Pasadas las dos de la tarde del 10 de abril, vecinos de la colonia Península Sur y El Progreso Vivah, en el municipio de La Paz, reportaron un operativo inusual en las calles Kotajua y avenida del Mezquite: un domicilio estaba rodeado por policías y efectivos de la Secretaría de Marina en funciones de Policía Estatal.
Para las fuerzas de seguridad y miembros de la Mesa de Seguridad de Baja California Sur, se trata de elementos adscritos a la unidad de inteligencia denominada Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, al mando de Luis Alfredo Cancino Vicente.
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En esta ocasión son los vecinos de los alrededores los que denuncian abuso policial, y no sólo las víctimas, los testigos y los mismos oficiales civiles cansados de los abusos de parte de los elementos federales en funciones de guardia nacional
“Todos los vecinos son testigos de cómo estaba siendo golpeado; no pensamos ni tantito en que haya hecho algo malo, pero no son las formas, o sea que esa es la manera de ejercer la justicia. No para nada, por algo existe el orden, si no, fuéramos animales; y así es como lo trataron, sólo se escuchaban los gritos y nosotros como vecinos también con todo el miedo. En verdad no puede ser que esto esté pasando en La Paz, en pleno siglo XXI; para eso queríamos a los militares en las calles, para eso les entregamos el poder de cuidarnos y justiciarnos”, denunciaron vecinos de la zona.
Cerca de las 2:30 de la tarde de ese miércoles, periodistas trataron de acercarse a conocer los hechos, pero, una cuadra antes, fueron abordados por elementos militares con uniforme de la Policía Estatal; por más que dialogaron con el oficial no dejó pasar a nadie. Al fondo se apreciaba a una patrulla metida en la cochera de una casa de reversa y elementos con uniforme de Policías y Marinos dispersos por toda la calle.
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En una grabación recibida por ZETA, se observa a al menos tres masculinos al fondo, siendo golpeados por elementos de la Marina; la grabación se hizo mediante un espejo retrovisor y se aprecia a los masculinos civiles recargados sobre un automóvil de color rojo, mientras tres marinos y un policía estatal los golpean.
A puñetazos y patadas, los efectivos levantan a uno de los detenidos y lo azotan contra el auto, al mismo tiempo que le sueltan un izquierdazo al rostro y lo golpean constantemente con el antebrazo. Así estuvieron algunos segundos, golpeando en repetidas ocasiones entre dos marinos a los civiles.
Se observa a los tres detenidos con las manos en la nuca, uno de ellos sin camisa, otro más con playera de color azul marino y un tercero, con playera camuflajeada.
Esa misma tarde, unas horas después de la grabación en la colonia El Progreso Vivah, a las 4:30 de la tarde, fueron reportados dos masculinos a la altura del campo de tiro Gavilanes en la carretera La Paz-Los Planes; habían sido avistados dos hombres caminando esposados y aparentemente golpeados, éste fue el reporte oficial.
“Se nos comunica por parte de la central de Radio, que por medio de reporte ciudadano no manifestando generales, que en la carretera con dirección a la delegación de Los Planes, a la altura del Campo de Tiro Club Gavilanes. Observó a dos personas de apariencia masculina, las cuales iban caminando con dirección a la ciudad de La Paz, y ambas personas las observaron esposadas de las manos. Se realizó una extensa búsqueda por la carretera, así como brechas aledañas del lugar reportado, siendo nula la localización de las dos personas reportadas”, indicaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz a bordo de la unidad SPM-231, encargados del Sector 9.
Los dos hombres que habían sido reportados caminando por la carretera esposados, ya se encontraban bajo atención médica en el Hospital de Especialidades Juan María de Salvatierra y con un dispositivo de seguridad para resguardar a los dos lesionados, mismos que fueron trasladados por una persona que pasaba por el sitio.
“Las personas estaban sumamente golpeadas e ingresaron por ahí de las 6:40 de la tarde, fueron trasladados por un particular que no quiso brindar mayores datos al dejar a las dos personas; los masculinos se encontraban estables, en código amarillo pero muy golpeados. Se requirió apoyo para resguardar el hospital”, confirmaron los elementos que atendieron como primer respondiente.
Respecto a las agresiones, al ser cuestionadas por el Agente del Ministerio Público, las dos personas se negaron a brindar mayores detalles; solamente dijeron encontrarse bien y no recordar cómo les había pasado la golpiza, y mucho menos saber quiénes los habían esposado.
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal confirmaron que los dos hombres estaban golpeados; y que también se utilizó una tabla con la que les pegaron en múltiples ocasiones, pero dijeron no saber nada.
“Instamos a los lesionados a denunciar, incluso se habló con los familiares para que los convencieran de denunciar los hechos y poder tener una herramienta para actuar, pero no quisieron; también les informamos que como familiares directos, ellos podrían interponer un mecanismo para vigilancia y también para ordenar que los agresores se mantengan alejados de ellos, pero quedaron en tratar de convencerlos para denunciar los hechos y actuar de inmediato. Pero sí nos brindaron más detalles los vecinos, de dónde los sacaron; dicen que fueron oficiales y militares, pero si las víctimas no quieren denunciar difícilmente hay caso que perseguir”, comentó el Agente Estatal de Investigación.
Las imágenes filtradas del grupo GOT de la Estatal no es casualidad. Desde hace algunos meses se ha denunciado la intervención con uso de la fuerza por parte de oficiales civiles y militares, algunos incluso sin portar uniformes oficiales.
“Hay demasiadas quejas ya, de la forma violenta en que está operando cierta ala de la Policía Estatal, el inconveniente aquí es desestabilización que se propone, porque en un ataque frontal que están ideando, están omitiendo todo procedimiento y actuar con legalidad, menos oportunidad de ejecutar la justicia nos está dejando; sólo están haciendo justicia por propia mano y esto va a estallar en algún momento. Sabemos que ya se están preparando y eso nos da temor en que vaya a haber algún enfrentamiento”, dijo a ZETA uno de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El video en el que se ve claramente a los efectivos de la Marina enlistados en funciones como Policías Estatales, fue filtrado por los propios elementos de la Estatal Preventiva, quienes se dijeron cansados de los abusos de los mandos y de este grupo de operaciones que tiene mayormente las preferencias internamente.
La respuesta de los agentes de la Policía Estatal fue inmediata; comentarios como “te dije que iba a pasar”, “basta de abusos” y “queremos que dejen el uniforme”, fueron algunas opiniones acerca de la ola de abusos del llamado grupo GOT.
“Es una vergüenza para la corporación, ni nosotros mismos abusamos del uniforme; el caso es que estos señores se sienten amos y dueños de la Estatal, nos han desplazado: usan nuestras patrullas, nuestros uniformes, les pagan de nuestros recursos (además cobran como marinos), piden viáticos de la estatal, están comisionados y cobran doble, entonces, ya se están convirtiendo es una plaga, nos están poniendo en mal. Están armando un pleito con los malandros y sin siquiera ser responsables, pero por amor al uniforme, vamos a entrarle, porque es nuestra insignia; pero ojalá que está gente sea expulsada… Así no”, detalló el agente de la Policía Estatal.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2024 delata a La Paz con un incremento de percepción de inseguridad de diciembre del 2023 a marzo del 2024 de un 35.7 por ciento; además, el 86.4 por ciento de los habitantes le tienen mayor confianza a la Marina y sólo el 56.1 por ciento a la Policía Estatal.
“Los protocolos no son los correctos, y no estamos de acuerdo en la forma de actuar, la Mesa de Seguridad ha estado enterada desde un inicio y no han procedido. ¿Cómo proceder? Bueno, en primera instancia bajándolos de las patrullas estatales, porque son efectivos militares; y segunda, abriendo procesos administrativos y hasta penales en contra de quienes utilizan la tortura como medio de sometimiento a los presuntos criminales. ¿Cómo aplicarles la justicia si se les están violentando 100 por ciento sus derechos? Y no es que nosotros lo digamos; las evidencias son demasiado contundentes, pero nos tienen detenidos en la ejecución de procedimientos”, añadió el Agente Estatal de Investigación.
MAESTROS EN LA MIRA
Durante el primer trimestre del 2024 el aumento de denuncias por amenazas incrementó un ocho por ciento a comparación del mismo periodo de tiempo, pero de 2023, y la incidencia sigue en aumento.
En la reciente movilización de maestros en La Paz, en el que profesores y trabajadores administrativos exigieron mejoras en materia laboral, el pago del 100 por ciento de los quinquenios y el compromiso que hizo el Gobierno del Estado de brindar plazas a maestros compensados, los propios trabajadores de la educación dieron cuenta de amenazas contra ellos por manifestarse.
“Por lo menos aquí ya van dos ocasiones en las que hemos recibido amenazas”, denunció Armando Duarte Sánchez, manifestante y director de la primaria Hugo César Piñeda Chacón.
Los trabajadores de la educación explican que han recibido amenazas de muerte, de dañar a ellos y sus familias en caso de continuar con las movilizaciones que se han sostenido desde la primera semana de abril a la fecha.
El número (661) 850-48-12, se trata de una línea sin historial y recién comprado, a decir de las propias autoridades dedicadas a la investigación y del área cibernética de la PGJE, por lo que se trataría de un teléfono desechable y que estaría siendo utilizado para amedrentar a los maestros; no descartaron que sea incluso algún servidor público de seguridad pública.
“Se han estado recibiendo amenazas vía telefónica, por parte de algunos grupos que han amenazado directamente algunos de los colaboradores, a un compañero; incluso el día jueves en el Palacio de Gobierno uno de los de la puerta también hizo una amenaza directa a un compañero y hay testigos; o sea, no estaba solo, estaba él en la puerta y recibió la amenaza, en donde uno de los trabajadores del Gobierno del Estado le dijo ‘vamos a ir por las cabezas de los líderes’, que no sé qué, entonces creo que este tipo de situaciones, este tipo de reprimenda, de querer dar miedo, no creo que estemos en los gobiernos anteriores, de los que tanto se quejó el gobernador en su momento”, lanzó Armando Duarte.
Lamentó que el Gobierno del Estado esté empeñado en reprimir las manifestaciones y que imprima una campaña de miedo; también llamó al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío a responder con diálogo a los maestros, pues le recuerdan que él es un profesor y debería ponerse en su lugar.
La denuncia por amenazas en contra de maestros se puso este martes 23 de abril, en contra de quien o quienes resulten responsables:
“En el caso de un colaborador sí, un colaborador, compañero trabajador de la educación la recibió directamente hacia él, hacia su familia; creo yo que no es justo, pues no es justo que ahora aparte de no tener quinquenios, también el profesor tenga que estar preocupado por su integridad. Entonces el llamado también a las autoridades a hacer una investigación sobre esto, porque no puede quedar así”, explicó Duarte.
Además siguen indagando acerca del servidor público que los amenazó en las mismas instalaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas en el Gobierno del Estado.
Los maestros dijeron que seguirán en las manifestaciones, porque no se trata de una organización sindical o de representación la que está comandando las manifestaciones, sino los mismos maestros inconformes, a quienes no se les han opacado los adeudos o quienes no tienen una plaza laboral o una seguridad médica decente.
“Señalamos a la persona que amenazó al compañero ahí en la puerta de la entrada del Palacio de Gobierno; ellos nos decían que sí sabían quién era, que no sé qué. Quisimos pedir hasta el nombre del trabajador y no nos lo quisieron dar, que por derecho; y por el código de ética de los trabajadores de Baja California Sur ellos están obligados a darnos su nombre… no nos lo quisieron dar. Queríamos el nombre para hacer la denuncia correspondiente, porque no es justo que un trabajador del gobierno esté amenazando a los compañeros; eso va en contra el código de ética de los trabajadores de Baja California Sur”, finalizó el manifestante y director de la primaria.
Por último, dijeron que han tomado medidas como evitar llamadas y mensajes de números desconocidos para no tener un sólo contacto que les genere miedo al realizar una movilización.
