El litigante advierte que, ante una respuesta insatisfactoria de la Cancillería, escalaría el caso ante instancias interamericanas de derechos humanos.
La FGR condicionó la extradición a que EE.UU. acredite sus pruebas conforme a la legislación mexicana, mientras la oposición exigió la desaparición de poderes en Sinaloa.
