El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó el 29 de abril de 2026 una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa para distribuir fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense. Horas después de conocerse la acusación, Rocha Moya reveló en entrevista con el canal N+ que se enteró de los señalamientos a través de un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en México, y anunció que no haría más declaraciones al respecto.
La acusación fue desclasificada por Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés). El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla. Según el DOJ, los diez acusados son funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y de las corporaciones de seguridad del estado de Sinaloa, a quienes se imputan cargos por conspiración para la importación de narcóticos y delitos relacionados con el uso de armas de fuego.
Publicidad
Junto a Rocha Moya, la acusación incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez; a Enrique Díaz Vega; a Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES); a Marco Antonio Almanza Avilés y a Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, ambos exjefes de la Policía de Investigación de la FGES; a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; a José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; a Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán de Rosales; y a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán de Rosales. A Valenzuela Millán se le imputan cargos adicionales por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esta, ocurridos en 2023.
La acusación sostiene que el ascenso al poder de Rocha Moya en las elecciones de 2021 fue impulsado directamente por la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, a través de una campaña de intimidación y secuestro de sus rivales políticos. Una vez en el cargo, a partir del 1 de noviembre de 2021, Rocha Moya presuntamente asistió a reuniones con los líderes de dicha facción y garantizó impunidad operativa en el estado a cambio de apoyo financiero y político. El documento señala que el gobernador se aseguró de que la organización criminal pudiera ejercer un control casi total sobre la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la FGES y la Policía Municipal de Culiacán de Rosales. Castro Zaavedra, por su parte, presuntamente recibía pagos mensuales de 11,000 dólares de “Los Chapitos” para alertarlos sobre operativos policiales.
Publicidad
En la entrevista con N+, el gobernador declaró: “Yo me enteré por el comunicado de la Embajada, del gobierno norteamericano”. Al ser cuestionado sobre si había establecido comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Rocha Moya confirmó que sostuvieron una breve conversación y aseguró contar con su respaldo: “Sí claro, por supuesto que sí hay”, afirmó. Respecto a Juan de Dios Gámez Mendívil, también señalado en la acusación, indicó que ambos se reunieron porque tenían un encuentro previamente pautado. Al referirse a los habitantes de Sinaloa, el gobernador les pidió mantener la calma: “El llamado que les hago es que estén tranquilos”. Posteriormente, emitió un mensaje escrito en el que rechazó los señalamientos: “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, afirmó Rocha Moya, quien calificó la acusación como un “ataque” al movimiento político de la Cuarta Transformación y a la soberanía nacional.
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, fue quien anunció públicamente la presentación de los cargos, y sostuvo que la acusación refleja lo que los ciudadanos de ambos países merecen. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó mediante comunicado que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mismas que serán turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), aunque aclaró que los documentos no contienen pruebas anexas. En el ámbito legislativo, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso, Rubén Moreira, señaló que el Estado mexicano tiene que pronunciarse sobre el asunto, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) respaldó que Rocha Moya sea separado del cargo de inmediato.
Publicidad
Todos los acusados, con excepción de Valenzuela Millán, enfrentan penas que van de 40 años hasta cadena perpetua. Para Valenzuela Millán, la acusación prevé una sentencia obligatoria de cadena perpetua. El DOJ precisó que se estima que los diez imputados residen actualmente en México. La acusación se suma a una serie de imputaciones presentadas desde 2023 en el mismo distrito judicial, que en conjunto acumulan más de 30 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
