Cuatro de las cinco notarías que retiró el ahora ex gobernador Jaime Bonilla Valdez ya fueron restituidas a sus titulares, y una estaría litigándose en el Tribunal de lo Contencioso, dijo Javier López López, notario público número 27 de Tijuana.
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“Me gustaría decir que le gané a la administración anterior, pero no es mérito, todo mundo le gana”, comentó López López ante integrantes del Colegio de Abogados de Tijuana. Recordó que a mediados de la administración del panista Francisco Vega de Lamadrid se hizo una reforma a la Ley de Notariado que permitió que el titular del Ejecutivo designara a notarios de forma directa a aquellos con patente de aspirantes.
En ese entonces el Colegio de Notarios recriminó que su nombramiento lo hiciera el gobernador a un mes de dejar el cargo. “Eso hizo tanto ruido” que trascendió al gobierno de Bonilla Valdez, quien dijo que “había sido un acto de injusticia” porque muchos aspirantes lo merecían más que él y que por lo tanto la patente se retiraría por haber sido un acto de injusticia.
“Nada más que en las causales de retiro de patente en la Ley no estaba ésa” y por lo tanto retirarla era ilegal. El Juzgado Séptimo de Distrito no encontró ninguna causal para que se le retirara por lo que concedió el amparo presentado por López López, por lo que le fue restituida la Notaría Número 27. Situación similar a la de los otros cuatro amparos promovidos en diferentes Juzgados de Tijuana y Mexicali.
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A decir del entrevistado, López López presentó todos los exámenes que son públicos y “tienes la obligación de presentar tres monografías en términos del reglamento que están muy complicadas hacerlas”. En su caso presentó de las Asociaciones Público Privadas (APPs), la desaparición de testamentos sustituyéndolos con un fideicomiso familiar y el levantamiento del velo corporativo.
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“Muchas personas piensan que es el que esté más cercano al gobernador. Es una interpretación que yo la dejo a las personas que corresponda, no está en mí contestarla”, señaló López López al ser cuestionado sobre la discrecionalidad de la reforma a la Ley hecha en la gestión blanquiazul.
Por otro lado, López López comentó que en Baja California no ha habido extorsiones que obliguen a los notarios públicos a validar compras o actos relacionados con el crimen organizado.
“No percibo eso, ahorita una compra venta reviste de muchas formalidades, debe haber una baja patrimonial, un alta patrimonial en otro haber, se tiene que identificar a las personas fiscales”, se tiene que dar aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otros candados, agregó.
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