La esposa de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, es acusada de lavado de dinero con base en la intervención de llamadas telefónicas. La mujer internada en el Cefereso 16 en Morelos, se resiste a la toma de su voz para ser cotejada con las grabaciones. Es procesada por la creación de empresas fantasma y la disolución de las mismas en ceros para la organización criminal. En esta frontera le fueron reaseguradas dos fincas en Playas de Tijuana y Jardines de Chapultepec por parte de la FGR
La recaptura de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, trajo consigo una serie de reacciones del propio grupo criminal y la respuesta de las autoridades que hasta el momento mantiene operativos en el municipio de Zapopan con el refuerzo de la Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. La mujer ya se encuentra en el penal de máxima seguridad femenil en el Estado de Morelos, donde un juez de Control le decretó prisión preventiva justificada para que enfrente su proceso.
Publicidad
“La Jefa”, como le llaman al interior de la presunta red de lavado de dinero manejada en su mayoría por mujeres –con apoyo de administradores y contadores-, se encuentra imputada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en las modalidades de adquirir, ocultar y transferir dentro del territorio nacional, recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que provienen de una actividad ilícita. Desde junio de 2018 le fue dictado el auto de vinculación a proceso, reclasificando la imputación inicial que era de delincuencia organizada.
El señalamiento que en su momento realizaron tanto el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Alteración o Falsificación de Moneda (UEIORPIFAM), de la Fiscalía General de la República (FGR), realizara las pesquisas del caso, destaca que Rosalinda y su hija Jessica Johana Oseguera González constituían empresas fachada para realizar el blanqueo de capitales provenientes del CJNG y su brazo financiero, representado por el grupo delincuencial Los Cuinis, hermanos de González Valencia.
La investigación se efectuó principalmente a través de la intervención de comunicaciones privadas autorizada por un juez federal especializado, en al menos tres líneas telefónicas móviles, por medio de las cuales se realizaron una serie de escuchas registradas en la carpeta de investigación C/SEIDO/40-FAI/000409/2018. Aunque no representan datos de prueba contundentes para condenar a la imputada, son parte del cúmulo de indicios que el Ministerio Público federal aportó en la causa penal 244/2018 del índice del Juzgado de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.
Publicidad
Según la indagatoria, Rosalinda González Valencia es identificada como operadora financiera, encargada de llevar a cabo las medidas necesarias de carácter comercial y financiero para lavar los recursos económicos obtenidos por el grupo criminal por la comisión de delitos de contra la salud y demás actividades ilícitas finalidad de la organización, por lo menos desde el 17 de mayo de 2011, cuando presuntamente participó en la constitución en Guadalajara, Jalisco, de una sociedad anónima de la cual es accionista.
El 17 de septiembre de 2015 fue incluida en la lista de traficantes de narcóticos especialmente designados emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en razón de que la empresa es controlada por el CJNG.
González Valencia, que se encontraba libre bajo caución desde el 5 de septiembre de 2018 hasta el 15 de noviembre de 2021, cuando fue recapturada por faltar a firmar el libro de procesadas del Juzgado, ganó un juicio de amparo este año en Tijuana, Baja California, donde posee un par de inmuebles asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR) en 2017. Sin embargo, la protección constitucional le fue otorgada para efectos de que el Ministerio Público Federal dictara una nueva resolución, justificando el motivo y temporalidad de la medida cautelar. El 24 de agosto reciente, las propiedades de Rosalinda fueron reaseguradas por la dependencia federal en los fraccionamientos Playas de Tijuana y Jardines de Chapultepec.
ESCUCHAS TELEFÓNICAS
Con base en la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera, la FGR solicitó la intervención de comunicaciones privadas al Poder Judicial hacia finales de 2016. El Juez Segundo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, concedió la medida de investigación peticionada, ejecutándose la intercepción de llamadas en el periodo del 8 de diciembre de ese año al 8 de marzo de 2017. Al menos fueron tres las líneas de las que los agentes federales se “colgaron” para escuchar a sus interlocutores. Todas operadas por la compañía Telcel.
Al menos doce de cientos de llamadas registradas para establecer identidades, redes de vínculos y movimientos de sospechosos de participar en actividades de lavado de dinero y delincuencia organizada, fueron agregadas para el ejercicio de la acción penal en contra de Rosalinda González Valencia, aunque ninguno de los números y aparatos rastreados estaba asignado a su nombre, según se advierte de la carpeta de investigación; sin embargo, su voz es captada e identificada por la fiscalía.
Entre los telefonemas relevantes para la parte acusadora se menciona la del 13 de diciembre de 2015 entre la imputada y su hija, Jessica Johana Oseguera González, cuyo móvil estaba interceptado, en la que la segunda informa a su madre que ya le dictaron auto de formal prisión a uno de los miembros del cártel y Rosalinda pregunta: “¿Ya le dijeron a aquél?, porque se va a poner…”. El fiscal federal presupone que “aquél” podría tratarse del marido de la mujer, en la persona de Nemesio Oseguera “El Mencho”.
El 14 de diciembre del mismo año fue grabada una llamada entre Reginaldo Allalá Allalá, contador y ex esposo de Jessica, con Rosalinda González Valencia, en la que comentan que deben verificar lo que ocurre con las cuentas bancarias de Bancomer, Banorte, HSBC y otras de sus diversas empresas, “porque las oficinas centrales del SAT (Servicio de Administración Tributaria) se las chuparon”. Con esa acción, refieren, “a un cliente” le congelaron casi 2 millones. La nómina de una de las compañías se estaba pagando con dinero de otra, “pero en efectivo y pidiendo facturas del año 2000”. Mencionan el negocio de las cabañas en Tapalpa.
Otra llamada entre madre e hija fue captada ese 14 de diciembre. Sin mayores aclaraciones, la transcripción refiere: “El Lic. Va a ir a los Juzgados a ver a tu papá. Ay hijo de (sic). Ay hija no sabes por donde estás hablando. Sí, sí”. El 6 de enero de 2016, otra persona que era monitoreada se comunica con Rosalinda para hablar de la empresa Los Famosos y mencionan que deben “reciclarla para operarla como buena”. En la llamada hacen propuestas de eliminar empresas y crear otras para las cuales ya tenían dos “accionistas” de los que requerían sus Registros Federales de Causantes (RFC) y otros documentos, además de firmar una carta poder a Reginaldo para que hiciera los trámites.
Otras llamadas interceptadas no mencionan a González Valencia, pero entre los involucrados hablan más detalles de las compañías y sus movimientos financieros, así como los momentos en que se dan cuenta del bloqueo de sus cuentas bancarias y el intento por abrir nuevas cuentas sin éxito. Por ejemplo, Jessica le pregunta a Reginaldo, el 2 de diciembre de 2015, “si alcanzó para los pagos importantes, indicándole Reginaldo que no, que no importa, que era lo de la renta y el pago de las nóminas, indicándole que estaba pagando en efectivo las facturas, que eso era algo que él no quería, sin embargo, lo estaban haciendo para que al rato no dijeran que se estaba lavando dinero”.
MUESTRA DE VOZ
En diversas comunicaciones intervenidas a finales de 2015, hay una en la que Reginaldo habla con un hombre no identificado, y le dice que tienen “un cheque de caja y que lo retiraron porque bloquearon los correos y no tiene fondos porque la cuenta está congelada”. Otra en la que a Jessica Johana Oseguera pregunta a la voz de un hombre no identificado: “¿Cuánto te cobran a ti por hacer el movimiento de depositarles dinero y te entreguen el dinero ya limpio?, a lo que contesta: “El cinco”, refiriéndose que al 5%.
Ya en enero de 2016, Reginaldo Allalá le pregunta a Jessica; “Necesito saber en qué status está J&P y Mizu, y esas empresas ¿se las pasaste al notario? ¿Qué sabes?”. La hija de “El Mencho” responde que una de sus personas de confianza está viendo lo de J&P, que “las van a escindir”, señalando Reginaldo que él está cobrando, a lo que Jessica refiere que otra de las compañías sea escindida, “que se deshaga de ella, cerrarla y limpiarla”.
En ese mes, Allalá habló con otro varón de las posibilidades de “cambiar el RFC a una persona moral”. Reginaldo comenta: “Las que te dije la otra vez, de las que nos congelaron las cuentas y son las que nos ligaron con lavado de dinero y el CJNG”.
Con base en las diversas llamadas, donde se escucha la supuesta voz de Rosalinda González y las que no, el Ministerio Público federal sustenta la imputación de que la michoacana recibía recursos provenientes de actividades ilícitas para luego constituir y liquidar diversas empresas para dejarlas en ceros, con la finalidad de ocultar el origen ilícito de esos recursos, así como transferir los activos recibidos en una cuenta de Banorte a otras cuentas con el mismo objetivo, razón por la cual la OFAC estadounidense las ingresó en su listado de personas bloqueadas y que también el CISEN y la UIF las reportó como vinculadas al CJNG.
Tras su detención en 2018, Rosalinda González Valencia declaró que el 27 de mayo de 2011 -fecha a la que se remonta la imputación- ella tenía un terreno, que sembraba maíz e inició un trámite para adquirir un crédito, pues deseaba adquirir un tractor y constituir una empresa de carácter agropecuario dirigida solamente por mujeres. Sin embargo, no recibió el apoyo solicitado y la compañía que formó, no realizó ningún acto de comercio.
Agregó que estudió hasta el sexto año de primaria, que se dedica al hogar y a sus nietos, con un ingreso mensual de 35 mil pesos. Dato determinante para que el juzgador le dictara el auto de vinculación a proceso, porque cómo una mujer dedicada al hogar ingresaba 35 mil pesos y era coautora de movimientos financieros millonarios.
Los abogados de Rosalinda han alegado que las escuchas presentadas como dato de prueba no quieren decir nada, y, además, la inculpada niega que se trate de su voz. Por lo anterior, dentro del proceso penal, el Ministerio Público federal solicitó la toma de muestra de la voz de González Valencia, prueba que la jueza de Control autorizó con la intención de que se compare el sonido y lenguaje de la mujer con las conversaciones que forman parte de la indagatoria. Este hecho llevó a la esposa de “El Mencho” a promover un juicio de amparo en el Estado de Morelos, pero un juez federal le negó la protección al considerar que no se trataba de actos de irremediable reparación. El fallo fue confirmado por un Tribunal Colegiado.
PROPIEDADES EN TIJUANA
En Tijuana, apenas el 24 de agosto último, la FGR reaseguró dos inmuebles propiedad de Rosalinda González Valencia, hecho que ya fue notificado al Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Baja California. En esta misma frontera existen otros domicilios asegurados desde hace cuatro años a las hijas de la imputada y de Nemesio Oseguera: Jessica Johana y Laisha Michelle Oseguera González.
En el caso de González Valencia, se trata de los inmuebles ubicados en la calle Pedernal número 1283, manzana 93, lote 8, Sección Jardines del fraccionamiento Playas de Tijuana, Código Postal 22500; y en la calle Encino número 10723, manzana 11, lote 27, Fraccionamiento Jardines de Chapultepec, en la Zona Centro de Tijuana. Ambas fincas ya habían sido aseguradas en agosto de 2017 por la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la FGR, dentro de la averiguación previa AP/PGR/UEAF/039/2015, iniciada después del aviso del Departamento del Tesoro norteamericano al gobierno mexicano.
El inmueble de Playas de Tijuana fue adquirido en su totalidad por Rosalinda González hace 22 años, a un matrimonio de apellido Pérez Martínez por 802 mil 352 pesos. De acuerdo con la escritura pública 46,689 -de fecha 9 de septiembre de 1999-, la compraventa fue por un predio urbanizado con superficie de 250 metros cuadrados. Mientras que el contrato de compraventa de la casa de Jardines de Chapultepec, de 225 metros cuadrados, fue inscrito en el RPPC en Tijuana el 28 de noviembre de 2013, sin que se conozca el valor de esa propiedad.
Rosalinda González Valencia ganó un amparo en su intento por recuperar ambos inmuebles en sentencia del juicio de garantías el 21 de enero de 2020, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales de Tijuana, el cual estimó que el Ministerio Público federal abusaba del acto de aseguramiento, “medida de carácter provisional o transitoria que limita la propiedad, por cuanto a que no se puede disponer del bien, sino hasta en tanto se determine que se han agotado los fines del procedimiento penal instruido”.
Es decir, el juez estimó que, de la fecha del aseguramiento de los inmuebles al tiempo transcurrido durante el juicio de amparo, la FGR no había resuelto si las propiedades inmovilizadas eran o no producto de algún delito y tampoco se les había dado un destino. La concesión del amparo fue para efecto de que el MP federal dejara insubsistente el acto reclamado y dictara una nueva determinación en la que justificara las razones para mantener aseguradas las propiedades de la quejosa y la temporalidad que tendría la medida cautelar.
El asunto se fue a revisión al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, que el 27 de mayo de 2021 decidió confirmar el amparo concedido. Al exigirse el cumplimiento del fallo, el Ministerio Público federal dejó sin efecto su determinación de 2017 y dictó una nueva en el mismo sentido de decretar el aseguramiento precautorio de las referidas propiedades de Rosalinda, quien, a través de sus abogados, ya promovió un nuevo juicio de amparo en el mismo Juzgado Quinto federal especializado en Tijuana.
