Este año, la marcha de familiares en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada externó sus inconformidades hacia el aparato gubernamental en Baja California Sur.
Bares y centros nocturnos, venta de pescado y mariscos, y ahora también las tiendas de autoservicio que tienen a la venta bebidas embriagantes y cigarros, son las principales presas de delincuentes dedicados a la extorsión. Así lo externaron empresarios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) La Paz.
Mientras en otros estados, miembros del crimen organizado bajan a familias de sus autos para prenderles fuego, en La Paz los bajan de los vehículos, los queman y torturan.
Aunque aseguró públicamente haber cerrado capítulo con el Obispo de Baja California Sur, Monseñor Miguel Ángel Alba Díaz, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, respondió a los señalamientos recientes que hizo el líder de la iglesia católica a los gobiernos que no han sabido contener el tema de la inseguridad
El gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, aseguró que ya se han instalado mesas de diálogo con líderes de cámaras para discutir y analizar la iniciativa que busca recortar presupuesto a las campañas que ofertan a Baja California Sur como destino turístico a nivel nacional e internacional; sin embargo, el sector empresarial niega que la apertura por parte las autoridades sea una realidad.
El 29 de julio, miembros de la Mesa de Seguridad Estatal revelaron la captura de Jorge Alfredo Romero Hernández alias “El Chef” de 36 años, imputado por el asesinato de Carlos Alonso Martínez Pinto “El Bebeto”, de 27, ocurrido hace seis años en un restaurante del Malecón de La Paz.
“En realidad sí temo que vayan a tomar alguna otra represalia, en vista de que me he defendido de una manera; pues bien, no he dejado que vulneren mis derechos humanos”, reconoció el periodista Diego Soto, director del portal Tres Seis Cinco Mx.
En los primeros diez meses de gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío, Baja California Sur suma más de 2 mil millones de pesos en empréstitos para sobrellevar su funcionamiento.
El 2 de julio, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron un operativo supuestamente para asegurar producto marino en veda. La movilización se hizo de manera silenciosa entre elementos de la Policía Municipal de La Paz y agentes federales.