Integrantes del Frente Único de Lucha de Baja California se manifestaron la mañana del miércoles 26 de abril frente a las oficinas centrales de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), en contra de los cobros excesivos y la embestida en la suspensión del servicio de agua a través de la colocación de reductores.
De acuerdo a información proporcionada por la paraestatal, al mes se instalan 25 mil reductores, de 5 mil que en 2016 eran colocados a usuarios con más de 3 meses de morosidad.
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El profesor Marco Antonio Pacheco, integrante del Frente, señaló a ZETA que los reductores empleados por la CESPT son inhumanos al no garantizar los 50 litros que requiere cada persona diariamente para su uso personal y doméstico, por lo que se estaría incurriendo en la ilegalidad de negar el suministro de agua potable.
Los manifestantes señalaron que en Baja California y el resto del país se lucra con un recurso cuyo acceso está reconocido como derecho humano y exigieron una audiencia con el director de la dependencia, Miguel Lemus Zendejas, para presentarle un pliego petitorio.
José Ángel Peñaflor, abogado de los manifestantes, comentó que otro de los puntos en el pliego es exigir a la CESPT que cuente con formatos ya hechos para que los usuarios puedan presentar inconformidades ante cobros excesivos, así como pedir amnistías fiscales para cuentas que son impagables.
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Los quejosos fueron atendidos por Luis Alfonso Torres, jefe de la Unidad de Planeación y Luis Fernando Contreras, Subdirector de Atención a Usuarios y Comercial, quienes aseguraron que no se cobra por el agua, sino por el servicio de llevarla hasta los hogares de los usuarios, de lo que, afirmaron, la paraestatal no obtiene utilidades.
Se comprometieron a revisar este mismo día las quejas por adeudos excesivos urgentes y a dar contestación al pliego petitorio en un plazo de 3 días hábiles.
