El administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Terrance Cole, afirmó el 29 de abril de 2026 que los funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa acusados de vínculos con el narcotráfico utilizaron sus posiciones de confianza para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa y facilitar el ingreso de drogas letales a territorio estadounidense.
“Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley”, declaró Cole al anunciar la acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de ese estado por cargos de tráfico de drogas, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como delitos conexos.
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Cole sostuvo que el Cártel de Sinaloa “no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”, y señaló que la acusación “revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses”. El administrador de la DEA también valoró la colaboración de sus contrapartes: “Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas.”
La acusación formal, anunciada conjuntamente por Cole y por Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, detalla que los diez imputados conspiraron con la facción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, conocidos colectivamente como los “Chapitos”, para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia EE.UU. El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla. Se cree que todos los acusados residen actualmente en México.
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Según la DEA, las funciones de los imputados dentro del esquema criminal incluyeron proteger a líderes del cártel de investigaciones, arrestos y enjuiciamientos; proveer información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a operadores del cártel; ordenar a corporaciones policiales estatales y municipales —entre ellas la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE Sinaloa) y la Policía Municipal de Culiacán de Rosales— que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia EE.UU.; y permitir que integrantes del cártel cometieran actos de violencia sin consecuencia alguna. A cambio, los acusados recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Además de Rocha Moya, los otros nueve acusados son Enrique Inzunza Cazárez, senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la FGE Sinaloa —quien presuntamente cobró alrededor de 11,000 dólares mensuales de los Chapitos a cambio de protegerlos y filtrarles información sobre operaciones policiales—; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, también exjefe de esa corporación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, ex subdirector de la Policía del Estado de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán de Rosales; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán de Rosales.
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Valenzuela Millán enfrenta los cargos más graves del grupo. La DEA lo acusa de haber participado, alrededor de octubre de 2023, en el secuestro de una fuente confidencial de la agencia y de un familiar de esta, quienes fueron posteriormente torturados y asesinados bajo la sospecha de cooperar con las autoridades estadounidenses. Por ello, además de los cargos de narcotráfico y armas, Valenzuela Millán enfrenta secuestro con resultado de muerte, delito que conlleva cadena perpetua.
La DEA precisó que esta acusación es la más reciente de una serie presentada en ese distrito desde 2023, mediante la cual se ha imputado a más de 30 miembros y asociados del Cártel de Sinaloa, incluidos integrantes de su cúpula directiva. La investigación fue coordinada por la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones Bilaterales y las oficinas de la agencia en México y en Phoenix, Arizona, con apoyo del Gobierno de México y de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal del Departamento de Justicia de EE.UU. La DEA subrayó que los cargos contenidos en la acusación son alegaciones y que los imputados se presumen inocentes hasta que no se demuestre su culpabilidad.
