Juan Marcos Gutiérrez González, Especial para ZETA
Defender una institución, argumento o una causa frente a los constantes ataques que realiza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es una tarea que se puede emprender de muchas formas, pero en todo caso, lo relevante es el resultado. La frase se dice fácil. ¡Yo defiendo! ¡Tu defiendes! ¡Vamos a defender! No obstante, en esa tarea, con frecuencia vienen frustraciones y hasta la desesperanza, particularmente cuando el atacante no tiene asomos siquiera, de una mínima conducta ética que permita la eficacia en la defensa de que se trate. Incluso, vivimos momentos tan exacerbados de agresión a las instituciones públicas, donde las acciones de defensa en asuntos o instituciones, suelen terminar en el cajón de lo testimonial, si no es que en el franco y criminal desacato.
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Empero, el agravio mayor por parte del Ejecutivo a los otros poderes y organismos autónomos, es el que ha emprendido contra el Poder Judicial en tanto que árbitro y autoridad terminal de todas las disputas legales relevantes entre particulares, entre gobernados y el Gobierno y no se diga en las contiendas de instituciones públicas entre sí.
Uno de los mayores retos de la alternancia democrática que se empezó a vivir localmente desde la década de los 80, 90 y posteriormente en1997 a nivel legislativo federal, llegando después a la primera alternancia del Ejecutivo en el año 2000, ha sido el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos. Como nunca, la división de poderes y el respeto de las autonomías cobró factura más allá de cualquier retorica académica o discurso político.
Ernesto Zedillo tuvo que aprender, no sin resistencias e inercias, a tratar con una Cámara de Diputados sin mayoría de su propio partido. En la Legislatura de 1997-2000, el país se estrenó en el ejercicio de división de poderes propuesto por Montesquieu hace más de 200 años.
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Más allá del discurso del Presidente López Obrador, combinado con el hartazgo de un electorado que tuvo más prisa en deshacerse de la transición democrática recién iniciada en el año 2000, a cambio de una aventura propuesta por uno de los candidatos que de suyo anunciaba la aniquilación del frágil sistema de pesos y contrapesos que se venía construyendo más allá de la teoría, en forma práctica, hoy el resultado es que el Ejecutivo federal tiene mayoría legislativa que borra toda noción de contrapeso en los asuntos ordinarios.
La terrible frase que han acuñado los legisladores del partido oficial, de “no cambiar ni una coma” en las iniciativas presidenciales, muestra el tamaño de la fractura al sistema democrático, imperfecto por naturaleza y con graves retos por resolver, sin duda, pero que se venía construyendo con sólidas y prudentes raíces.
Es aquí donde cobra relevancia el Poder Judicial, y la noticia de que el 2 de enero de 2023, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, recayó en la ministra Norma Piña Hernández. Es muy buena noticia no sólo por el dato histórico de ser la primera mujer que logra ese cargo en la historia de México, sino porque se trata de un perfil de auténtica carrera judicial y de una persona con reputación intachable tanto en la calidad de sus resoluciones como en su postura frente a la corrupción.
Es muy importante resaltar de qué se habla al referirnos al Poder Judicial de la Federación: un poder que, a través de 254 tribunales colegiados, 98 tribunales unitarios, 420 Juzgados de Distrito, 93 tribunales federales laborales y 41 Centros de Justicia Penal (nuevo sistema de justicia penal oral), así como el pleno de la Suprema Corte de Justicia, atendieron sólo en el último año (noviembre de 2021 a noviembre de 2022), un millón 346 mil 228 asuntos.
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Si bien, el Poder Judicial atiende asuntos de varios tipos, la gran mayoría son conducidos por la figura del juicio de amparo, pero no menos importante son los más de 200 casos que en vía de controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad, atendió el Pleno de la Suprema Corte, asuntos que por su trascendencia suelen tener efectos generales. En esa estadística se encuentra la acción de inconstitucionalidad, donde la Corte Suprema reparó para los ciudadanos e invalidó, por ejemplo, la denominada “Ley Bonilla”, con la que se pretendía extender inconstitucionalmente el mandato del ex gobernador de Baja California, en uno de los primeros intentos de la Cuarta Transformación para trastocar el régimen democrático de nuestro país.
El Poder Judicial, en particular la institución del juicio de amparo, son instrumentos al servicio de un Estado de Derecho democrático, que año con año sirven como mecanismo reparador y eficaz protector de los excesos gubernamentales.
A través del Poder Judicial de la Federación y sus juzgadores, se repara la vida, el patrimonio y los derechos de millones de mexicanos todos los años. ¿Que existen errores? Desde luego, y muchos. ¿Corrupción? También, aunque no generalizada. Pero no cabe duda que el balance en la actuación de este Poder Judicial Federal es parte del poco patrimonio democrático y legal que existe en la noción de la división de poderes, luego del vencimiento y sometimiento que ha logrado AMLO respecto del Poder Legislativo.
La tarea de los impartidores de justicia se ha visto asediada, bombardeada y reprimida por parte del Presidente de la República en cada resolución que le es adversa. Y es precisamente ahí donde cobrará relevancia la gestión de la ministra Norma Piña.
La colaboración “institucional”, llevada a cabo por el ex presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, queda como una historia de abyección ante el Ejecutivo.
La falta de reacción cuando el Presidente de la República denostó al Poder Judicial, cada que recibió resoluciones en contra de sus intereses (Reforma Eléctrica, Reforma Electoral, Reforma de Militarización, etcétera) constituyen paradójicamente la gran oportunidad para una nueva gestión por parte de Norma Piña: defender a los impartidores de justicia.
La mejor expresión de una democracia es la calidad de su Estado de Derecho. Por tanto, la elección de la ministra Norma Piña como presidenta en el Pleno de la Suprema Corte, aunado a que el 4 de enero de 2023, se eligieron también a los presidentes de la Primera y Segunda Sala en las personas de los ministros Alberto Pérez Dayán y Jorge Pardo Rebolledo, respectivamente, confirman que la Suprema Corte se reconfiguró para su conducción, en contra de los deseos de López Obrador.
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Las nuevas presidencias del Pleno y Salas de la Corte, arrojan un muy buen presagio de que el Poder Judicial tenga una razonable independencia, y que para ello, se proteja y defienda a todos sus juzgadores, sin perjuicio de sus tareas internas para corregir el error judicial.
Para hacer este presagio, más allá de la reputación de la maestra Norma Piña, el punto 1.2 de su propuesta de Plan de Trabajo:
“Independencia Judicial. La independencia judicial permanece en la percepción de gran parte de la ciudadanía, como hueca, distante, acotada a una estricta cuestión organizacional (…) la independencia judicial es indispensable para resolver conflictos entre los poderes públicos (…) los mecanismos de control disciplinario son indispensables para que las personas juzgadoras sean independientes, pero no bastan (…) con el apoyo invaluable de mis compañeras y compañeros, fortaleceremos nuestra presencia en defensa de la independencia judicial, de la dignidad y respetabilidad de las personas juzgadoras (…) pues si bien las personas juzgadoras están sujetas cada día a mayores exigencias, también les es indispensable que su institución los arrope”.
La calidad de esa gestión de defensa de la independencia judicial, será la mayor diferencia entre la ministra Norma Piña y el ministro Arturo Zaldívar como presidentes de la Corte. Ese será el rasero.
