Al verla con su enorme y jovial sonrisa de oreja a oreja, sociable al punto de la imprudencia, embarazada en la tercera ola de pandemia de COVID-19 repartiendo besos y abrazos a diestra y siniestra “con el corazón por delante”, pareciera que nada preocupa ni perturba la paz de la primera mujer gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El embajador de Indonesia informó que empresas de su País están interesadas en construir el Tren Interurbano que promocionó Jaime Bonilla Valdez, sin embargo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dijo que hay “situaciones que no están claras”.
La gobernadora de Baja California sostuvo que con la Garita Otay II proyectada para iniciar operaciones en 2024, contará con tecnología para reducir tiempos de espera; refiere coordinación con CBP para atender tema de seguridad
La línea discursiva más fuerte, durante la toma de posesión de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda el domingo 31 de octubre de 2021, a las cinco de la tarde, no provino del folclórico titular del Poder Ejecutivo estatal, sino del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el diputado Juan Manuel Molina.
Debido a los secretarios y reformas promovidas por el recién extinto gobierno para minimizar y restar poder a la representación de la sociedad en el Consejo Ciudadano de seguridad Pública de Baja California, la sucesión de tres consejeros y el cambio de presidente que debió realizarse hace seis meses, continúa atorada.
Marina del Pilar Ávila Olmeda, la joven gobernadora de Baja California, tiene la responsabilidad de cumplir con lo que su antecesor, Jaime Bonilla Valdez, no pudo: la impunidad política.
El 3 de noviembre pasado, Carlos, padre de familia de dos niños presentó una denuncia penal contra Ampelio Iñíguez Arellano, secretario general de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda derivado del paro de labores que el magisterio lleva a cabo en demanda de que le sean pagadas prestaciones que les adeuda el gobierno estatal.