La Fiscalía también invocó la Ley de Procedimientos para el Manejo de Información Clasificada (CIPA) para restringir el acceso a evidencia sensible sin afectar los derechos del acusado.
El litigante advierte que, ante una respuesta insatisfactoria de la Cancillería, escalaría el caso ante instancias interamericanas de derechos humanos.
La FGR condicionó la extradición a que EE.UU. acredite sus pruebas conforme a la legislación mexicana, mientras la oposición exigió la desaparición de poderes en Sinaloa.
