La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descalificó, el 30 de abril de 2026, las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios sinaloenses acusados de proteger al Cártel de Sinaloa para traficar drogas y armas hacia EE.UU., al calificarlas de insuficientes e inválidas conforme a la legislación mexicana. La mandataria advirtió que, de no existir evidencia sólida, las imputaciones tienen un carácter político.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo exhibió frente a las cámaras la fotografía de un papel con letras y números escritos a mano, que el DOJ presentó como prueba de presuntos sobornos. “Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba: ‘Juanito, 30 mil pesos’. Digo, al menos es de llamar la atención. Es una hoja de papel”, afirmó la presidenta de la República. La mandataria cuestionó que la acusación se sustente en testimonios de testigos cuya identidad se desconoce y en documentos que no cumplen con los estándares del sistema acusatorio mexicano.
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Sheinbaum Pardo sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la obligación de investigar el caso y, de encontrar elementos constitutivos de un delito, proceder conforme al derecho mexicano. “Si la FGR recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, leyó desde un posicionamiento oficial. Precisó que la FGR, a través de su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, deberá analizar la documentación recibida para establecer si existen los elementos probatorios necesarios para solicitar, en su caso, órdenes de aprehensión.
La mandataria reiteró que el Gobierno no encubrirá a nadie que haya cometido un delito, pero estableció que tampoco actuará sin evidencia suficiente. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del DOJ es político”, señaló. Subrayó que cualquier actuación debe apegarse a la Constitución y a los tratados internacionales, pero siempre bajo jurisdicción nacional y en defensa de la soberanía mexicana.
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Para ilustrar la exigencia de pruebas en casos similares, la titular del Poder Ejecutivo Federal rememoró el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda. “La Fiscalía pidió pruebas, se analizaron y no tenían sustento. Tan es así que regresa el general y es liberado porque no había pruebas”, afirmó. Sheinbaum Pardo insistió en que la ausencia de evidencia sólida abre cuestionamientos sobre la motivación de las acusaciones: “Si esas pruebas no están, la pregunta es ¿cuál es la motivación?”.
El Gobierno de Donald John Trump, presidente de Estados Unidos, solicitó el 28 de abril de 2026 la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de su entorno cercano, entre ellos el senador por Sinaloa Enrique Inzunza Zazueta. La petición, remitida a la Cancillería mexicana, fue difundida públicamente el 29 de abril del mismo mes y año. Según el expediente presentado ante la corte estadounidense el 23 de abril del mismo mes y año, los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos.
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En particular, EE.UU. acusa a Rocha Moya de haberse reunido en junio de 2021 con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, conocidos colectivamente como “Los Chapitos” e hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, para garantizar el apoyo del Cártel de Sinaloa en su campaña por la gubernatura de Sinaloa. Según la acusación, dicho respaldo incluyó la intimidación a otros candidatos y el robo de boletas electorales. Con estas imputaciones, Rocha Moya se convirtió en el primer gobernador en funciones en México acusado en EE.UU. por estos delitos, un hecho que la propia Sheinbaum Pardo calificó de inédito: “Nunca en la historia había ocurrido algo así”.
Desde el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), exigió que cualquier solicitud de extradición esté debidamente sustentada. “No basta el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico; se requieren solicitudes formales, debidamente fundadas y acompañadas de elementos de prueba suficientes”, sostuvo mediante un posicionamiento. Mier Velazco afirmó que toda solicitud en materia de extradición debe atenderse conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes aplicables y los instrumentos internacionales suscritos por el país, incluyendo el Tratado de Extradición entre México y EE.UU.
El senador subrayó que la colaboración bilateral debe basarse en la confianza, legalidad y respeto mutuo, evitando prácticas que vulneren la confidencialidad de los procedimientos o comprometan la integridad de las instituciones mexicanas. Al mismo tiempo, reconoció el deseo de México de cooperar con EE.UU., siempre que se garanticen los derechos de los ciudadanos mexicanos, incluida la inmunidad procesal de servidores públicos en funciones.
Sheinbaum Pardo también se pronunció respecto a la actitud de la oposición política, a la que acusó de aprovechar las acusaciones externas para atacar al Gobierno. “La actitud de la oposición, de los adversarios del conservadurismo, se cuelgan del exterior para tener un argumento con el pueblo de México”, dijo. La mandataria nacional concluyó con un mensaje de soberanía: “No vamos a permitir que ningún Gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo de México”.
Ese papelito lo escribio el mero mero y ese fue tu error,.,.