El Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York presentó el 29 de abril de 2026 la novena ampliación de la acusación formal en el expediente S9 23 Cr. 180 contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios públicos estatales y municipales, activos o retirados, a quienes señala de haber construido una red de corrupción que permitió al Cártel de Sinaloa —específicamente a la facción conocida como “Los Chapitos”— operar con impunidad a cambio de millones de dólares en sobornos. La acusación, firmada por Jay Clayton, fiscal de los Estados Unidos, describe un esquema que inició al menos en 2012 y que incluyó la manipulación de la elección gubernamental de junio de 2021, el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia EE.UU., así como secuestros y homicidios de informantes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés).
El documento fue presentado como actualización del expediente original, radicado el 4 de abril de 2023 ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York contra Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como otras 24 personas acusadas de organización criminal continua, lavado de dinero y tráfico de fentanilo, entre otros delitos. Los nuevos imputados se suman a una causa que ya incluía a Ovidio Guzmán López, alias “Ratón” —extraditado a EE.UU. en septiembre de 2023—, a Ismael Zambada García, alias “El Mayo” —trasladado a ese país en julio de 2024—, y a figuras como Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, y Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”.
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Según el texto de la acusación, los acusados —todos funcionarios actuales o exfuncionarios de gobierno y de las fuerzas del orden en Sinaloa— participaron en una conspiración con el Cártel para importar cantidades masivas de estupefacientes hacia EE.UU., protegieron a los líderes del cártel de investigaciones, detenciones y procesos judiciales, y proporcionaron información sensible de inteligencia sobre operaciones militares y policiales a los traficantes. A cambio, recibieron colectivamente millones de dólares en dinero del narcotráfico. De acuerdo con el documento, el esquema de corrupción se instrumentó mediante listas mensuales de sobornos que el llamado “jefe de plaza” de Culiacán de Rosales distribuía entre los funcionarios en nómina del cártel. Fotografías de esas listas, recuperadas en México durante la investigación, fueron incorporadas al expediente y muestran montos que oscilaron entre 30,000 y 300,000 pesos mensuales por beneficiario.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó las solicitudes de extradición de EE.UU. por considerar que no cuentan con las pruebas requeridas por la legislación mexicana. Rocha Moya negó los cargos y declaró que demostraría que se trata de una calumnia. El senador Enrique Inzunza Cázarez calificó las acusaciones de ataque político a la Cuarta Transformación. El embajador de EE.UU. en México respaldó públicamente la acusación y exigió rendición de cuentas. Los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) pidieron la renuncia de Rocha Moya y la desaparición de poderes en Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cortó su conferencia mañanera sin abrir espacio a preguntas sobre el tema.
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RUBÉN ROCHA MOYA
Rubén Rocha Moya tiene 76 años de edad, es militante de Morena y ocupa la gubernatura de Sinaloa desde el 1 de noviembre de 2021. Político con décadas de trayectoria en el estado, fue elegido en junio de ese mismo año con el apoyo, según la acusación, de los líderes de “Los Chapitos”. Antes de llegar al gobierno estatal, desempeñó cargos en el Senado de la República y acumuló una larga carrera dentro de las estructuras del partido en el poder.
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La acusación lo señala como la figura central del esquema. Según el documento, a principios de 2021, mientras hacía campaña para la gubernatura, Rocha Moya se reunió con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López en un encuentro protegido por sicarios del cártel armados con ametralladoras y otras armas. En esa reunión, los líderes de “Los Chapitos” prometieron garantizar su triunfo electoral; Rocha Moya, a cambio, se comprometió a colocar en puestos de autoridad a funcionarios favorables a las operaciones de tráfico de drogas del cártel. Para materializar ese apoyo, miembros de “Los Chapitos” robaron urnas con votos de los partidos adversarios, secuestraron e intimidaron a candidatos rivales, e instruyeron a los mandos de la Policía Estatal de Sinaloa para que sus elementos se abstuvieran de actuar en los recintos electorales incluso ante denuncias ciudadanas de delitos. Tras ganar la elección, Rocha Moya se reunió nuevamente con los líderes del cártel —en una segunda reunión igualmente custodiada por sicarios con ametralladoras— para acordar la entrega del control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Desde su toma de posesión, según la acusación, Rocha Moya permitió a “Los Chapitos” consolidar el control sobre la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE Sinaloa), la Policía de Investigación de esa institución, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán de Rosales.
Los cargos en su contra son: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena prevista es la cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ
Enrique Inzunza Cázarez tiene 53 años de edad, es originario de Badiraguato —el mismo municipio que Rocha Moya— y se desempeña como senador por Morena en representación de Sinaloa desde agosto de 2024. Antes de asumir ese cargo, fue secretario general del Gobierno de Sinaloa bajo las órdenes del gobernador acusado, cargo que dejó en febrero de 2024. Con anterioridad, fungió como magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa de 2016 a 2021, y ocupó distintas posiciones en ese poder judicial en años previos.
Según la acusación, Inzunza Cázarez participó junto a Rocha Moya en la reunión posterior a la elección de 2021 en la que se negoció con los líderes de “Los Chapitos” el control sobre la Policía Estatal. El documento lo describe como un enlace clave entre los líderes del cártel y Rocha Moya, y señala que acordó planes específicos para que el Gobierno de Sinaloa apoyara y protegiera al cártel a cambio de favores que, a su vez, mantuvieran a los acusados en el poder.
Los cargos son idénticos a los de Rocha Moya: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena prevista es la cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
ENRIQUE DÍAZ VEGA
Enrique Díaz Vega tiene 50 años de edad y es empresario originario de Sinaloa. Fue secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa desde noviembre de 2021 hasta septiembre de 2024, fecha en que dejó el cargo alegando motivos personales para regresar al ámbito de la iniciativa privada. Con anterioridad a su función pública, dirigió empresas como Housesin Desarrollos y DIGAX.
La acusación lo señala como el funcionario que, antes de la elección de junio de 2021, entregó a los líderes de “Los Chapitos” los nombres y domicilios de los candidatos rivales de Rocha Moya a la gubernatura, con el propósito de que el cártel los intimidara y los obligara a retirarse de la contienda. Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y otros miembros de alto rango del cártel participaron en esas reuniones previas a la elección, según el documento. Díaz Vega actuó asimismo como enlace entre los líderes del cártel y Rocha Moya.
Los cargos son: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena prevista es la cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
DÁMASO CASTRO ZAAVEDRA
Dámaso Castro Zaavedra tiene 54 años de edad, es abogado con experiencia en la otrora Procuraduría y en el Ministerio Público del Fuero Común, y se desempeña como vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa desde octubre de 2021. Ejerció funciones como fiscal en México en distintas capacidades desde al menos 1998.
La acusación lo identifica en las listas de sobornos del cártel bajo el sobrenombre “Culiacán Regio” y establece que recibió aproximadamente 200,000 pesos mensuales —equivalentes a unos 10,893 dólares de EE.UU.— de parte de “Los Chapitos” entre al menos 2021 y septiembre de 2024. A cambio, según el documento, Castro Zaavedra protegió a miembros del cártel de ser detenidos e informó a “Los Chapitos” sobre operaciones de las fuerzas del orden planeadas con apoyo estadounidense, incluida información sobre cuáles laboratorios de drogas y cuáles integrantes de la organización eran objetivo de la DEA, a fin de que pudieran destruir o trasladar evidencia antes de los operativos.
Los cargos son: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena prevista es la cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
MARCO ANTONIO ALMANZA AVILÉS
Marco Antonio Almanza Avilés tiene 54 años de edad y fue jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa —conocida también como Policía Ministerial— desde aproximadamente 2017 hasta noviembre de 2022, cuando se retiró por jubilación.
La acusación lo ubica junto a su sucesor como el cargo identificado en las listas de sobornos bajo el código “R1”, con pagos de aproximadamente 300,000 pesos mensuales —unos 16,670 dólares de EE.UU.— por parte de “Los Chapitos”. Según el documento, en ese cargo Almanza Avilés permitió al cártel operar libremente en Sinaloa, libró órdenes de aprehensión contra enemigos de “Los Chapitos” a solicitud de estos y autorizó el paso por Culiacán de Rosales de vehículos que transportaban precursores químicos para la producción de fentanilo. El acuerdo corrupto entre Almanza Avilés y el cártel se estableció inicialmente en una reunión celebrada alrededor de 2017 o 2018 en uno de los ranchos de Iván Archivaldo Guzmán Salazar en Sinaloa. Hasta que Iván puso fin a la práctica en aproximadamente 2020, Almanza Avilés también recaudó pagos de laboratorios de metanfetamina que trabajaban para otras facciones del cártel, con el fin de encarecer sus operaciones y beneficiarse personalmente.
Los cargos son: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena prevista es la cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
ALBERTO JORGE CONTRERAS NÚÑEZ, “CHOLO”
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, tiene 45 años de edad y fue jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa desde noviembre de 2022 hasta aproximadamente febrero de 2026, fecha hasta la cual ejerció ese cargo.
La acusación señala que fue designado por Rocha Moya con la aprobación explícita de los líderes de “Los Chapitos” y que, al igual que su antecesor, recibió sobornos de aproximadamente 300,000 pesos mensuales —unos 16,000 dólares de EE.UU.— del cártel. A cambio, permitió a esa facción operar libremente en el estado, ordenó la liberación de integrantes de “Los Chapitos” detenidos por sus actividades de tráfico de drogas y ayudó a la organización a localizar y matar a sus enemigos, incluidos miembros de cárteles rivales.
Los cargos son: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena prevista es la cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ
Gerardo Mérida Sánchez tiene 66 años de edad, es general en retiro originario de Poza Rica, Veracruz, con experiencia en zonas militares de Puebla, Oaxaca y Michoacán. Fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa desde septiembre de 2023 hasta su renuncia en diciembre de 2024, en plena narcoguerra desatada entre “Los Chapitos” y la facción de “Los Mayos” tras la detención de Ismael Zambada García en julio de 2024.
La acusación establece que en 2023 y 2024 Mérida Sánchez aceptó más de 100,000 dólares de EE.UU. en sobornos mensuales en efectivo de “Los Chapitos”. A cambio, según el documento, no interfirió con las operaciones de tráfico de drogas del cártel, evitó detener a sus integrantes y proporcionó avisos previos de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas en 2023, lo que permitió a “Los Chapitos” evacuar personal y estupefacientes antes de que la policía pudiera incautarlos o realizar arrestos.
Los cargos son: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena prevista es la cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDIVIL
Juan de Dios Gámez Mendivil tiene 41 años de edad, es arquitecto de profesión y es el alcalde de Culiacán de Rosales desde junio de 2022, cuando asumió en sustitución de Jesús Estrada Ferreiro, relevado por diferencias con el gobernador Rocha Moya. En el ámbito político sinaloense se le identifica como cercano al gobernador; en 2017 fungió como operador de la campaña de Rocha Moya al Senado y en 2021 hizo lo propio en su candidatura a la gubernatura.
Según la acusación, desde su toma de posesión como alcalde Gámez Mendivil recibió más de 10,000 dólares de EE.UU. en sobornos mensuales de “Los Chapitos”. A cambio, según el documento, y en su calidad de autoridad con mando sobre la Policía Municipal de Culiacán de Rosales, permitió al cártel operar en esa ciudad sin interferencia del gobierno, protegió las operaciones de tráfico de drogas de “Los Chapitos” en su jurisdicción y resguardó a sus integrantes de ser detenidos.
Los cargos son: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena prevista es la cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
JOSÉ ANTONIO DIONISIO HIPÓLITO, “TORNADO”
José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, tiene 55 años de edad y fue subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa de aproximadamente 2017 a 2022, además de desempeñarse como comandante de esa corporación tanto antes —de alrededor de 2012 a 2016— como después —de aproximadamente 2022 a julio de 2024— de esa función.
La acusación lo identifica directamente por su alias en las listas de sobornos del cártel, con pagos de aproximadamente 100,000 pesos mensuales —unos 5,450 dólares de EE.UU.— desde al menos 2012 y hasta al menos 2024. En ese período, según el documento, Hipólito permitió a “Los Chapitos” operar sin interferencia en su jurisdicción, colocó a otros policías que figuraban en la nómina del cártel en posiciones de mando dentro de la Policía Estatal de Sinaloa, vendió munición y cargadores para rifles de asalto a integrantes del cártel, ordenó la liberación de detenidos y modificó la documentación de sus arrestos para que pareciera que no portaban armas. Además, proporcionó avisos previos de operativos contra “Los Chapitos”, lo que en un caso les permitió evacuar personal y drogas de un laboratorio que estaba a punto de ser cateado por el Ejército Mexicano. En una reunión con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, Hipólito y sus comandantes confirmaron que estaban a disposición del cártel y recibieron un radio para mantenerse en contacto permanente.
Los cargos son: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena prevista es la cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
JUAN VALENZUELA MILLÁN, “JUANITO”
Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, tiene 35 años de edad y fue comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán de Rosales, de aproximadamente 2018 a 2024.
La acusación establece que Millán recibió aproximadamente 41,000 dólares de EE.UU. mensuales de “Los Chapitos”, monto que distribuía entre sí mismo, sus comandantes y más de 40 agentes de esa corporación. A cambio, según el documento, otorgó al cártel acceso ilimitado a la inteligencia, los operativos y los recursos de la Policía Municipal de Culiacán de Rosales —incluyendo patrullas y radios—, instruyó a los elementos de su corporación para que recogieran y transportaran narcóticos, entre ellos fentanilo y metanfetamina con destino a EE.UU., desde laboratorios del cártel, y utilizó a sus agentes para arrestar, secuestrar y matar a enemigos de “Los Chapitos”.
El caso más grave que describe la acusación ocurrió el 22 de octubre de 2023: Millán auxilió a “Los Chapitos” —a petición de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y otro miembro de alto rango del cártel— en el secuestro de Alexander Meza León, fuente confidencial de la DEA, y de un familiar de éste. Bajo el mando de Millán, agentes municipales en una patrulla detuvieron a las víctimas, las secuestraron y las entregaron a sicarios del cártel, quienes las torturaron y mataron. Entre las víctimas se encontraba un menor de 13 años. Millán también ordenó a sus elementos vigilar y detener a punta de pistola a otros civiles vinculados al informante, quienes también fueron secuestrados y asesinados por el cártel.
Además de los cargos por conspiración para la importación de narcóticos, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, Millán enfrenta cargos específicos de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte, por los cuales también podría recibir cadena perpetua.
LA ACUSACIÓN FORMAL Y SU CONTEXTO
La acusación fue presentada ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York como la novena ampliación del expediente original S9 23 Cr. 180. El documento describe al Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y señala que ha transformado al estado de Sinaloa en el epicentro geográfico del tráfico mundial de narcóticos. Según el texto, el cártel inyectó miles de millones de dólares en ganancias provenientes del tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, y para garantizar sus operaciones tejió una red de corrupción que abarcó todos los niveles del gobierno local, estatal y federal. La acusación menciona que el fentanilo —un opioide sintético más de 50 veces más potente que la heroína— ha sido una de las principales causas de muerte de estadunidenses de entre 18 y 49 años de edad en la última década.
Entre los envíos de droga documentados en el expediente figuran la incautación en mayo de 2022 de 189,000 pastillas de fentanilo y dos kilogramos de fentanilo en polvo en Phoenix, Arizona; la incautación en julio de 2022 de aproximadamente 5,000 kilogramos de metanfetamina en el sur de California; y la incautación el 19 de agosto de 2022 de 41.2 kilogramos de fentanilo en polvo, 630,000 pastillas de fentanilo y más de cinco kilogramos de heroína y cocaína en una sola casa de seguridad en Phoenix, que incluía paquetes marcados con los símbolos “Chapiza” y “Ratón”, sellos característicos de la facción. En diciembre de 2023 se incautaron más de 3,000 libras de metanfetamina y 500 libras de cocaína con valor estimado en aproximadamente 10,430,000 dólares de EE.UU. en el sur de California.
La acusación advierte que la guerra interna del cártel, desatada desde la detención de Zambada García en julio de 2024, y la lealtad al cártel de los funcionarios corruptos, incluidos los acusados, ha sometido a Sinaloa y a otras zonas de México a una violencia cada vez mayor.
