A 59 días que la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, asuma la administración estatal, y a cuatro semanas de que los nuevos alcaldes de Mexicali, Tijuana, Tecate, y los reelectos de Ensenada y Rosarito, tomen o retomen posesión, la decisión de quiénes ocuparán las posiciones como titulares en las áreas de seguridad pública, se vuelve crítica y de notable relevancia.
Mediante una denuncia colectiva, trabajadores del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4) de Baja California Sur, expusieron las condiciones de precariedad laboral que viven al ser empleados de la que es considerada una de las instituciones de seguridad más importantes del estado.
Aunque la mayoría de los asesinatos en Tijuana siguen sucediendo en la Zona Este de la ciudad, la violencia ha migrado a otras demarcaciones municipales que antes eran consideradas como “tranquilas”, como Playas, el distrito Centro, o La Presa Rural.
Los dos primeros años de la llamada Cuarta Transformación en Mexicali, se han convertido en los más violentos de la historia en materia de homicidios, desde que comenzó a documentarse y publicarse la incidencia en el año 2006.
