La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como una defensa de la soberanía nacional, al tiempo que cuestionó que el Gobierno de Estados Unidos hiciera pública la acusación en lugar de manejarla con la confidencialidad que, según afirmó, exigen este tipo de procesos.
Sheinbaum Pardo señaló que nunca antes en la historia de México se había solicitado con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador en funciones, y subrayó que su obligación como titular del Poder Ejecutivo Federal es anteponer la soberanía y la justicia. “Nunca en la historia habían pedido con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador en funciones. Nunca”, declaró la mandataria nacional.
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La titular del Ejecutivo cuestionó el objetivo de hacer pública la acusación y presentarla, en sus palabras, “a ocho columnas”, cuando las partes involucradas saben que estos procedimientos deben tramitarse de manera confidencial para evitar que terceros hagan uso político de la situación. Sheinbaum Pardo sostuvo que la verdad del caso debe emerger de las investigaciones formales, y que las pruebas aportadas por las autoridades estadounidenses tendrán que ser revisadas por la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos.
La presidenta de la República advirtió, además, que tras hacerse pública la acusación contra Rocha Moya surgió una campaña en medios de comunicación y redes sociales que, a su juicio, fue promovida por la derecha mexicana. En ese contexto, Sheinbaum Pardo anunció que se reforzarán las acciones del Gabinete de Seguridad federal en coordinación con la gobernadora interina de Sinaloa, luego de que Rocha Moya solicitó licencia al cargo. Confirmó, además, que el exfuncionario estatal solicitó seguridad a las autoridades federales tras presentar dicha licencia.
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La mandataria nacional cerró su posicionamiento con un mensaje de carácter político: “Es la defensa del pueblo, la defensa de nuestra dignidad y la defensa de la patria”, declaró, al vincular el manejo del caso con los principios de verdad, justicia y soberanía que, sostuvo, deben guiar la respuesta del Gobierno Federal ante la acusación formulada en Estados Unidos.
