La senadora Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, exigió el 1 de mayo de 2026 al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que presentara su renuncia al cargo de gobernador constitucional de ese estado, con el propósito de permitir que las investigaciones en su contra avancen sin interferencias institucionales.
A través de un comunicado, la legisladora por la Ciudad de México argumentó que las acusaciones por narcotráfico formuladas por autoridades judiciales de EE.UU. no pueden ser ignoradas ni tratadas como un asunto menor, toda vez que comprometen la confianza ciudadana, la gobernabilidad y la integridad de las instituciones públicas.
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“Separarse del cargo permitiría que las investigaciones correspondientes avancen sin interferencias reales o aparentes, que las instituciones actúen con plena independencia y que el pueblo de Sinaloa cuente con condiciones mínimas de certeza política e institucional”, señaló Chavira de la Rosa en el escrito.
Las acusaciones que detonaron el pronunciamiento de la senadora fueron dadas a conocer el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que hizo públicos cargos por narcotráfico en contra de diez funcionarios del Gobierno del estado de Sinaloa, entre ellos el propio Rocha Moya. Tras conocerse los señalamientos, el mandatario estatal descartó solicitar licencia al cargo y aseguró que no tenía nada que temer.
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Chavira de la Rosa extendió su petición de separación a los otros nueve funcionarios sinaloenses incluidos en las acusaciones estadounidenses y convocó a la Fiscalía General de la República (FGR), a las autoridades de seguridad, a los órganos de control y a las instancias legislativas a garantizar que cualquier investigación se conduzca sin simulación.
La senadora morenista subrayó que la permanencia de un funcionario en un cargo de elección popular no puede analizarse únicamente desde la dimensión penal, sino también desde la confianza pública y la obligación de preservar la integridad institucional. “Los señalamientos formulados por autoridades judiciales de un gobierno extranjero, por su naturaleza, alcance y gravedad institucional, no pueden ser ignorados ni tratados como un asunto menor”, advirtió, al tiempo que aclaró que su posición no implica desconocer la soberanía nacional ni los cauces constitucionales mexicanos.
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Según el comunicado emitido por la legisladora, los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación tienen la obligación de “mantener un gobierno a la altura del pueblo de México, capaz de responder con integridad, transparencia y autoridad moral ante cualquier cuestionamiento que comprometa la confianza pública”.
María Guadalupe Chavira de la Rosa nació el 9 de agosto de 1968 y comenzó su trayectoria política en el año 2000, cuando fue electa jefa delegacional de Milpa Alta como candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la primera ocasión en que esos cargos se elegían por voto popular en la Ciudad de México. Posteriormente ocupó una diputación en la III Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde presidió la comisión de Hacienda y coordinó el grupo parlamentario del PRD. Tras incorporarse a Morena, fue diputada local en el Congreso de la Ciudad de México de 2018 a 2021 y diputada federal en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, período en el que integró la comisión de Relaciones Exteriores, antes de alcanzar una curul en el Senado de la República.
La petición de Chavira de la Rosa marca la primera fisura pública dentro de Morena respecto al caso Rocha Moya, en un momento en que Sinaloa atraviesa, según la propia senadora, una situación institucional extraordinariamente delicada derivada de las acusaciones formuladas desde una jurisdicción federal estadounidense.
