La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que la indagatoria sobre la participación de dos presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, no concluirá con la dimisión del Fiscal General estatal, César Jáuregui Moreno, quien presentó su renuncia el 27 de abril de 2026 tras reconocer “omisiones” e “inconsistencias” en su dependencia respecto a la presencia de extranjeros en dicho operativo.
“No es que haya renunciado ya un servidor público y ahí se termina todo. El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad. Entonces, que se hagan todas las investigaciones”, declaró la titular del Poder Ejecutivo Federal en su conferencia mañanera del 28 de abril de 2026 en Palacio Nacional. Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva ya el caso como una investigación formal, por lo que el proceso continuará con independencia de los cambios en la fiscalía chihuahuense.
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Jáuregui Moreno, quien asumió el cargo en enero de 2023, señaló que ningún subordinado le informó que entre el 17 y el 19 de abril de 2026 agentes estadounidenses estuvieron presentes en el operativo que resultó en el aseguramiento de seis narcolaboratorios en la Sierra Tarahumara. En su carta de renuncia, dirigida a la gobernadora María Eugenia Campos, el funcionario admitió que “hubo omisiones, tanto en la información como en la gestión institucional, respecto de los puntos de contacto con dichas personas”, lo que, a su juicio, vulneró los mecanismos de control bajo su responsabilidad. “Por congruencia con mi trayectoria y mis convicciones, entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo”, precisó.
Minutos antes de que Jáuregui Moreno hiciera pública su renuncia, la fiscal Wendy Chávez, titular de la unidad especial creada para esclarecer el operativo, identificó a Pedro Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), como el responsable de incorporar a los agentes extranjeros al convoy sin reportarlo a mandos superiores. Chávez indicó que los presuntos integrantes de la CIA —dos de los cuales fallecieron junto con un agente ministerial en un accidente automovilístico el 19 de abril de 2026, horas después del operativo— aparentemente colaboraban de manera extraoficial en la zona desde el 16 de ese mismo mes y solo interactuaron con Oseguera y elementos de su escolta. “Existen elementos en la investigación que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión en las siguientes etapas de la investigación”, afirmó la funcionaria. Rechazó que los agentes señalados hubieran estado presentes en reuniones de ministeriales con mandos del Ejército Mexicano en Guachochi previas al operativo.
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En el ámbito legislativo federal, la bancada de Morena en el Senado de la República anticipó el 28 de abril de 2026 que, de no presentarse Campos a la cita convocada por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia a las 11:00 horas de ese martes, analizaría la posibilidad de dar vista a la FGR por la presunta violación a la soberanía nacional. El senador Saúl Monreal, secretario de la Comisión de Justicia, explicó que su bancada esperaría a confirmar la ausencia de la gobernadora para determinar los siguientes pasos. “No podemos permitir que quede impune un acto tan grave como fue la injerencia de agentes de la CIA en territorio mexicano en operativos, porque eso vulnera nuestra soberanía y nuestra Constitución”, sostuvo Monreal. Fuentes de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) indicaron esa misma mañana que Campos no asistiría a la cita.
La mandataria nacional subrayó en Palacio Nacional que el eje rector de su postura en el caso es la defensa de la soberanía. “Lo que nos importa es la defensa de la soberanía, de la Constitución y de la ley de Seguridad Nacional. Lo más importante para nosotros es el respeto a la soberanía de cualquier mexicano y de cualquier Gobierno”, enfatizó Sheinbaum Pardo.
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El caso adquirió una dimensión internacional adicional a raíz de un reportaje publicado el 27 de abril de 2026 por el diario The Wall Street Journal, en el que se sostiene que las concesiones de la presidenta de la República a su homólogo estadounidense Donald Trump comienzan a generar fricciones en su base política. El diario señaló que, ante la muerte de los dos presuntos funcionarios de la CIA en Chihuahua, Sheinbaum Pardo reaccionó con cautela: envió una nota diplomática y solicitó información a Washington. Sin embargo, la vocera presidencial de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, consideró insuficiente la respuesta y sugirió que mostrar mayor empatía por los agentes fallecidos “sería muy beneficioso”. El rotativo describió un patrón en la relación bilateral en el que, según sus términos, “cada vez que Sheinbaum le daba un poco de margen a Trump, él le exigía mucho más”.
Alejandro Werner, exsubsecretario de Hacienda de México y exdirector de la unidad del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), citado por The Wall Street Journal, afirmó que la mandataria “siente que nada le ha funcionado” y que “la economía no despega, la percepción de seguridad es débil y, políticamente, todavía no parece tener el control”. Asesores de Sheinbaum Pardo, según el diario, defienden ante críticos internos que las concesiones a la administración Trump son una estrategia calculada para evitar una acción militar unilateral contra los cárteles en suelo mexicano y para mantener a México como el país con los aranceles más bajos dentro de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La FGR deberá determinar en las próximas semanas el alcance de su intervención en la investigación, mientras el Senado evalúa las acciones legislativas procedentes ante la eventual ausencia de la gobernadora Campos. La presidenta de la República reiteró que el esclarecimiento del caso es una exigencia no solo del Gobierno Federal, sino del conjunto de la ciudadanía mexicana.
