El 29 de abril de 2026, Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), anunciaron la apertura de una acusación formal en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones del estado de Sinaloa, y otros nueve funcionarios gubernamentales y policiales, actuales y anteriores, por delitos de tráfico de narcóticos y relacionados con armas, en el marco de una presunta conspiración con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.
Según la acusación presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y asignada a la jueza federal Katherine Polk Failla, los diez acusados conspiraron con integrantes del Cártel de Sinaloa para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia los EE.UU., a cambio de protección política y sobornos millonarios. Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, delitos que conllevan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua. Se presume que todos los acusados residen actualmente en México.
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Además de Rocha Moya, de 76 años, la acusación comprende a Enrique Inzunza Cázarez, senador federal en representación de Sinaloa por Morena y exsecretario general del gobierno estatal; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE); Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la FGE; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, también exjefe de dicha corporación ministerial; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán de Rosales y principal aspirante a la gubernatura sinaloense; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán de Rosales.
Según las alegaciones contenidas en la acusación, los imputados mantuvieron vínculos estrechos con la facción del Cártel conocida como los “Chapitos”, integrada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar —alias “Alfredo”— y Ovidio Guzmán López —alias “Ratón”—, hijos del exlíder del Cártel Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, extraditado a los EE.UU. en enero de 2017. Los acusados, según el documento judicial, protegieron a los líderes del Cártel de investigaciones, arrestos y procesos judiciales; filtraron información confidencial de las fuerzas del orden a los narcotraficantes; ordenaron a corporaciones policiales estatales y municipales proteger cargamentos de droga en tránsito hacia los EE.UU., y permitieron que integrantes del Cártel ejercieran violencia con impunidad. A cambio, recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico.
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La acusación detalla que los “Chapitos” presuntamente respaldaron la campaña electoral de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en las elecciones de junio de 2021, mediante el robo de boletas electorales, el secuestro e intimidación de candidatos de la oposición y la prohibición a elementos de la Policía Estatal de Sinaloa de acercarse a los recintos electorales durante la jornada. A cambio, Rocha Moya —quien ocupa el cargo desde el 1 de noviembre de 2021— habría prometido instalar en puestos clave del gobierno estatal a funcionarios afines al Cártel y proteger sus operaciones de narcotráfico. Como gobernador, según las alegaciones, Rocha Moya permitió que los “Chapitos” consolidaran un control casi total sobre la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la FGE, la Policía Municipal de Culiacán de Rosales y la propia FGE.
Respecto al esquema de sobornos, la acusación precisa que Castro Zaavedra recibió aproximadamente 11,000 dólares mensuales de los “Chapitos” en su calidad de subprocurador general; que Almanza Avilés y su sucesor Contreras Núñez percibieron alrededor de 16,000 dólares mensuales como jefes de la Policía de Investigación de la FGE; que Mérida Sánchez aceptó más de 100,000 dólares mensuales durante 2023 y 2024 como secretario de Seguridad Pública; que Hipólito recibió aproximadamente 6,000 dólares mensuales en los distintos cargos que ocupó dentro de la Policía Estatal de Sinaloa; que Gámez Mendívil aceptó más de 10,000 dólares mensuales como alcalde de Culiacán de Rosales, y que Valenzuela Millán recibió alrededor de 41,000 dólares mensuales destinados a él, sus comandantes y más de 40 agentes bajo su mando en la Policía Municipal de Culiacán de Rosales.
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Valenzuela Millán enfrenta cargos adicionales por los que le corresponde cadena perpetua obligatoria: secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte. Según la acusación, alrededor del 22 de octubre de 2023, Millán ayudó a los “Chapitos” a secuestrar a Alexander Meza León, fuente confidencial de la DEA, y a un familiar de este, a quienes agentes municipales bajo su mando detuvieron en un automóvil patrulla en Culiacán de Rosales y entregaron a sicarios del Cártel, quienes los torturaron y mataron en represalia por la información que Meza León había proporcionado a las autoridades estadounidenses sobre las actividades de tráfico de drogas de Iván Guzmán Salazar y sus asociados.
Clayton declaró que sin la complicidad de funcionarios corruptos, el Cártel de Sinaloa no podría operar con la misma libertad, y advirtió que, “sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”. Cole, a su vez, calificó al Cártel de Sinaloa como una “organización terrorista designada” y subrayó que los acusados utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del Cártel y facilitar el ingreso de narcóticos a los EE.UU., al tiempo que reiteró que “nadie está por encima de la ley”.
La acusación formal es la más reciente de una serie de imputaciones emitidas por el Distrito Sur de Nueva York desde 2023, en las que se ha acusado a más de 30 miembros y asociados del Cártel de Sinaloa, incluidos integrantes de su cúpula directiva. La investigación estuvo a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones Bilaterales y las oficinas de la DEA en México y Phoenix, Arizona, con la asistencia del Gobierno de México y de las Fiscalías de los EE.UU. para los Distritos Norte de Illinois y Sur de California. Los fiscales federales adjuntos Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles llevan el caso. Los cargos que figuran en la acusación formal son meras alegaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad.
