Inzunza Cázarez, con más de 25 años en el Poder Judicial de Sinaloa, vincula las acusaciones a su defensa de la soberanía nacional ante presencia de agentes de la CIA en México.
La SRE y la FGR revisaron la solicitud del DOJ y determinaron que carece de pruebas suficientes para actuar conforme al sistema penal acusatorio mexicano.
La FGR condicionó la extradición a que EE.UU. acredite sus pruebas conforme a la legislación mexicana, mientras la oposición exigió la desaparición de poderes en Sinaloa.
La SRE envió un extrañamiento a la Embajada de EE.UU. por revelar públicamente las solicitudes de extradición, en violación a tratados de confidencialidad.
La gobernadora panista de Chihuahua declinó comparecer ante el Senado y enfrenta acusaciones de pretender conducir ella misma la investigación del caso.
El dirigente del PAN, Jorge Romero, confirmó que Campos comparecerá ante el Senado el 28 de abril y anticipó que planea confrontar a Morena con los resultados de seguridad en Chihuahua.
