A más de un año de la apertura del Centro de Atención a Repatriados (CARM) Flamingos y a seis años de la inauguración del Centro Integrador para el Migrante (CIM) Carmen Serdán, organizaciones civiles cuestionan si los recursos públicos destinados a ambos proyectos federales corresponden al flujo migratorio que actualmente se registra en Tijuana.
Mientras autoridades federales reportan miles de atenciones brindadas, activistas y especialistas señalaron que las deportaciones masivas anunciadas tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, no se han reflejado en la ciudad como se esperaba y advirtieron una falta de información sobre los recursos destinados a la operación de estos espacios.
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De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación, el centro Flamingos ha atendido a 18 mil 148 personas desde su apertura, el 25 de enero de 2025, y hasta el 27 de mayo de 2026, de las cuales 4 mil 108 corresponden a este año.
Con capacidad para 2 mil 600 personas y una estancia máxima de 48 horas por usuario, esa cifra representa un promedio de 28 atenciones diarias, una afluencia considerablemente menor a la que se contemplaba cuando el inmueble fue habilitado.
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Las cifras de la Secretaría de Bienestar, indican que el CIM atendió a 787 personas durante 2025 y a 99 más durante el primer trimestre de 2026. La diferencia es aún más evidente si se considera que el centro fue habilitado para recibir entre 3 mil y 3 mil 200 personas.
Durante 2025 atendieron a un promedio de poco más de dos atenciones diarias. Durante los primeros tres meses de 2026, la cifra descendió a poco más de una persona por día.
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Cuando el CIM fue inaugurado en 2019, autoridades federales informaron que el inmueble operaría mediante un esquema de arrendamiento con un costo cercano a los 20 mil dólares mensuales. A la fecha no existe información pública actualizada sobre el monto que actualmente se destina a la renta del inmueble, ni sobre los costos de operación. Las autoridades no han informado qué proporción de esos recursos se destina específicamente a la operación del centro en Tijuana.
En el caso de Flamingos, también persisten dudas sobre su operación. Tras la salida de Mónica Vega como encargada del Centro de Atención al Migrante, autoridades estatales y federales no han precisado públicamente quién se encuentra a cargo de la coordinación del albergue. Incluso el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, reconoció recientemente desconocer quién es actualmente el responsable de ese espacio.
Para José María García Lara, director del albergue Juventud 2000, las cifras contrastan con las expectativas planteadas a finales de 2024 e inicios de 2025.
“Definitivamente no se ha dado lo que se esperaba. Se hablaba de deportaciones masivas y de una posible crisis en la frontera, pero la realidad es que no hemos visto esos números en Tijuana”, señaló.
Juventud 2000, mantiene actualmente alrededor de 15 personas y recibe entre uno y cuatro deportados por semana, aunque hay periodos en los que no llega ninguno. Recordó que durante la administración de Joe Biden, registró más de 250 deportados diarios por Tijuana y Mexicali, mientras que meses atrás la cifra había descendido a entre 100 y 150.
García Lara cuestionó que Flamingos únicamente atienda a personas que acrediten su deportación mediante documentación oficial y consideró insuficiente el límite de permanencia de 48 horas, que a su juicio debería ampliarse a entre 15 y 20 días e incluir programas de integración y orientación laboral.
El activista consideró que parte de los recursos destinados a estos centros federales debería redirigirse a los albergues independientes, que enfrentan una situación crítica desde que el Gobierno Federal eliminó en 2019 los fondos que entre 2015 y 2018 se asignaban específicamente para la atención de personas deportadas.
Rafael Alarcón, investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), explicó que parte de los deportados estarían siendo enviados directamente al sur del país, lo que disminuiría su presencia en la frontera norte, aunque advirtió que resulta difícil confirmarlo debido a que el gobierno estadounidense dejó de publicar cifras detalladas sobre deportaciones.
ZETA solicitó entrevistas con autoridades responsables de la operación de ambos centros, así como información sobre los recursos destinados a su funcionamiento. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.
