La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el 29 de abril de 2026 que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del Gobierno de los EE.UU. en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios actuales o exfuncionarios de esa entidad, y determinó que los documentos remitidos por la Embajada estadounidense no cuentan con elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de los señalados. En respuesta a las imputaciones, Rocha Moya rechazó de forma categórica los cargos formulados en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y los calificó como un ataque a la soberanía nacional y al movimiento de la Cuarta Transformación.
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, escribió el gobernador en su cuenta de la red social X el 29 de abril de 2026. En el mismo mensaje, Rocha Moya sostuvo que el señalamiento en su contra “no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa.” El mandatario sinaloense calificó las imputaciones como parte de “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, y aseguró que demostrará “la falta de sustento de esta calumnia.”
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Según el Comunicado número 097/2026, las solicitudes fueron recibidas el 28 de abril del mismo mes y año a las 18 horas, y de inmediato fueron remitidas a la FGR para que evaluara su viabilidad conforme a la legislación mexicana y al Tratado de Extradición bilateral vigente entre México y los EE.UU. La SRE subrayó que, tras la revisión jurídica correspondiente, los documentos enviados por la Embajada de los EE.UU. no anexan elementos probatorios que permitan sustentar la responsabilidad de las personas cuya detención provisional se solicita. No obstante, precisó que será la FGR quien resuelva en última instancia si existen los elementos necesarios conforme al sistema jurídico mexicano.
La dependencia también anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada de los EE.UU. por la forma en que se dio a conocer el caso, toda vez que los tratados internacionales vigentes contemplan disposiciones específicas de confidencialidad para este tipo de procedimientos. La SRE no proporcionó detalles adicionales sobre los alcances del extrañamiento ni sobre los plazos para la respuesta de la FGR.
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Las solicitudes de extradición se derivan de una acusación formal sustituta presentada el 29 de abril de 2026 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en el caso S9 23 Cr. 180 (KPF), firmada por Jay Clayton, fiscal de los EE.UU. El documento señala a Rocha Moya y a nueve funcionarios actuales o exfuncionarios del gobierno y de las corporaciones policiales de Sinaloa por su presunta participación en una conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia los EE.UU. en beneficio de la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa, así como por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Un cargo adicional de secuestro con resultado de muerte recae específicamente sobre Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán de Rosales, vinculado al homicidio de una fuente confidencial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de familiares de la víctima en octubre de 2023.
Además de Rocha Moya y Valenzuela Millán, la acusación señala a Enrique Inzunza Cázarez, actual senador por Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES); Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la FGES; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, sucesor de Almanza Avilés en ese cargo; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán de Rosales.
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Según el expediente, los acusados habrían protegido a los líderes de los Chapitos —facción encabezada por los hijos del exlíder del cártel Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”— contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales; suministrado información de inteligencia policial y militar a la organización criminal; y ordenado a corporaciones como la Policía Estatal de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán la protección de cargamentos de droga. En contrapartida, la acusación afirma que los acusados recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico.
El embajador de los EE.UU. en México, Ron Johnson, emitió el 29 de abril de 2026 una declaración en la que señaló que combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida entre ambos países, y advirtió que la corrupción que facilita el crimen organizado será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción estadounidense. La declaración de la Embajada fue precisamente la fuente de la difusión pública de la información que motivó el anuncio del extrañamiento por parte de la SRE.
