Se manifestaron luego de que el primer acercamiento con la comunidad se realizara en un bar; señalan falta de oficina para trámites, atención limitada, reuniones en grupos reducidos y dudas sobre la acreditación de la cónsul.
Ciudadanos colombianos se manifestaron la tarde del pasado sábado en Tijuana para expresar su inconformidad luego de que el primer acercamiento con la cónsul de Colombia en la ciudad se realizara en un antro, lo que consideraron inapropiado ante las necesidades de la comunidad.
De acuerdo con Paola Morales, activista y directora de la Asociación de Colombianos en Baja California, quien cuenta con 9 años de residencia en Tijuana, la convocatoria a este encuentro generó molestia al tratarse de un espacio nocturno, sin condiciones para atender problemáticas como trámites, seguridad o asesoría consular.
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“No sé cómo puede hablar uno con un cónsul y contarle sus necesidades en una discoteca”, señaló.
Morales indicó que en Baja California existe una comunidad aproximada de 3 mil 500 ciudadanos colombianos distribuidos entre municipios como Tijuana, Playas de Rosarito y Mexicali, lo que, dijo, hace necesaria una representación consular formal en la entidad.
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Añadió que, pese al nombramiento de una representación, no existe una oficina física en la ciudad para realizar trámites, lo que ha generado afectaciones en procesos como la regularización migratoria, así como en la atención a connacionales en casos de detención o situaciones legales, donde se requiere acompañamiento consular.
Indicó que, en ausencia de una representación activa, los connacionales enfrentan estas situaciones sin respaldo institucional.
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Morales acusó a Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, quien funge como cónsul en la ciudad, de no atender de manera adecuada a la comunidad, y añadió que desconocen si cuenta con las facultades formales para ejercer funciones consulares.
Asimismo, señaló que, según su información, la funcionaria no cuenta con acreditación formal para ejercer sus funciones, ya que afirmó que no ha sido presentada oficialmente a través de canales institucionales, sino únicamente en notas periodísticas.
Agregó que, aunque ha habido acercamientos, estos se han realizado en reuniones con grupos reducidos de personas, sin una convocatoria abierta hacia toda la comunidad.
También indicó que la reunión fue convocada en el bar Menealo Night Club, en horario nocturno y en un espacio de entretenimiento, lo que, dijo, no es adecuado para atender las necesidades de la comunidad.
Morales afirmó que la cónsul le habría propuesto desarrollar proyectos para acceder a recursos del programa “Colombia Nos Une”, los cuales, según relató, tendrían que ejercerse antes de que concluya la actual administración del presidente Gustavo Petro, lo que rechazó por considerar que no eran canales adecuados.
A estas problemáticas se suman denuncias de posibles abusos por parte de autoridades migratorias. Javier Cortés, ciudadano colombiano con 10 años de residencia en Tijuana, señaló que en el Aeropuerto Internacional de la ciudad se han documentado casos en los que, durante revisiones, se solicita dinero a connacionales bajo la sospecha de intentar cruzar a Estados Unidos sin pruebas.
“Se ha notado corrupción en esos filtros de migración y les han pedido dinero a familiares colombianos para poder pasar. También los amenazan con deportarlos, aun cuando cuentan con documentos”, afirmó.
Indicó que la falta de acompañamiento consular agrava este tipo de situaciones, al no existir una instancia que oriente o respalde a los ciudadanos ante posibles abusos.
“Nos aprueban un consulado fijo, pero no tenemos oficina, no hay sede, no hay nada. Por eso estamos presentando este derecho de petición para que nos den respuesta, porque nos sentimos burlados”, expresaron
