La lógica de recurrir a la politiquería, a la narrativa del ataque a sus liderazgos de Morena, está basada en lo que viene en 2027, la elección intermedia de la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum
Tres personas han politizado la acusación que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve de quienes han sido y son sus colaboradores: el propio morenista mandatario de aquella entidad, el senador Enrique Inzunza, también acusado y requerido por la justicia norteamericana, y la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
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Los dos primeros, Rocha e Inzunza, sobre quienes pesa una orden de detención con fines de extradición emitida por la autoridad de la Unión Americana, y entregada a la Secretaría de Relaciones Exteriores para conocimiento y acción de la Fiscalía General de la República, metieron a su brete personal a su movimiento, el de la “Cuarta Transformación”, al justificar que la acusación que se procesa en la Corte de Distrito Sur de Nueva York no era una acción sólo contra ellos, sino en detrimento de su movimiento.
Inzunza de hecho, involucró al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con nombre y apellido.
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En la indagatoria del Departamento de Estado admitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde los Estados Unidos acusan a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, señalados de por lo menos cinco delitos, entre ellos asociación delictuosa para la importación de narcóticos de México hacia los Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y secuestro con resultados de muerte.
En las 34 páginas que integran la indagatoria, la autoridad norteamericana justifica sus acusaciones contra los diez, entre quienes se encuentran el gobernador Rocha, el senador Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y aparte de presentar una narrativa de hechos que los inmiscuye en actividad ilícitas, también anexa imágenes de lo que se conocen como narconóminas, las libretas de los criminales (como las encontradas en la zona donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y que el secretario Omar García Harfuch dijo investigaría), donde se detalla la cantidad económica que entregan a quienes desde el gobierno o corporación policiaca les protegen a cambio de dinero.
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La alianza de Rubén Rocha Moya con los Chapitos, los herederos criminales y de sangre de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el depuesto líder del Cártel de Sinaloa, la remontan en la indagatoria de los Estados Unidos hasta antes del 6 de junio de 2021, día en que se llevaron a cabo en México las elecciones intermedias en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y la elección gubernamental del Estado de Sinaloa, cuando, de acuerdo a la investigación, los hijos del capo pactaron con el hoy gobernador para, a fuerza de plata y amenazas, garantizarle el triunfo en las urnas a cambio de protección y posiciones de mando en las corporaciones policiacas del Estado de Sinaloa.
Se recordará que por entonces, ya transcurrida la elección y denunciada la actividad criminal en diversas zonas del país a favor de los candidatos de Morena, por parte de ciudadanos, funcionarios de casilla y políticos de oposición que fueron retenido, privados de su libertad o amenazados, los líderes de la oposición entonces unida, PRI, PAN y PRD, acudieron ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, a denunciar precisamente la intervención del narco en la elección del 2021, queja que por supuesto fue minimizada y arrumbada al olvido con la retórica presidencial de entonces, la de López Obrador, y la oposición moralmente derrotada.
No fueron pocas las ocasiones en que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, respaldó y protegió a Rocha Moya, y con ello a su gobierno, y por lo tanto a sus colaboradores; aunque su espaldarazo político y social creció a partir del 25 de julio de 2024 cuando fue detenido Ismael Zambada García, el Mayo, en los Estados Unidos, y semanas después éste informaría, en una carta hecha pública por su abogado, que su ahijado, Joaquín Guzmán López, lo había citado a una reunión para que él fuese el mediador y resolviera los desencuentros entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el exrector de la Universidad de Sinaloa, Nemesio Cuén Ojeda, quienes estarían presentes. Pero lo que sucedió, en letra del capo del Cártel de Sinaloa, fue que a Cuén lo mataron en el rancho adonde convocó la reunión el hijo del Chapo, mientras que a él lo “secuestraron” y lo entregaron a los Estados Unidos.
El expresidente emprendió entonces una defensa sobre Rocha, y exigió explicaciones al Gobierno de los Estados Unidos sobre las condiciones en que fue detenido el Mayo Zambada. De hecho, la Fiscalía General de la República, entonces titulada por Alejandro Gertz Manero, tomó como válidas las declaraciones del capo en su carta, y con una expedita investigación confirmó sus dichos e inició una investigación contra Joaquín Guzmán López, por traición a la Patria, al haber entregado a Zambada García a los Estados Unidos.
Las exigencias para obtener más información por parte del Gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la aprehensión del Mayo, se extendieron a la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, quien en cada ocasión que ha considerado oportuno, lo vuelve a solicitar. La Presidenta también ha dado su apoyo incondicional a Rocha Moya, desde entonces, cuando era presidenta electa, a la fecha, en su última conferencia matutina.
Este cerrado círculo, AMLO-Sheinbaum-Rocha, le ha dado a este último la impunidad para no ser investigado y, cosa contraria, mantenerlo activo en el gobierno que ya desde el 2025 fue señalado de corrupción con el crimen, a raíz de los dichos de Zambada García.
Ante la acusación del Gobierno de Estados Unidos, y la orden de detención provisional que enviaron a México, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por continuar con el apoyo incondicional hacia Rubén Rocha Moya, y ha elegido la narrativa político electoral al declarar: “Lo he dicho siempre, de forma clara, y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones, por parte del Departamento de Justicia, es político”.
Confiado en la protección que los líderes de su movimiento le proveyeron y le proveen, Rocha Moya también recurrió a la política para defenderse, al referir en su posicionamiento inicial en la red X: “Este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”.
De hecho, con sus palabras, inmiscuye o induce que el daño también es para López Obrador y para la actual Presidenta de la República.
Enrique Inzunza, el senador que también tiene una orden de detención provisional y está señalado en la indagatoria norteamericana, se justificó en la misma línea discursiva: “No es sólo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación, y de los valores y principios que enarbolamos”. Añadió: “Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el presidente, Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos”.
La lógica de recurrir a la politiquería, a la narrativa del ataque a sus liderazgos de Morena, está basada en lo que viene en 2027, la elección intermedia de la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum, y la sucesión de Rubén Rocha Moya en el Gobierno de Sinaloa, que, por cierto, su ahijado político y carta más fuerte, es precisamente Juan de Dios Gámez Mendívil, el también acusado y actual alcalde de Culiacán.
Ahora sí que las acusaciones de un narcogobierno en Sinaloa le llegan a Morena en el preámbulo de la elección, en la cual se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.
