La Embajada de los Estados Unidos en México emitió el 29 de abril de 2026 una declaración oficial en la que el embajador Ron Johnson respaldó la presentación de cargos penales formulada por la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, al subrayar que combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional constituye una prioridad compartida entre ambas naciones.
“La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, advirtió Johnson en el documento emitido desde la sede diplomática en Ciudad de México. El embajador reafirmó el compromiso de EE.UU. con una relación bilateral fundamentada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho, y señaló que ese es el estándar que los ciudadanos de ambos lados de la frontera merecen.
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La declaración del representante diplomático se produjo horas después de que Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), anunciaran la acusación formal contra Rocha Moya, de 76 años, así como contra otros nueve funcionarios gubernamentales y policiales, activos y en retiro, por presunta conspiración con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como los “Chapitos” para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio de EE.UU.
Según la acusación presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, asignada a la jueza federal Katherine Polk Failla, los delitos imputados conllevan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua. Además de Rocha Moya, los acusados son Enrique Inzunza Cázarez, senador federal por Sinaloa y exsecretario general del gobierno estatal; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE); Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la FGE; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, también exjefe de esa corporación ministerial; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán de Rosales; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán de Rosales.
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Según las alegaciones contenidas en la acusación, los imputados protegieron a los líderes del Cártel —Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredo”, y Ovidio Guzmán López, alias “Ratón”, hijos del exlíder Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, extraditado a EE.UU. en enero de 2017— de investigaciones y arrestos, filtraron información confidencial de las fuerzas del orden a los narcotraficantes y ordenaron a corporaciones policiales escoltar cargamentos de droga hacia EE.UU. A cambio, recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico, con montos que van desde aproximadamente 6,000 dólares mensuales para Hipólito hasta más de 100,000 dólares mensuales para Mérida Sánchez durante 2023 y 2024.
El documento judicial detalla que los “Chapitos” habrían respaldado la campaña electoral de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en los comicios de junio de 2021 mediante el robo de boletas, el secuestro e intimidación de candidatos opositores y la retirada de la Policía Estatal de los recintos electorales. A cambio, Rocha Moya —en el cargo desde el 1 de noviembre de 2021— habría prometido instalar funcionarios afines al Cártel en puestos clave y proteger sus operaciones, lo que derivó en el control casi total de los “Chapitos” sobre la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la FGE, la Policía Municipal de Culiacán de Rosales y la propia FGE.
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Valenzuela Millán enfrenta además cargos de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometerlo, que conllevan cadena perpetua obligatoria. Según la acusación, alrededor del 22 de octubre de 2023, elementos municipales bajo su mando detuvieron en un automóvil patrulla en Culiacán de Rosales a Alexander Meza León, fuente confidencial de la DEA, y a un familiar suyo, los entregaron a sicarios del Cártel, quienes los torturaron y mataron en represalia por la información que Meza León había proporcionado a las autoridades estadounidenses respecto a las actividades de tráfico de drogas de Iván Guzmán Salazar.
Johnson subrayó que EE.UU. continuaría trabajando en estrecha coordinación con las autoridades mexicanas para impulsar la rendición de cuentas y fortalecer las instituciones, aunque precisó que no comentaría los hechos específicos de las imputaciones mientras el proceso legal siguiera su curso. Clayton, por su parte, declaró que “sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, mientras que Cole calificó al Cártel de Sinaloa como una “organización terrorista designada” y reiteró que “nadie está por encima de la ley”.
La acusación formal es la más reciente de una serie de imputaciones emitidas por el Distrito Sur de Nueva York desde 2023, en las que se ha acusado a más de 30 miembros y asociados del Cártel de Sinaloa, incluidos integrantes de su cúpula directiva. La investigación estuvo a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA y la Unidad de Investigaciones Bilaterales, con asistencia del Gobierno de México y las fiscalías federales de los Distritos Norte de Illinois y Sur de California. Los cargos contenidos en la acusación son alegaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad ante tribunal competente.
