La convocatoria exige a los aspirantes no nacidos en Baja California acreditar 15 años de residencia efectiva, requisito que eleva la barra de elegibilidad respecto a otras entidades.
La FGR condicionó la extradición a que EE.UU. acredite sus pruebas conforme a la legislación mexicana, mientras la oposición exigió la desaparición de poderes en Sinaloa.
La SRE envió un extrañamiento a la Embajada de EE.UU. por revelar públicamente las solicitudes de extradición, en violación a tratados de confidencialidad.
