La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el 29 de abril de 2026 una conferencia de prensa atípica en Palacio Nacional en la que limitó la sesión al tema de la industria siderúrgica y abandonó el Salón Tesorería sin responder preguntas sobre la acusación formal presentada ese mismo día por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones de Sinaloa, y nueve funcionarios actuales y exfuncionarios estatales, por presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia Estados Unidos.
Tras apenas 40 minutos, la titular del Poder Ejecutivo Federal dio por concluida la conferencia y salió acompañada de la secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez, sin atender los cuestionamientos de la prensa sobre el caso. Horas antes, el Gobierno de Sheinbaum Pardo ya había recibido solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el Gobierno de los EE.UU. en contra de los diez imputados, incluido Rocha Moya. Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ingresó a Palacio Nacional alrededor de las 11:00 horas y salió sin dar declaraciones; una hora después regresó para participar en una reunión previamente programada con el canciller de España, José Manuel Albares. A las 13:30 horas llegó al recinto Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quien fue cuestionada sobre la situación del gobernador y solo respondió con un saludo de mano.
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El mutismo del Ejecutivo Federal contrasta con la postura que Sheinbaum Pardo adoptó en agosto de 2024, cuando, en presencia del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y aún como presidenta electa, defendió públicamente a Rocha Moya tras la difusión de una carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada, en la que el capo afirmaba que el gobernador tuvo conocimiento y participación en la trampa que le pusieron para detenerlo. “Decirles que vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo; que quien quiera estigmatizar a este bello estado que se quede con su historia, porque hombres y mujeres de Sinaloa son buenos mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres de trabajo”, declaró en aquella ocasión.
La acusación encendió las reacciones de la oposición. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del Movimiento Ciudadano (MC), exigió la renuncia inmediata del gobernador y demandó que el Gobierno Federal se deslindara de Rocha Moya sin dilación. “El Gobierno federal debe deslindarse de Rubén Rocha de forma inmediata y permitir que sea investigado. Rocha no debe seguir siendo gobernador”, declaró Álvarez Máynez, quien señaló que el rigor con que las autoridades han actuado respecto a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, debía ser el parámetro de actuación en este caso.
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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo que las acusaciones confirman que Morena es un “narcopartido” y exigió investigación a fondo y la detención inmediata de todos los involucrados. “La violencia, el control territorial del narco y la impunidad no son casualidad, son consecuencia de un gobierno que ha tolerado, encubierto e incluso participado en estas redes. Morena no solo falló en garantizar la seguridad; es responsable del clima de violencia que hoy azota al país”, señaló el tricolor en un posicionamiento inicial. El PRI afirmó además que Morena ganó elecciones con intimidación, dinero ilícito y estructuras criminales.
El Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que las imputaciones confirman una situación de dimensión institucional que desde hace tiempo había sido señalada, y calificó el caso como una crisis de Estado. “Esto ya no es rumor ni especulación. Estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas”, advirtió el partido en un comunicado fechado el 29 de abril de 2026. El PAN subrayó que Sinaloa enfrenta desde hace más de un año y medio una situación de violencia constante, con pérdidas humanas y afectaciones económicas, sin que el gobierno estatal haya logrado restablecer la seguridad, y consideró que un gobierno bajo ese nivel de señalamientos no cuenta con condiciones para garantizar la tranquilidad de las familias. Por ello, el partido llamó al Senado de la República a evaluar de forma inmediata la desaparición de poderes en la entidad, como medida prevista en la Constitución para situaciones extraordinarias. “No se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria ante una situación que ha rebasado a las autoridades locales”, señaló. El PAN advirtió que México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de vínculos con él.
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Desde las filas del oficialismo, el senador de Morena Saúl Monreal Ávila, legislador por Zacatecas, descartó que el Gobierno protegiera a los implicados. “Lo ha dicho nuestra Presidenta, no debe de haber impunidad y menos en nuestro país. Todo se está castigando. Ustedes lo han visto, hasta elementos de la Marina. A todos los que tengan relación y que haya evidencia, se tendrá que castigar”, afirmó Monreal Ávila en el Patio del Federalismo.
La acusación formal fue anunciada por Jay Clayton, fiscal de los EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, y Terrance Cole, administrador de la DEA. El expediente fue presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en el caso S9 23 Cr. 180 (KPF), asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla. Los cargos incluyen conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia los EE.UU., así como posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, delitos que conllevan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua.
Además de Rocha Moya, de 76 años, la acusación comprende a Enrique Inzunza Cázarez, senador federal por Sinaloa y exsecretario general del gobierno estatal; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado; Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE); Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la FGE; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, sucesor de Almanza Avilés en ese cargo; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán de Rosales; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán de Rosales.
Según las alegaciones del expediente, los acusados protegieron a los líderes de “Los Chapitos” —facción encabezada por los hijos del exlíder del Cártel Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”— contra investigaciones y procesos judiciales; filtraron información de inteligencia policial a la organización criminal; ordenaron a corporaciones policiales proteger cargamentos de droga en tránsito hacia los EE.UU., y permitieron actos de violencia con impunidad. A cambio, los acusados habrían recibido colectivamente millones de dólares. La acusación detalla que Castro Zaavedra habría percibido alrededor de 11,000 dólares mensuales; Almanza Avilés y Contreras Núñez, cerca de 16,000 dólares mensuales; Mérida Sánchez, más de 100,000 dólares mensuales durante 2023 y 2024; Hipólito, aproximadamente 6,000 dólares mensuales; Gámez Mendívil, más de 10,000 dólares mensuales, y Valenzuela Millán, unos 41,000 dólares mensuales para él, sus comandantes y más de 40 agentes bajo su mando.
Respecto a Rocha Moya, el documento judicial alega que “Los Chapitos” respaldaron su campaña a la gubernatura en las elecciones de junio de 2021 mediante el robo de boletas, el secuestro e intimidación de candidatos de la oposición y la prohibición a la Policía Estatal de acercarse a los recintos electorales. A cambio, el gobernador habría prometido instalar en puestos clave a funcionarios afines al Cártel y proteger sus operaciones. Clayton señaló que “sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, mientras que Cole subrayó que los acusados utilizaron sus cargos de confianza para facilitar el ingreso de narcóticos a los EE.UU.
Valenzuela Millán enfrenta además cargos de secuestro con resultado de muerte, que conllevan cadena perpetua obligatoria. Según la acusación, alrededor del 22 de octubre de 2023, agentes municipales bajo su mando detuvieron en Culiacán de Rosales a Alexander Meza León, fuente confidencial de la DEA, y a un familiar de este, y los entregaron a sicarios del Cártel, quienes los torturaron y mataron en represalia por la información que Meza León había proporcionado a las autoridades estadounidenses.
La SRE informó mediante el Comunicado número 097/2026 que, tras la revisión jurídica correspondiente, determinó que los documentos remitidos por la Embajada de los EE.UU. no anexan elementos probatorios suficientes para sustentar la responsabilidad de las personas cuya detención provisional se solicita, y remitió las solicitudes a la Fiscalía General de la República (FGR) para que resolviera conforme al sistema jurídico mexicano. La dependencia anunció también que enviará un extrañamiento a la Embajada estadounidense por haber dado publicidad al caso, en contravención de las disposiciones de confidencialidad previstas en los tratados internacionales aplicables.
Rocha Moya rechazó de forma categórica los cargos a través de la red social X. “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, escribió. El mandatario sinaloense calificó las imputaciones como “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional”, y aseguró que el señalamiento no apuntaba solo a su persona sino al movimiento de la Cuarta Transformación. El embajador de los EE.UU. en México, Ronald Johnson, advirtió por su parte que los actos de corrupción vinculados al crimen organizado serán investigados y procesados en todos los casos en que aplique la jurisdicción estadounidense.
Rocha Moya, originario de Badiraguato, construyó su trayectoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), donde fungió como rector en los años noventa del siglo 20, antes de iniciar su carrera política en el PRI y migrar hacia el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fuerza con la que ganó la gubernatura en 2021. Su administración coincidió con la fractura interna del Cártel de Sinaloa entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, que derivó en una disputa territorial de alta intensidad. La acusación formal del 29 de abril de 2026 es la más reciente de una serie de imputaciones emitidas por el Distrito Sur de Nueva York desde 2023 contra más de 30 miembros y asociados del Cártel. El gobernador mantiene la presunción de inocencia.
