Durante los últimos 14 meses autoridades de los Estados Unidos pusieron el “foco” en las redes del blanqueo de capitales de la organización criminal de los Chapitos o los Menores, facción en conflicto del Cártel de Sinaloa, designando a por lo menos 18 de sus integrantes como operadores tanto del lavado de dinero como de facilitar el tráfico y producción ilícita de drogas entre ellas fentanilo. También 29 empresas fueron señaladas de ser utilizadas para los aviesos intereses del clan delictivo en ciudades de los estados de México, Baja California, Sinaloa, Jalisco y Sonora.
Estas acciones de inteligencia y gabinete por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, son independientes de las acciones operativas que en México se han emprendido para localizar y capturar a los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán Loera, líderes del grupo en mención, que en todos los niveles ha sufrido bajas importantes que debilitan su estructura desde 2023, cuando fue detenido Ovidio Guzmán López, el Ratón, en Sinaloa.
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El gobierno norteamericano considera que los Chapitos son los principales responsables de controlar los laboratorios donde se produce fentanilo en pastillas para su trasiego al vecino país del Norte, convirtiéndose en los últimos tiempos en una facción poderosa y extremadamente violenta, lo que llevó al Departamento de Estado de ese país a designarle como organización terrorista extranjera desde el 18 de febrero de 2025 junto a otros cárteles mexicanos y las pandillas salvadoreñas y venezolanas, que significan una amenaza para su seguridad nacional.
Los 18 presuntos operadores designados lo fueron en tres acciones anunciadas por la OFAC en los meses de marzo, junio y octubre de 2025. Un primer grupo sería encabezado por un sujeto identificado como Enrique Dann Esparragoza, quien dirige una organización de lavado de dinero, supervisando varias células con base en Mexicali, Baja California. Otra célula es operada en Mazatlán por Víctor Manuel Barraza Pablos, con vínculos en Zapopan, Jalisco, a través de inmobiliarias y empresas turísticas. Mientras que un tercer esquema, en Culiacán, es dirigido por miembros de la familia Favela López, que controla la importación y distribución de químicos para abastecer narcolaboratorios de fentanilo.
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LAVADO EN MEXICALI
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El 31 de marzo del año próximo pasado, la OFAC informó que Enrique Dann Esparragoza Rosas dirige una organización de blanqueo de capitales y transfiere las ganancias ilícitas del narcotráfico desde Estados Unidos a México mediante un esquema de arbitraje cambiario en el que se intercambian dólares por pesos mexicanos en casas de cambio ubicadas en la frontera entre Estados Unidos y México, entre el Condado de Imperial, California, y Mexicali, Baja California.
Entre los clientes de Esparragoza se encuentran los Chapitos y la facción contraria del Cártel de Sinaloa, liderada por los descendientes del narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada García. El Departamento del Tesoro estima que hasta abril de 2023, esta red había lavado al menos 16.5 millones de dólares para clientes del Cártel de Sinaloa a través de Tapgas México, S.A. de C.V., una empresa con sede en Culiacán. Los Chapitos utilizaban para sus acciones cambiarias a Alan Viramontes Sesteaga, quien establece empresas fantasmas y representantes comerciales, para coordinar grandes retiros de efectivo en nombre de la organización.
Los operadores del lavado de dinero con base en Mexicali fueron señalados con los nombres de Salvador Díaz Rodríguez e Israel Daniel Páez Vargas, quienes cumplen diversas funciones, pues se acusa a Díaz de participar en sicariato y el cobro violento de derecho de piso; mientras que Páez actúa como reclutador para la red de blanqueo de activos de Alberto David Benguiat Jiménez. Tanto Díaz como Páez están acusados formalmente desde la misma fecha ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, por conspiración para lavar instrumentos monetarios y conspiración para importar y distribuir metanfetamina, heroína y fentanilo.
David Benguiat Jiménez opera una red de lavado de dinero desde la Ciudad de México que traslada ganancias ilícitas del narcotráfico desde Estados Unidos a México, en nombre del Cártel de Sinaloa y del narcotraficante José Ángel Rivera Zazueta, designado por la OFAC como narcotraficante de fentanilo. Al grupo se le señala de importar precursores químicos de China a México para fabricar drogas sintéticas, incluyendo fentanilo, éxtasis, metanfetamina cristalina y ketamina. Benguiat también cuenta con acusación en la Corte para el Distrito Sur de California por el mismo delito que Díaz y Páez, atribuyéndole el lavado de más de 50 millones de dólares.
Otro socio cercano de la red de blanqueo de Benguiat es Christian Noé Amador Valenzuela, también indiciado por conspiración para lavar instrumentos monetarios. La red utiliza una red de empresas fachada y sociedades instrumentales para ocultar el origen del dinero que mueve desde Estados Unidos, entre ellas Scatman and Hatman Corp; Personas Unidas Hoas; Grupo Zipfel de México; Grupo Unter Empresarial; Productions Pipo; y Grupo Vindende.
MUJER LLORA BLOQUEO
Otra operación del gobierno estadounidense fue anunciada el 9 de junio en contra de una importante célula de Los Chapitos en Mazatlán, presuntamente liderada por Víctor Manuel Barraza Pablos, jefe de plaza del grupo criminal, quien dirige las actividades violentas y criminales del grupo en la región, incluyendo el narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsión y la producción de fentanilo. La OFAC aseguró que muchas de las actividades ilícitas de Barraza y de Iván Archivaldo Guzmán son financiadas por el empresario mexicano José Raúl Núñez Ríos, quien parece haberse enriquecido rápidamente.
El señalamiento refiere que a partir de 2021, Núñez adquirió propiedades y estableció empresas de desarrollo inmobiliario, construcción y hostelería en Mazatlán y en el estado de Sinaloa, aparentemente para lavar las ganancias ilícitas del narcotráfico, aliándose con Los Chapitos y actualmente financia la guerra de Barraza contra los rivales del grupo en Mazatlán. También fue designada la esposa de Núñez, Sheila Paola Urías Vázquez, maquilladora radicada en Mazatlán y propietaria nominal de múltiples entidades, incluyendo un spa, un salón de belleza, bienes raíces y negocios de hotelería.
Presuntamente Núñez y su mujer operan empresas en su nombre, siendo sancionadas diez compañías: Beach y Marina; Club Playa Real; Proyecta Interna; Eco Campestres Ultra; IMB 24 Siete; Mue Renta y Venta de Vestidos; Carpe Diem Spa; Sea Wa Beach Club; y Comercializadora Copado. El gobierno estadounidense solicitó colaboración al mexicano, que congeló las cuentas bancarias de ambos empresarios en las instituciones bancarias Santander, Banamex, Banorte, y Bancoppel a través de acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
José Raúl Núñez Ríos promovió un juicio de amparo indirecto el 7 de julio de 2025 ante un juzgado federal en Jalisco, reclamando la orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar las cuentas bancarias del quejoso y su ejecución. El aludido señaló en su escrito que se enteró de los hechos el 16 de junio de ese año:
“Resulta que al encontrarnos en esta ciudad de Zapopan, Jalisco, viviendo toda mi familia, junto con la familia de mi esposa, de nombre Sheila Paola, me comentó que recibieron varios correos con motivo de cancelación de cuentas, y para ello se encontraba desconsolada llorando, diciéndome que nos habían bloqueado las cuentas bancarias ya que aparecía en una supuesta lista por la OFAC”.
Núñez comprobó en cajeros automáticos que no se le permitía realizar ningún movimiento, pues sus cuentas se encuentran bloqueadas, enterándose de manera indirecta del proceder de la UIF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que le colocó junto con sus familiares en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), sin que se le haya notificado “el motivo, causa o razón particular por la cual fueron bloqueadas, canceladas, suspendidas, o revocadas las cuentas bancarias del quejoso”. José Raúl también presentó una demanda de amparo en contra de una posible orden de aprehensión en su contra.
LOS FAVELA EN CULIACÁN
El 6 de octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros amplió la designación realizada en mayo de 2023 a la empresa Sumilab, S.A. de C.V. y a la familia Favela López por su presunta participación en el suministro y envío de precursores químicos para miembros y asociados del Cártel de Sinaloa. Los designados son los hermanos Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela, todos de apellidos Favela López, así como al esposo de María Gabriela, Jairo Verdugo Araujo, y Gilberto Gallardo García, quien está casado con otra hermana Favela.
Aunque después de la inclusión de Sumilab en 2023, los Favela López retiraron los letreros con el nombre de la empresa de los locales, y continuaron dedicándose al suministro de precursores químicos para la producción de fentanilo de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa; Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis, distribuyendo los químicos y equipos de laboratorio a intermediarios y operadores de laboratorios afiliados a la organización criminal que producen fentanilo y metanfetamina. Además, los productos químicos se venden a empresas en Estados Unidos, donde se sintetizan para producir drogas ilícitas que finalmente se venden a clientes estadounidenses.
Además de Sumilab, la familia Favela López opera una red de empresas químicas, de equipos de laboratorio y relacionadas con la agricultura, incluyendo siete que fueron sancionadas en octubre pasado: Agrolaren; Distribuidora de Productores y Servicios Viand; Favelab; Favela Pro (que opera como Fagalab); Qui Lab; y Storelab. Tras la designación de 2023, varios miembros de la familia intentaron desvincularse de diversas firmas comerciales de su red a través de testaferros como César Elías López Araujo, quien es propietario de la empresa de equipos de laboratorio Importaciones y Nacional Marcerlab. Ambos fueron sancionados.
La OFAC sancionó además a Martha Emilia Conde Uraga, conocida como “Martita”, corredora de productos químicos afiliada al Cártel de Sinaloa desde hace mucho tiempo, que opera desde varios almacenes en Culiacán y sus alrededores. Mediante facturación fraudulenta y otros métodos de ocultación, Conde Uraga suministra precursores químicos a narcotraficantes y operadores de laboratorios que trabajan para la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Según el Departamento del Tesoro, Conde Uraga y su familia utilizan testaferros y dirigen varias empresas con sede en México, sancionadas hoy, entre ellas las empresas de productos químicos y limpieza industrial Comercial Viosma del Noroeste y Prolimph Químicos en General; Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico; y Roco del Pacifico Inmobiliaria.
