Ciudadanía cuestiona veracidad de ataque cibernético, pues no informaron, e incluso solicitaron plazo extra para cumplir con entrega de la Cuenta Pública de la API
A pesar de que en su última visita a Baja California Sur, AMLO prometió que pedirá una revisión de los contratos que se han otorgado a Zohmex... nada ha cambiado
Afectados aceptaron un convenio de pago por necesidad que ya había en sus hogares; les pagaron el sábado, pero no el martes, ni el miércoles. Empresa falló con el compromiso
Obligados a botear, sin ninguna garantía de pago, expresaron que quieren una buena cena y una feliz navidad para sus familias; sin embargo, la empresa sigue sin cumplir
A más de 200 empleados traídos de otros estados, se les adeuda un promedio de 15 mil pesos a cada uno; la obra, una licitación federal, registra un retraso
Prestadores de servicios turísticos de La Paz llevaron a cabo el bloqueo de la calle de acceso a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en manifestación por la entrega de permisos a empresas de turismo náutico de otros estados y ciudades.
El director general de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS), Narciso Agúndez Gómez, informó que para llevar a cabo el proyecto de modernización y conversión de Pichilingue a puerto turístico se requerirá de un presupuesto de 790 millones de pesos.
Ante las propuestas que recibieron por parte del Gobierno del Estado y de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS), pescadores y prestadores de servicios que laboran en playa El Manglito continuaron con las protestas y acciones para evitar el despojo del área de acceso al mar, que han usado durante décadas en la ciudad de la Paz.
El Gobierno del Estado y la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS) dieron a conocer la intención de cambiar el puerto comercial del municipio de La Paz, ubicado en Pichilingue, hacia San Juan Costa
Pescadores y prestadores de servicio de la colonia El Manglito denuncian ser víctimas de despojo por parte del Gobierno del Estado y de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS)