El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, rechazó de forma categórica el 29 de abril de 2026 las imputaciones formuladas en su contra por la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, que lo señala junto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios actuales y exfuncionarios del gobierno y de las corporaciones policiales de esa entidad, por presuntos nexos con la facción de los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa y conspiración para importar narcóticos hacia los EE.UU.
“Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas”, escribió Inzunza Cázarez en la red social X. El legislador subrayó que la acusación se hizo pública un día después de que defendiera desde la tribuna del Senado de la República “el principio de la soberanía nacional” consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de lo que calificó como una actuación ilegal de agentes del Gobierno de EE.UU. en territorio mexicano en tareas que, según señaló, la Constitución confiere de manera exclusiva a las autoridades nacionales. “Hoy, casualmente, autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra”, sostuvo.
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Inzunza Cázarez advirtió que el señalamiento tiene intenciones que van más allá de su persona: “No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación”, afirmó, y extendió el alcance del ataque al propio partido y a su dirigencia histórica. “Es también un ataque y una insidia dirigida al Partido Morena y a nuestro máximo referente político”, sostuvo, en alusión al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El senador sinaloense rechazó además las estigmatizaciones vinculadas a su lugar de origen. Oriundo de Badiraguato, Sinaloa, señaló que hay quienes asumen que provenir de ese municipio es motivo suficiente para imputar conductas delictivas. “En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”, escribió, y reafirmó que su trayectoria se sustenta en “trabajo, estudio y servicio.”
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Pese a que el tablero electrónico del Senado de la República registró su asistencia a la sesión del 29 de abril de 2026, Inzunza Cázarez no se presentó al Pleno. En teoría debería haber rendido protesta como integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuya instalación estaba prevista para esa tarde.
Los cargos formulados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York incluyen conspiración para la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia los EE.UU., así como posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, delitos que acarrean una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua. Según la acusación, los imputados protegieron a los líderes de los “Chapitos” —Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredo”, y Ovidio Guzmán López, alias “Ratón”, hijos del exlíder del Cártel Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”— de investigaciones, detenciones y procesos judiciales, filtraron información de inteligencia a la organización y ordenaron a corporaciones policiales estatales y municipales proteger cargamentos de droga en tránsito, a cambio de millones de dólares en sobornos.
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La sesión del Senado fue también escenario de reacciones de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN). La senadora Lilly Téllez García subió a tribuna y celebró la acusación del Gobierno de EE.UU.: “Empiezan a señalarse los mafiosos con nombre y apellido”, afirmó. El coordinador de la bancada, Ricardo Anaya Cortés, anunció que en las sesiones de la Comisión Permanente exigiría la presencia de Rocha Moya. “Ya hay una acusación formal, por narcotráfico, contra Rubén Rocha”, sostuvo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el mismo 29 de abril de 2026 que las solicitudes de detención provisional con fines de extradición presentadas por el Gobierno de los EE.UU. fueron recibidas el 28 de abril del mismo mes y año a las 18 horas y remitidas de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR). Según el Comunicado número 097/2026, los documentos enviados por la Embajada de EE.UU. no cuentan con elementos probatorios suficientes para determinar la responsabilidad de los señalados. La SRE anunció asimismo el envío de un extrañamiento a la representación diplomática estadounidense, al señalar que la difusión pública del caso contravino las disposiciones de confidencialidad previstas en los tratados internacionales vigentes.
Los cargos contenidos en el expediente son meras alegaciones. Los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal competente.
