La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó, el 27 de julio de 2026, que las instituciones de procuración de justicia sean utilizadas para perseguir opositores políticos, al referirse al proceso penal que enfrenta Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) integró un expediente con pruebas suficientes respecto a una presunta red de contrabando de combustibles.
Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Palacio Nacional, la titular del Poder Ejecutivo Federal calificó como “absolutamente falso” que la Administración federal emplee el aparato judicial en contra de adversarios partidistas y sostuvo que las indagatorias respondieron a elementos de prueba recabados por las autoridades competentes y no a decisiones con motivación política.
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La mandataria nacional respondió así a los señalamientos formulados por Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), quien afirmó que los procesos penales en México se utilizan para afectar a integrantes de la oposición. Sheinbaum Pardo insistió en que la investigación se desarrolló en el marco de la ley y que corresponderá a las instancias jurisdiccionales determinar las responsabilidades que procedan.
La presidenta de la República precisó que el expediente no se limita al político panista, sino que abarca a al menos ocho personas detenidas por su presunta participación en un esquema de defraudación al Estado mexicano mediante el ingreso ilegal de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal. Ruffo Appel es procesado por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
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“Ahora, tiene que haber pruebas porque es muy fácil acusar, pero construir una carpeta de investigación con las pruebas suficientes para demostrar que hay alguna persona involucrada […] requiere de una investigación muy profunda y de llevar pruebas”, ha sostenido la titular del Poder Ejecutivo Federal respecto al método de integración de este tipo de indagatorias.
En paralelo, Fernando Gómez Mont, defensor de Ruffo Appel, informó que promoverá la modificación de las condiciones de internamiento de su cliente, recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanece en convivencia con internos sentenciados por delincuencia organizada.
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En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, transmitida por la cadena Radio Fórmula, el abogado señaló que el 24 de julio de 2026 visitó al ex gobernador y constató que compartía espacios con Osiel Cárdenas Guillén y Héctor Luis Palma Salazar, alias “El Güero” Palma. “Creo que esto debe ser corregido inmediatamente, pues esto representa un riesgo”, declaró el defensor.
Gómez Mont añadió que el procedimiento ha resultado prolongado por el número de imputados. “Ha sido un proceso muy largo, porque son 8 detenidos, por lo tanto, son ocho defensas, aún no hay una valoración, pero sí queremos que queden asentados nuestros argumentos”, expresó, y precisó que su objetivo es garantizar las condiciones legales, de salud y de trato humano del ex mandatario estatal.
El caso se inscribe en la línea de investigación que el Gobierno Federal ha desarrollado respecto al contrabando de combustibles, la cual derivó, el 7 de septiembre de 2025, en la detención de 14 personas vinculadas con una red que operaba a través de aduanas marítimas del Golfo de México, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR) durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Según las indagatorias de la FGR, esa red pagaba un millón 750 mil pesos por cada buque con combustible ilegal que se permitiera descargar en los recintos fiscales, y uno de los beneficiarios, el capitán Alejandro Torres Joaquín, ex director de la Aduana de Tampico, obtuvo 24 millones de pesos por autorizar el desembarco de 14 embarcaciones.
El fenómeno también ha sido documentado por el Gobierno de Estados Unidos. El 23 de julio de 2025, la Embajada de EE.UU. en México difundió un video en el que describió que grupos criminales, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), trasladaron petróleo robado hacia Texas, lo insertaron en refinerías estadounidenses y lo reintrodujeron al territorio mexicano mediante documentación falsificada y empresas fachada.
El plazo procesal para la investigación complementaria y las resoluciones sobre las condiciones de reclusión definirán el curso del caso, mientras la FGR mantiene abiertas las líneas de indagatoria respecto a los ocho imputados y a la operación de la red de comercialización ilegal de hidrocarburos.
