Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, contrató como consultor a Juan Sandoval, exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de EE.UU. con base en San Diego, California, antes de entrar en contacto con los “intermediarios” con los que buscó resolver la cancelación de su visa estadounidense y detener posibles investigaciones en su contra, según reveló el 27 de julio de 2026 el columnista Héctor de Mauleón en el diario El Universal, con base en un nuevo audio y capturas de pantalla de conversaciones atribuidas a la mandataria estatal.
El perfil del consultor coincide con el de Juan Carlos Sandoval, exagente encubierto de origen mexicano que trabajó para la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de 2007 a 2013 y que posteriormente, hasta 2023, formó parte de una unidad de élite del FBI dedicada a objetivos prioritarios del narcotráfico. Según la entrevista que concedió a la periodista Anabel Hernández en el podcast ‘Narcosistema’, difundida en noviembre de 2024, Sandoval se infiltró en el Cártel de Sinaloa bajo la identidad falsa de José Luis Cázares, engañó a Víctor Manuel Félix Félix, alias “063”, consuegro de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y su equipo acuñó el término “Los Chapitos” para identificar a la facción encabezada por los hijos del capo sinaloense. Su labor, referida en libros como ‘Cazando al Chapo’ y ‘El Jefe’, contribuyó a las investigaciones que derivaron en la captura del exlíder del cártel. Sandoval es un consultor bien conocido en la frontera norte, cuyas asesorías rondan los 300 mil dólares.
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En el nuevo audio difundido por el columnista, la gobernadora pregunta a uno de los “intermediarios” si ubica a Sandoval y precisa que el consultor “estuvo trabajando en el FBI”. En capturas de pantalla de una conversación fechada en diciembre de 2025, según las fuentes consultadas por De Mauleón, la mandataria bajacaliforniana solicita autorización para compartir el teléfono de su interlocutor con uno de sus asesores y escribe: “Fue agente del FBI. Juan Sandoval. Él está aquí en SD (San Diego) por eso lo contraté”.
En el mismo intercambio, Ávila Olmeda protesta porque una persona no identificada trató el asunto con el “intermediario” y advierte que sus gestiones debían canalizarse mediante sus defensores legales. “Ellos saben que tengo abogados y deberían ver todo esto a través de mis abogados”, reclama, y añade que una de las personas que la asesoraban ya se había puesto en contacto con el interlocutor porque ambos se conocían del FBI, aunque lamenta que el acercamiento no se hiciera “de manera formal” con los litigantes “para que no parezca que estoy buscando otras vías”. En otro pasaje, la gobernadora admite haberse reunido con agentes estadounidenses: “A mí ningún agente de los que hemos visto me había hablado de lo que salió hoy. Y ahora aparece una nueva persona”, escribe.
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Según la información revelada por el columnista, Sandoval se coordinó con Michael Nadler, abogado de la mandataria estatal con sede en Miami, Florida, especialista en delitos de cuello blanco y exfiscal del Distrito Sur de ese estado, y se llevaron a cabo tres reuniones presenciales con agentes estadounidenses para tratar el asunto e iniciar el proceso de cooperación de la gobernadora. Durante uno de esos contactos, a Ávila Olmeda se le propuso entregar al Gobierno de EE.UU. una “proffer letter”, acuerdo escrito mediante el cual se comprometería a proporcionar información que las autoridades de ese país no utilizarían directamente en su contra. El 20 de julio de 2026, el semanario ZETA de Tijuana confirmó que un investigador estadounidense sostuvo reuniones en tres ocasiones con la mandataria y que, según ese medio, “la gobernadora no les ha dado lo que ellos quieren que les dé”.
Las revelaciones contradicen la versión que la propia gobernadora ha sostenido públicamente. Ávila Olmeda declaró que cayó en una trampa tendida por su antecesor y adversario político, el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, y que los “agentes o intermediarios” con los que conversó en los cuatro audios previamente difundidos —ante quienes expresó disposición a cooperar con el Gobierno de EE.UU. y a compartir lo escuchado en las mesas de seguridad que encabeza— eran impostores. Las capturas de pantalla, señaló De Mauleón, prueban que antes de esa supuesta trampa la mandataria ya había tocado puertas para negociar con Estados Unidos y mantuvo abiertas opciones para alcanzar un acuerdo.
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El escándalo estalló el 22 de junio de 2026, cuando el columnista difundió una primera grabación en la que la gobernadora gestionaba un acercamiento con autoridades estadounidenses. El caso escaló el 13 de julio del mismo año con un segundo audio en el que la mandataria, ante el temor de una orden de extradición, afirmó: “Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”, lo que llevó al Partido Acción Nacional (PAN) a exigir su separación del cargo. Una tercera filtración, publicada el día 15 del mismo mes y año, sostuvo que la gobernadora planeaba reunirse con el FBI en Panamá, versión que ella rechazó.
El 14 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, afirmaron en la conferencia matutina que las grabaciones no revelan la entrega de información confidencial ni contienen elementos para iniciar una investigación formal. García Harfuch sostuvo que en los audios “no se infiere que se vaya a dar información confidencial”, mientras la mandataria nacional subrayó que no existe certeza sobre la identidad de los interlocutores de la gobernadora.
Cuatro días después, el 18 de julio de 2026, Ávila Olmeda difundió un mensaje en video en el que aseguró haber sido “víctima de engaño” en un asunto que calificó como estrictamente personal, relacionado con la cancelación de su visa, y sostuvo: “Nunca traicionaría a mi patria”. La gobernadora presentó una cronología de contactos que consideró engañosos, iniciados el 18 de junio de 2025 por mensajería instantánea y culminados el 15 de diciembre del mismo año con una reunión con un supuesto gestor y un supuesto agente. Negó además haber sostenido encuentro alguno en Panamá con autoridades extranjeras.
Al caso se sumó el testimonio de Jaime Martínez Veloz, ex comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, quien reveló el 22 de julio de 2026 que dos hombres que se presentaron como agentes del FBI le aseguraron que el Gobierno estadounidense había decidido ejecutar una “extracción tipo Venezuela” contra la gobernadora, y anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por suplantación de funciones y hechos de seguridad nacional. El político señaló a Bonilla Valdez como el articulador del acercamiento de la mandataria con los presuntos intermediarios y lo calificó como agente informante del FBI.
El origen del conflicto se remonta a mayo de 2025, cuando el Gobierno de EE.UU. revocó las visas de la gobernadora y de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, quien enfrenta una carpeta de investigación en la FGR por presuntos vínculos con el cártel de Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa. La confirmación de que la mandataria contrató a un exagente encubierto de perfil internacional, coordinado con su defensa legal para encauzar reuniones con agencias estadounidenses, traslada el caso del terreno de la supuesta trampa política al de una negociación estructurada, en espera de que se aclare si la “proffer letter” propuesta llegó a concretarse y si la FGR abrirá una indagatoria formal.
