La Fiscalía General de la República informó que cuenta con dos investigaciones sobre el uso de Pegasus, un software utilizado para espiar a comunicadores y defensores de derechos humanos. Sin embargo, ninguna de las investigaciones se relaciona con el espionaje llevado a cabo en el gobierno federal actual.
El 2 de octubre pasado las organizaciones no gubernamentales Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19, con el apoyo de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, identificaron infecciones del programa informático Pegasus contra dos periodistas, entre ellos Ricardo Rapahel de la Madrid, así como contra Raymundo Vázquez del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ocurridas entre 2019 y 2021.
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En un comunicado, difundido este 16 de octubre de 2022, la FGR detalló que una carpeta de investigación es por peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa por la adquisición del equipo de inteligencia Pegasus, por 456 millones 843 mil 149 pesos, por parte de la entonces Procuraduría General de la República, en el sexenio anterior.
Ello, sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de gastos de seguridad pública y nacional.
La FGR, de Alejandro Gertz Manero, señaló como presunto responsable a Tomás “Z”, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, entre otros servidores públicos.
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“Actualmente se está gestionando la solitud de orden de aprehensión contra quien proceda, así como las pautas para ejercitar acción penal. Por lo que toca al uso de dichos equipos, se estará en posibilidad de ampliar la acción penal por los delitos vinculados por el espionaje ilegal, en el momento procesal en que se obtenga información al respecto”, apuntó.
Una segunda carpeta de investigación fue abierta por la intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de periodistas y defensores de derechos humanos, en la cual el 26 de agosto de 2021, la FGR ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión contra Juan Carlos “N”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones, como coautor material.
“En este caso se solicitó aplicación de la agravante prevista en artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión”.
El 1 de noviembre de 2021, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N” y fue puesto a disposición de la autoridad judicial. El 6 de noviembre de ese año, un juez de Control determinó vincularlo a proceso y le impuso prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones.
En este caso se han presentado las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema “Pegasus” mientras que lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas.
Conforme se vaya obteniendo mayor información al respecto, se dará a conocer, agregó la FGR
