Ahora que tanto se habla de reformar al Poder Judicial de la Federación, incluyendo en primerísimo lugar a la Suprema Corte, creo que es indispensable hacernos cargo a cabalidad de la dimensión del trabajo que hacen en ese ámbito. Sirve mucho, para lograr tener una radiografía elemental del trabajo judicial federal, acudir a las cifras que nos proporciona año con año el INEGI en el “Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal”.
De acuerdo con esa fuente, el Poder Judicial de la Federación se integra por 1,496 órganos, de los cuales 945 son de carácter jurisdiccional, es decir, que se dedican a resolver casos. Destacan entre ellos 270 tribunales colegiados de circuito, 449 juzgados de distrito y 93 tribunales laborales federales.
En total integran el Poder Judicial de la Federación 54,399 personas (hay que tomar como referencia que 10 años antes eran 40,118). El 74% tiene nivel de estudios de licenciatura, el 7% de maestría y el 1% de doctorado.
En los niveles más altos de responsabilidad hay un sesgo evidente de género. Por ejemplo, el 77.9% de quienes integran los tribunales colegiados de circuito son hombres y solamente el 22.1% son mujeres. También el 63.1% de los titulares de juzgados de distrito son hombres.
El Poder Judicial Federal maneja un presupuesto que alcanza los 77,407 millones de pesos (dicha cantidad era de 39,716 millones de pesos 10 años antes).
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La Suprema Corte, nos dice el INEGI, dictó en el año 2022 un total de 2,520 sentencias, frente a las 6,590 que emitió en 2019.
Los juzgados de distrito dictaron 550,207 sentencias y los tribunales colegiados de circuito 385,866.
Los órganos que se agrupan bajo la estructura del Consejo de la Judicatura Federal resolvieron 1,256,077 asuntos, lo que representa un 17% de aumento respecto del año pasado.
En el año 2022 se recibieron 5,420 denuncias por incumplimiento de obligaciones legales, de las cuales 334 fueron respecto a servidores públicos de la Suprema Corte (casi una diaria). El 72% fueron declaradas improcedentes y solamente el 7,9% dieron como resultado algún tipo de sanción, pero de ellas solamente hubo 7 destituciones. En las Suprema Corte hubo 24 personas sancionadas, dos al mes en promedio.
Dentro del Poder Judicial Federal se encuentra también la Defensoría Pública Federal, la cual cuenta con 3,030 servidores y servidoras públicos. Su presupuesto es de 3,064 millones de pesos y atiende 32,597 asuntos año, en los que intervienen 84,916 personas.
Es muy probable que en los próximos meses esa gran estructura del Estado mexicano sea objeto de modificaciones profundas. Sería deseable y conveniente que la guía para tales reformas sea la información oficial y contrastada, para que sepamos exactamente lo que se debe cambiar o lo que se debe preservar.
Ningún país puede ser democrático sino asegura la existencia de un conjunto de mecanismos que sirvan de contrapeso a los poderes públicos y que sirvan para dirimir los conflictos entre los particulares. Eso es lo que va a estar en juego en la futura reforma judicial.
Miguel Carbonell
Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC
