La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió el 30 de abril de 2026, desde el Palacio Nacional, a la acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de esa entidad. La mandataria nacional sintetizó la posición del Gobierno de México en tres ejes: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
Sheinbaum Pardo explicó que el 28 de abril de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió diez documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para diez ciudadanos mexicanos. Al día siguiente, el 29 de abril de 2026, la SRE turnó esa información a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación conforme a la legislación mexicana. La presidenta de la República precisó que la divulgación pública de la acusación por parte de las autoridades estadounidenses generó un extrañamiento formal del área jurídica de la SRE, dado que esos procesos son confidenciales según los tratados internacionales en la materia.
La titular del Poder Ejecutivo Federal detalló que la FGR emitió el 29 de abril de 2026 un comunicado en el que estableció que iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria y determinar si existen datos de prueba que sustenten los cargos formulados por las autoridades estadounidenses. Sheinbaum Pardo subrayó que la legislación mexicana señala con claridad que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona haya cometido un delito.
“Desde que asumí la presidencia de México juré hacer respetar la Constitución y las leyes”, declaró la mandataria, quien reiteró su compromiso con el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. En esa misma línea, Sheinbaum Pardo fue categórica respecto a los límites que el Gobierno de México no está dispuesto a cruzar: “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
La presidenta de la República también fijó con claridad la condición bajo la cual el Gobierno actuaría: si la FGR recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación nacional, o bien las obtiene en su propia investigación, deberá proceder conforme a derecho y bajo la jurisdicción mexicana. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó. Sin embargo, advirtió que de no existir pruebas claras, el objetivo de las imputaciones por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. sería político. Sheinbaum Pardo cortó su conferencia mañanera sin abrir espacio a preguntas sobre el tema.






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