La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descalificó el 27 de abril de 2026 la investigación anunciada por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, en torno a la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en ese estado, al tiempo que el Gobierno Federal confirmó que ninguno de los dos ciudadanos estadounidenses contaba con autorización para realizar actividades operativas en territorio nacional. Los agentes fallecieron el 19 de abril de 2026 en el municipio de Morelos, Chihuahua, durante un operativo en el que también murieron dos oficiales de investigación estatales.
Sheinbaum Pardo señaló que la responsabilidad de la presencia ilegal de los agentes extranjeros solo puede recaer en una de dos autoridades locales. “Realmente no se requeriría tantas unidades de investigación, o fue la Fiscalía o fue el Gobierno, no hay de otra, o fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el Secretario de Seguridad”, afirmó la mandataria nacional. La titular del Poder Ejecutivo Federal cuestionó la creación de una unidad especializada anunciada unilateralmente por Campos el 24 de abril de 2026 para indagar los hechos registrados entre el 17 y 19 de ese mismo mes y año en ese municipio chihuahuense.
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El Gabinete de Seguridad informó el 26 de abril de 2026 que, según los registros migratorios disponibles, uno de los agentes ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático. La dependencia subrayó que el Gobierno Federal no tenía conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando en acciones dentro del territorio nacional, y precisó que se realizan revisiones del asunto en coordinación con las autoridades competentes.
La presidenta de la República indicó que el caso implica una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional. Según Sheinbaum Pardo, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, planteó a Campos durante una reunión sostenida el 24 de abril de 2026 que no se siguieron los procedimientos legales para colaborar con autoridades de otro país. “Lo que el Secretario de Seguridad le planteó es que era una violación, que el Gobierno federal no tenía conocimiento y que no se habían seguido los procedimientos para poder informar al Gobierno federal”, declaró. García Harfuch también revisó con la gobernadora el operativo en el que fueron desmantelados laboratorios de drogas sintéticas en la localidad de El Pinal.
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Los agentes identificados como Richard Leiter Johnston y John Dudley Black murieron el 19 de abril de 2026 en el municipio de Morelos junto con Manuel Genaro Méndez y Pedro Román Oseguera Cervantes, oficiales de investigación del estado de Chihuahua. Ante los hechos, Campos designó como responsable de la unidad especializada creada para investigar el caso a Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia. El Gobierno estatal precisó que, para no afectar el proceso investigativo, no habrá más pronunciamientos públicos por el momento.
En el ámbito legislativo federal, el Senado de la República mantuvo su exigencia para que Campos y el fiscal general del estado, César Jáuregui, rindan cuentas ante la Cámara alta. Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado y militante de Morena, informó que el Pleno aprobó a mano alzada un punto de acuerdo para citar a ambos funcionarios el 28 de abril de 2026 a las 10:00 horas, en una reunión de trabajo con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública. En contraste, en el Congreso de Chihuahua, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) bloquearon una petición similar impulsada por Morena.
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El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, confirmó el 27 de abril de 2026 que Campos acudirá a la cita programada en la Cámara de Senadores. “La Gobernadora está completamente echada para adelante. Tan no tenemos ni tiene nada de qué preocuparse, que pues ella está puesta para acudir al Senado”, declaró en entrevista telefónica. Romero adelantó que la gobernadora planea abordar los resultados del combate al crimen organizado en Chihuahua y cuestionar por qué estados gobernados por Morena no registran resultados similares. “Con mucho gusto va a hablar del combate al crimen organizado, de cómo desmantelar laboratorios, de cómo en Chihuahua sí se puede”, indicó.
El dirigente panista argumentó que, según la versión de la Fiscalía estatal de Chihuahua, los dos agentes no participaron directamente en el operativo, lo que a su juicio debilita la postura del partido oficialista. “Se les va a revertir a los de Morena, no hay manera de que se sostenga una versión de que agentes de otro país estén en México sin haber pasado por autoridades migratorias que le corresponden al Gobierno federal”, sostuvo Romero. El dirigente panista calificó como un ejercicio de “echarle la bolita” a un gobierno estatal de oposición por hechos que, según la versión de su partido, no ocurrieron en los términos planteados por Morena.
“Los diputados locales del PRIAN en Chihuahua protegieron a su Gobernadora María Eugenia Campos, bloqueando la petición para que compareciera frente a nuestro pueblo”, acusó la senadora con licencia Andrea Chávez. Por su parte, Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, rechazó que la exigencia de rendición de cuentas constituya una persecución política. “El PAN sale en defensa de la Gobernadora de Chihuahua, pero olvidan un detalle: la Constitución no es opcional”, señaló. “La rendición de cuentas es una obligación, no una persecución. México se respeta. Cumplir el mandato constitucional no es un juego”, sostuvo.
Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde al Gobierno Federal garantizar el respeto a la soberanía nacional y el cumplimiento de la ley en este tipo de casos. “Nos corresponde resguardar la soberanía nacional y resguardar la soberanía nacional quiere decir que se cumpla la ley”, indicó. La mandataria anticipó que el Gabinete de Seguridad continuará dando seguimiento al caso y que se informará conforme avancen las investigaciones.
