El legislador afirmó que el hecho forma parte de una serie de incidentes previos y señaló un posible móvil político, mientras autoridades federales implementaron medidas de protección en su domicilio.
Tras denunciar el pasado lunes 20 de abril un presunto “atentado” en contra de su familia en su domicilio en Playas de Tijuana, el diputado federal César Damián Retes responsabilizó por los hechos al presidente municipal, Ismael Burgueño, y a la gobernadora del estado, Marina del Pilar.
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De acuerdo con el legislador, el incidente más reciente ocurrió al mediodía, cuando él se encontraba en la Ciudad de México. Según relató, su esposa le llamó para informarle que un hombre intentó ingresar a su domicilio y agredió a una trabajadora del hogar.
Retes señaló que este hecho se enmarca en otros dos incidentes previos. El primero, registrado en septiembre de 2024 tras las votaciones del Poder Judicial, cuando hombres habrían ingresado a su hogar y dejado manchas de sangre. En ese caso, no se presentó denuncia, ya que las autoridades determinaron que no existía delito.
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El segundo ocurrió en 2025, cuando denunció el retiro de la visa de la gobernadora, hecho que posteriormente vinculó con el robo de su automóvil en la Ciudad de México. Tras el primer incidente, indicó, instaló cámaras de seguridad en su domicilio, las cuales captaron los hechos del pasado domingo.
Ante ello, consideró que existen intenciones de amedrentarlo en el contexto de sus denuncias recientes sobre presuntos actos de corrupción y extorsión en la administración municipal.
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Agregó que, durante el hecho más reciente, un grupo de hombres vigiló su casa durante aproximadamente dos horas a bordo de dos vehículos, cubriéndose el rostro con gorras, antes de ingresar al domicilio y amenazar a su empleada.
“Se dan en un contexto político relacionado con dos hechos anteriores, en medio de la crisis de inseguridad que estamos viviendo en el estado. Se habla de un presunto robo donde no se robaron nada. Se omite en la declaración que da el agresor al final, diciendo: ‘Esta solo es una amenaza. Solo es una advertencia’”, comentó.
Por otra parte, negó las versiones que señalaban el robo de un teléfono celular o la presencia de hombres armados, aunque calificó el hecho como un atentado por el contexto previo y el actuar del sujeto.
Indicó que el hombre sujetó a su empleada y luego se detuvo, por lo que consideró que pudo haberla confundido con su esposa. Añadió que, según su dicho, existen otras líneas de investigación, entre ellas un posible móvil político y la hipótesis de una posible agresión sexual, aunque precisó que será la Fiscalía quien determine los hechos.
Sobre las responsabilidades, precisó que no puede formular una acusación directa contra ninguna persona, pero sostuvo que responsabiliza a la gobernadora y al alcalde en su calidad de servidores públicos encargados de la seguridad pública.
Añadió que sus declaraciones no obedecen a un posicionamiento político, sino al contexto de los hechos, y que su reacción se dio en su carácter de padre y esposo, al actuar en favor de su familia. En ese sentido, consideró que no exagera al calificar lo ocurrido como un atentado, debido a las circunstancias en que se presentaron los hechos.
En cuanto a las acciones legales, comentó que se presentaron tres denuncias derivadas de los hechos por amenazas, allanamiento de morada y posible robo, esta última incorporada por las autoridades como parte de las investigaciones.
Respecto a la respuesta institucional, señaló que no recibió comunicación alguna por parte de la gobernadora ni del alcalde, mientras que la Secretaría de Seguridad Federal advirtió un posible móvil político y desplegó un dispositivo de protección en el domicilio hasta el regreso del legislador a Tijuana.
También indicó que las autoridades estatales estaban más preocupadas por la “batalla mediática” para desacreditar su denuncia, por lo que sostuvo comunicación con el secretario general de Gobierno del estado.
Finalmente, señaló que mantiene comunicación constante con la fiscal general del estado, María Elena Andrade, con quien ha revisado avances del caso y detectado posibles irregularidades en la actuación del primer respondiente.
Asimismo, indicó que se encuentran considerando medidas de protección para su familia, luego de que la presidenta de la Cámara de Diputados le ofreciera mecanismos de seguridad.
