Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, compareció el 25 de mayo de 2026 ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán y respondió las preguntas formuladas por la agente del Ministerio Público Federal asignada al caso. Tras la diligencia, el funcionario sinaloense anunció que acudirá a cualquier llamado que realice la autoridad investigadora y reafirmó su confianza en el sistema judicial mexicano.
“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, expresó Rocha Moya en un comunicado difundido en la red social X. El gobernador con licencia sostuvo que confía en el Estado de Derecho, respeta a las instituciones de justicia y afirmó que no dejará de luchar para que “la verdad prevalezca”.
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La comparecencia de Rocha Moya ante la FGR tuvo lugar dos días después de que ese organismo confirmara, el 23 de mayo de 2026, que había citado a rendir entrevistas ministeriales al gobernador con licencia y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados en la acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró el 25 de mayo de 2026, en conferencia mañanera en la Ciudad de México, que los citatorios girados por la FGR no implican imputaciones formales sino entrevistas derivadas de investigaciones en curso. “Son procedimientos, no hay imputación, por lo que nos ha dicho la Fiscalía, a nadie, sino es sencillamente entrevistas”, sostuvo la mandataria nacional.
Rocha Moya solicitó licencia temporal el 1 de mayo de 2026, tras la formalización de cargos en su contra por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés). El Congreso estatal aprobó esa licencia con 38 votos a favor, tras lo cual Yeraldine Bonilla Valverde asumió como primera gobernadora interina en la historia de Sinaloa. La acusación del DOJ, presentada ante la jueza federal Katherine Polk Failla y desclasificada por el fiscal Jay Clayton y el director de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance C. Cole, señaló a Rocha Moya de haber sostenido reuniones con los líderes de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” antes de los comicios de junio de 2021, en las que habría prometido proteger las operaciones de ese grupo criminal a cambio de apoyo electoral y cuantiosos sobornos. Los cargos incluyen conspiración para importar y distribuir fentanilo, heroína y cocaína hacia territorio estadounidense, posesión de armamento de grado militar y corrupción institucional, con penas que van desde 50 años de prisión hasta cadena perpetua.
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Rocha Moya había rechazado de manera “categórica y absoluta” las imputaciones en el momento en que fueron dadas a conocer. Su comparecencia ante la FGR ocurre en un contexto de creciente presión institucional y financiera sobre su entorno político. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inmovilizó de manera preventiva las cuentas bancarias del gobernador con licencia desde el 6 de mayo de 2026, medida que las autoridades financieras encuadraron como estrictamente preventiva en el Comunicado No. 39, sin que implicara la acreditación de responsabilidad alguna.
Dos exfuncionarios del Gobierno de Rocha Moya ya se entregaron voluntariamente a las autoridades de EE.UU.: Gerardo Mérida Sánchez, general de División retirado y exsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, ingresó a territorio estadounidense el 11 de mayo de 2026 desde Hermosillo y fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York; y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado, se entregó el 15 del mismo mes y año. Según la acusación del DOJ, Mérida Sánchez recibió sobornos de hasta 100 mil dólares mensuales del grupo “Los Chapitos” a cambio de información sobre operativos contra narcolaboratorios.
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La FGR también citó al senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, señalado en el expediente del DOJ como presunto enlace entre los líderes de “Los Chapitos” —Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, y Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”— y el propio Rocha Moya. Inzunza Cázarez anunció que comparecería sin invocar el fuero constitucional que le corresponde como legislador en funciones. El senador permaneció alejado del Senado de la República desde el inicio de la crisis, aunque su equipo de trabajo siguió asistiendo a su oficina en la Cámara Alta.
Sheinbaum Pardo confirmó el 21 de mayo de 2026 que el Gobierno de EE.UU. activó alertas rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) derivadas de las órdenes de aprehensión emitidas en ese país contra Rocha Moya y los demás nueve señalados, lo que implicaría su posible detención si abandonaran territorio mexicano. La mandataria nacional precisó que el Gobierno de México no tiene obligación legal de mantener vigilancia especial sobre los señalados y que corresponde a la FGR desarrollar sus propias investigaciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió el 5 de mayo de 2026 una nota diplomática al DOJ para solicitar las evidencias que respalden los cargos, al considerar que la solicitud original no contaba con el sustento probatorio exigido por el Artículo 3 del Tratado de Extradición bilateral vigente desde 1980.
