtuvieron mayor votación.
Dentro del mismo análisis de los magistrados se hizo referencia a que durante los primeros cinco meses del año, el PES recibió ministraciones con el criterio revocado. Es decir, poco más de seis millones de pesos al mes.
Esto quiere decir que, de enero a mayo, dicho organismo político percibió 34 millones 117 mil 815 pesos, por lo que en caso de que sus prerrogativas alcanzaran -con la nueva distribución- los 20 millones, ya no se le otorgaría un peso el resto del año.
