El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, este martes 21 de septiembre, que no tomará postura respecto a la despenalización del aborto, ya que, según él, es un tema que produce mucha polémica. Sin embargo, agregó que no es Poncio Pilato y no busca lavarse las manos.
El mandato de Jaime Bonilla Valdez se ejecutó entre la simulación y la inestabilidad política y económica, pero sobre todo jurídica. Con el pretexto de ser un gobernador “reformador”, la realidad es que su equipo jurídico intentó jugar con la Constitución y toda la estructura legal de Baja California, sin importarles las consecuencias de sus actos.
Mientras el grupo pro-vida se encontraba rezando, las integrantes del movimiento feminista llegaron para defender su derecho a abortar, lo que provocó una batalla verbal entre ambos grupos
El Lector se habrá dado cuenta o no, pero un gran sector del morenismo se manifestó a favor de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la despenalización del aborto, sentencia que representará una directriz para los estados y su legislación al respecto.
Un monto de 2 mil millones de pesos es la deuda total que trasladarán las comisiones de agua de Baja California al Poder Ejecutivo, con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el pasado 7 de septiembre.
Ministros coinciden que la legislación atenta contra la libertad de expresión que carece de criterios claros sobre el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social y contratación de medios
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó un nuevo revés a las intenciones del gobernador Jaime Bonilla Valdez, de “municipalizar” los servicios de agua potable de Baja California, convirtiéndose en el segundo “freno” que imponen los magistrados al mandatario estatal.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró, este martes 17 de agosto, que las entidades federativas no tienen competencia para imponer el requisito de ser mexicano por nacimiento para desempeñarse como titular de una institución pública, en este caso del Sistema Penitenciario de Baja California.
El camino se allanó para que la Cámara de Diputados apruebe la ampliación de mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, por dos años más de lo que señala la Constitución mexicana, dentro de las reformas realizadas al Poder Judicial.
