La Fiscalía General de la República (FGR) informó, el 29 de abril de 2026, que inició una investigación para determinar si existen datos de prueba que sustenten la acusación formal presentada por el Gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por Morena, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos a quienes señaló de narcotráfico y delitos relacionados con armas. La institución condicionó cualquier proceso de extradición a la presentación de evidencias suficientes y advirtió que, según su evaluación inicial, la acusación estadounidense no presenta pruebas contundentes.
Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, precisó que la institución analizaría la documentación recibida del Departamento de Estado de EE.UU. para establecer si existen los elementos probatorios necesarios para solicitar a un juez mexicano órdenes de aprehensión. “Esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”, confirmó Lara López ante los medios de comunicación.
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El vocero de la FGR subrayó que la legislación mexicana establece con claridad que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona haya cometido un delito. Asimismo, señaló que el Tratado Bilateral en materia de extradición vigente entre México y EE.UU. dispone que solo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida —en este caso, las mexicanas—, por lo que descartó que pudiera ejecutarse ninguna extradición sin que se cumpla ese requisito.
La FGR también denunció una violación a la confidencialidad del proceso, derivada de la divulgación pública de la investigación por parte de las autoridades estadounidenses. Además, Lara López precisó un elemento procesal clave: en los casos que involucran a gobernadores y senadores en funciones, la legislación mexicana exige iniciar un juicio de procedencia que emita una declaratoria para retirar la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten esos cargos, antes de que pueda ejecutarse cualquier orden de aprehensión.
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El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó el 29 de abril de 2026, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los cargos formales contra Rocha Moya y los nueve funcionarios restantes. Las acusaciones señalan que el gobernador sinaloense habría acordado con los llamados “Los Chapitos” —líderes del Cártel de Sinaloa— protección para sus operaciones de tráfico de drogas a cambio del apoyo del grupo criminal para consolidar su triunfo electoral en la gubernatura de Sinaloa. La Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) participó en la investigación que dio origen a la acusación.
Rocha Moya rechazó los señalamientos mediante declaraciones públicas en las que los calificó como una calumnia. “Este ataque no es solo contra mi persona, sino también a la 4T”, afirmó el mandatario estatal, quien presentó los cargos como un acto de carácter político. Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República, llamó a la calma y recordó que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, a la vez que señaló que corresponde a la FGR determinar si existe algún delito.
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La acusación alcanza también al senador Enrique Inzunza Zazueta, quien igualmente negó los cargos y los enmarcó como un ataque a la corriente política en el poder. En respuesta desde la oposición, el Partido Acción Nacional (PAN) planteó la posibilidad de solicitar la desaparición de poderes en Sinaloa con base en las acusaciones formuladas desde EE.UU., mientras que legisladoras del mismo partido exigieron una investigación objetiva y consecuencias para los responsables en caso de comprobarse los señalamientos.
El desarrollo del caso dependerá, en primer término, del resultado de la investigación interna que la FGR anunció que emprendería de manera paralela a la revisión de la documentación enviada por las autoridades estadounidenses. La institución deberá determinar si la evidencia aportada por el Departamento de Justicia de EE.UU. y la DEA reúne los estándares que exige la legislación mexicana para avanzar hacia solicitudes de orden de aprehensión y, eventualmente, hacia un proceso de extradición formal.
