El 6 de agosto de 2014, ocurrió el más grande y trágico accidente industrial causado por actividades mineras en México. Ese día, la mina Buenavista del Cobre del Grupo México en Sonora (cuyo propietario es Germán Larrea) tuvo un “accidente” en su presa de lixiviados, que derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado contaminando dos ríos: Bacanuchi y Sonora.
La contaminación de los ríos afectó a más de 22 mil pobladores de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.
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Un desastre ambiental tolerado y protegido por el gobierno prianista de Felipe Calderón, que se produjo por negligencia e irresponsabilidad de Minera México y corrupción de las autoridades ambientales que supervisan la mina del Grupo México en el manejo de desechos tóxicos.
Luego del derrame de sulfato de cobre acidulado, la Profepa encontró 55 irregularidades cometidas por la empresa, entre ellas: la negligencia y la obtención de beneficios económicos al reducir costos, al evadir el cumplimiento de las normas ambientales en el manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera, según encontró la organización no gubernamental Poder.
Tras el desastre, calificado como el peor daño ambiental provocado por mineras en México, y tras las afectaciones a los pobladores de las cuencas de los ríos Sonora y Bacanuchi, la empresa se vio obligada a responsabilizarse del daño. Para ello ofreció la creación de un fideicomiso con recursos por dos mil millones de pesos y compromisos para remediar el desastre ambiental, de los pobladores afectados, la provisión de agua limpia y la indemnización en la salud y en sus actividades económicas.
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Dos mil millones de pesos parece mucho dinero, pero insuficiente para afectaciones para más de 23 mil habitantes, que debido a un manejo irregular de sus desechos, provocó la alteración de la vida y consecuencias a la salud. Y tampoco es suficiente presupuesto para uno de los grandes negocios mineros no sólo de México, sino del mundo. Es apenas un detalle en la fortuna de Germán Larrea, dueño de la mina del Grupo México. Según el listado anual de millonarios en el mundo, Germán Larrea -hijo de Jorge Larrea socio y amigo beneficiado con concesiones mineras por el presidente Ávila Camacho- es el segundo hombre más rico de México y aparece entre los 100 hombres más ricos del mundo con una fortuna de 13 mil 300 millones de dólares; así que un fideicomiso de 100 millones de dólares no afecta su fortuna.
Pero la salud y la vida de los miles de afectados no tienen precio. A nueve años del derrame, todos los compromisos han sido incumplidos. Grupo México tiene una deuda pendiente con los afectados por el vertido de 40 millones de sulfato de cobre acidulado.
El desastre ambiental dejó sin agua limpia a los afectados por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi. El responsable del daño, Grupo México, se comprometió a abastecer de agua limpia a los pobladores, y para ello instaló más de 10 mil tinacos “Rotoplas” del primo de Larrea; pero dichos tinacos quedaron vacíos debido a que se incumplió el compromiso de instalar 36 plantas potabilizadoras de agua. En 2023, sólo una planta funciona regularmente; y otras dos de manera intermitente.
Ante la falta de agua potable, los habitantes afectados han tenido que proveerse de agua de garrafón a un costo alto. Según las estimaciones de los Comités de Cuenca, en nueve años cada familia ha gastado hasta 90 mil pesos en agua de garrafones, cuando la indemnización recibida del Grupo México fue de 17 mil pesos.
La atención a la salud ha sido otra demanda incumplida por el Grupo México y por la negligencia cómplice de las agencias ambientales del Estado mexicano. Sólo funciona un módulo de Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora en Ures en tanto que el Centro de Salud que atendería a todos los afectados quedó como un elefante blanco, sin terminar e inservible, según denuncian los afectados.
El desastre ambiental provocado por la mina Buenavista del Cobre del Grupo México es el paradigma de la operación de las actividades mineras en el país, con prácticas que ocasionan frecuentemente desastres ambientales que tienen consecuencias devastadoras en las comunidades donde operan. Por los niveles de afectación y por la impunidad con la que operan, se puede afirmar de una actividad minera criminal, donde caen asesinados activistas ambientales.
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es académico del Instituto Tecnológico de Tijuana.
Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com
