En medio de la impunidad y una pugna criminal que acumula más de 6 mil 146 homicidios, células del Cártel Jalisco Nueva Generación creen que pueden amenazar a dos alcaldesas y a la gobernadora electa, con recrudecer la violencia: “… arderá la Baja si no cambian de bandera”, advierten. A partir de abril de 2020, autoridades estatales han sido objetivo de advertencias criminales, pero las investigaciones de esos temas no registran avances
Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora electa que tomará posesión el próximo 1 de noviembre; Araceli Brown Figueredo, alcaldesa reelecta en Rosarito y Montserrat Caballero Ramírez, la nueva presidente municipal de Tijuana a partir del 1 de octubre, fueron amenazadas por un grupo criminal, al que la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad, ubica como una fusión entre la mafia de Jalisco Nueva Generación y los recortes del Cártel Arellano Félix.
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O los apoyan, o habrá más violencia, “…arderá la Baja” y “…vamos a seguir calentando a Rosarito”, advierten en el mensaje intimidatorio respecto a los municipios que han mantenido aterrorizados y en los primeros lugares de inseguridad.
En los dos años de los primeros ayuntamientos morenistas, Baja California acumuló 6 mil 146 víctimas de asesinato hasta el 29 de septiembre: 4 mil 197 en Tijuana, 808 en Ensenada, 455 en Mexicali, 412 en Tecate y 275 en Rosarito.
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El mensaje plasmado en la manta, que las autoridades intentaron ocultar la semana pasada -22 de septiembre-, fue atribuido por las áreas de Inteligencia, a las células de traficantes y homicidas encabezados por Rodolfo López Arellano “Cabo 30” y/o “Solecito”; “El Güero Pecas”; el ex policía Jesús Alfonso Trapero Ibarra “El Trapos” y/o “El Profe” de parte de Jalisco; así como Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaco” y David López Jiménez “El Lobo” por el Cártel Arellano Félix (CAF), recientemente asociados a la célula sinaloense de Iván Archivaldo, Alfredo y Ovidio Guzmán “Los Chapitos”.
En amenazas previas, otros cabecillas de Jalisco, como Pedro Stanley Herrera Jelinek y Alejandro Estrada Bañuelos, también fueron identificados como sospechosos.
Todos los antes mencionados, son presuntos delincuentes identificados desde hace varios años por las Mesas de Seguridad, pero el único que tiene orden de aprehensión en contra -por homicidio de 2018- es López Arellano.
Sin embargo, en la más reciente amenaza que implica a las nuevas mandatarias, una de las hipótesis que revisan los investigadores al interior de las Mesas de Coordinación, es que el narcomensaje pudo ser elaborado por policías o funcionarios corruptos, aliados a alguna de estas células, y que el fin sea más político que criminal.
Quienes elaboraron la manta, acusaron a Brown de apoyar a Sinaloa. Respecto a Caballero y Ávila, suponen tienen la intención de cargarse con la mafia sinaloense, por lo tanto, en su lógica criminal les exigen -como si estuvieran amenazando a cualquier vendedor de droga- “cambiar bandera”, que en el caló criminal significa cambiar de célula delictiva, aliarse o servir a los cárteles rivales.
Sin embargo, el mensaje inicia con un ultimátum intimidatorio, contra la vida de Jaime Bonilla, el actual gobernador de Baja California, y la seguridad futura de su familia, cuando él ya no esté en el cargo. Pero en su caso el tema es político.
Le exigen reconocer -facultad privativa del Instituto Estatal Electoral- a Luis Fernando Serrano García, ex funcionario de gobiernos panistas, priistas y morenistas desde 1998, quien en la pasada elección se registró como candidato independiente por la alcaldía de Rosarito, la cual perdió por apenas mil 600 votos en contra de la reelección de Araceli Brown Figueredo.
Esta “amenaza a servidores e instituciones públicas” fue plasmada en una manta que dejaron colgada en el puente peatonal ubicado en la Carretera Escénica, en las inmediaciones de la colonia Machado Norte de Rosarito, a las 23:08 horas del 23 septiembre de 2021.
En el reporte original de la manta, el denunciante advirtió que en ese momento -23:08 horas del 22 de septiembre- había cuatro sujetos arriba del puente peatonal, a la altura donde se encuentran las vacas de la pasteurizadora Jersey, colgando un objeto, pero los policías no llegaron a tiempo y no se registraron detenidos.
En la zona no hay cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4). La manta contenía el siguiente texto:
“SI EL GOBERNADOR NO RECONOCE EL TRIUNFO DE FERNANDO SERRANO, VAMOS A SEGUIR CALENTANDO A ROSARITO, LA 4T LE ROBO EL TRIUNFO, JAIME BONILLA, YA TE VAS ! A VER Y MUY VALIENTE AHORA QUE NO SEAS GOBERNADOR, RECONOCE EL TRIUNFO DE SERRANO O VAMOS CONTRA SUS FAMILIAS Y TU ARACELY Y MONSERRAT ALCALDESA DE TIJUANA MARINA DEL PILAR SABEMOS QUE TOMARON EN MEXICALI CON EL CANDE, Y APOYAN A LOS CHINOLAS, ARDERÁ LA BAJA SI NO CAMBIAN DE BANDERA ATE LA MERA VERGA DE LA BAJA”.
Rastreados por grupos de Inteligencia estatales y municipales, a través de la identificación de algunas victimas homicidio, cuyos cuerpos han sido expuestos con cartulinas o mantas que contienen amenazas, así como el seguimiento de algunos de sus homicidas capturados, el Grupo Coordinación ha dado cuenta que las intimidaciones que terminan con las frases “La Barredora” o “La Mera Ver…” -12 de ellos dejados en Tijuana, dos en Ensenada en la presente administración-, están ligadas a células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del CAF.
Con datos limitados, las autoridades se remitieron a mantas similares anteriores y detectaron algunas diferencias en los mensajes y la escritura.
AMENAZAS DURANTE CINCO MESES
De hecho, en Rosarito, los criminales del CJNG ya habían dejado otras amenazas en dos mantas el 30 de agosto, pero sólo contra la alcaldesa Brown y algunos policías municipales del mismo ayuntamiento.
Incluso, doce días antes 18 de agosto, los traficantes de Jalisco también había amenazado a través de mensajes telefónicos al fiscal general Guillermo Ruiz y al fiscal central Hiram Sánchez, acusándolos de favorecer al Cártel de Sinaloa y de congelar la investigación del homicidio de Raúl Paredes Esquer, oficial activo de la Policía Municipal de Rosarito y ex candidato a diputado local por el Partido de Baja California, asesinado en julio de 2021. Caso en el que ya hay orden de aprehensión en contra de uno -de los dos- presuntos autores materiales del crimen.
Previo a esto, la noche del miércoles 31 de marzo de 2021, a través de un video publicado en Facebook y Twitter, el CJNG, que evidentemente no se siente favorecido en Baja California -aunque están apoderados de la actividad criminal en Tecate y tiene presencia en los otros cuatro municipios-, ya había difundido otra advertencia mafiosa:
“… no quieran perder su tranquilidad y su vida”, advirtió un hombre al gobernador de Baja California y a varios jefes y agentes de FGR, FGE, GESI y SSPM de Tijuana, a través de un video.
El sujeto apareció rodeado de otros once masculinos, todos encapuchados, con chalecos tácticos y un identificador frente al pecho, un mantel y una manta, en los que se leía “CJNG”.
Cinco meses han pasado desde entonces, y los sospechosos de aquella amenaza fueron Pedro Stanley Herrera Jelinek, Alejandro Estrada Bañuelos “El Diablo” y “El Güero Tavo” y/o “El Güero Pecas”, pero a la fecha la investigación que anunciaron, no tiene avances.
En la amenaza más reciente -22 de septiembre-, los traficantes señalaron a Ávila, Caballero y Brown, las tres mujeres políticas bajacalifornianas, de estar liadas con los mafiosos sinaloenses, y basan su acusación en el supuesto de que las tres habrían convivido y bebido -en Mexicali-, acompañadas de Candelario Arceaga Aguirre “El Cande”.
No especifican si fue durante la campaña, ni ofrecen elementos de prueba, pero es algo posible, dado que Arceaga es un empresario radicado en Rosarito, propietario de un rancho, un centro recreativo, un taller, además de concesionario de permisos de taxis y calafias, quien efectivamente, fue detenido en abril de 2009, acusado de traficar y elaborar cristal para la célula criminal del Eduardo García Simental “El Teo”, operador escindido del CAF que se alió a Sinaloa.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo probar las imputaciones y lo dejaron en libertad sin cargos en 2013. Después, fue secuestrado en 2016 y elementos de la FGE lo liberaron.
En 2021, también fue señalado extraoficialmente como propietario de una empresa de grúas y otra aseguradora, incendiadas intencionalmente el 8 y 15 de junio en Rosarito, pero al momento, en el Registro Público aparecen otros dueños.
LA RESPUESTA
ZETA consultó a los equipos de la Marina Ávila, Montserrat Caballero y Araceli Brown, respecto al posicionamiento de las mujeres amenazadas en la manta. También se preguntó a la FGE si las funcionarias electas habían requerido ampliar su equipo de seguridad, pero las respuestas quedaron pendientes.
En el equipo de Ávila y Brown hubo frases como “No se ha posicionado al respecto”, “No se puede en este momento”, y el tema de estar en el proceso de las tomas de protesta de los nuevos alcaldes, fueron los argumentos expuestos.
La alcaldesa Montserrat Caballero fue intervenida al concluir su toma de posesión, y respondió de manera genérica:
— Hubo una manta que se colgó el 22 de septiembre, donde se le menciona a Usted, en Rosarito. ¿Qué le inspira este tipo de acciones de la delincuencia?
“La realidad es que no sé. Quién puso esa manta. Quién. Ah, no. No tenía conocimiento. No tenía conocimiento”.
— ¿Temería a ver incluido su nombre en una manta?
“¿Mi nombre en una manta? Los ciudadanos me pueden incluir donde ellos quieran. Donde ellos quieran”.
También al concluir su toma de protesta, se le preguntó a la alcaldesa Araceli Brown su postura ante el contenido de la manta:
“Yo tomé mis medidas pertinentes y actué como debe ser”, fue su respuesta.
Después se refirió a la seguridad en Rosarito: “Hicimos compromisos de campaña de seguir invirtiendo en la seguridad ciudadana, las cifras no mienten, estábamos en el lugar número cuatro a nivel nacional cuando tomamos el poder la primera vez, y hoy ya estamos fuera de la lista de municipios prioritarios, a pesar de que estamos enseguida, conurbado de Tijuana, que es el número uno del país (en homicidios)”.
Quien también contestó fue el gobernador Jaime Bonilla Valdez, y su respuesta fue similar a la que dio hace cinco meses.
Sin medir consecuencias, ni esperar a que las áreas especializadas concluyeran el análisis técnico de la advertencia criminal, la desestimó.
Entrevistado la mañana del domingo 26 de septiembre durante la Mini Jornada por la Paz en las instalaciones de Instituto de Movilidad Sustentable, en el nuevo Centro de Gobierno en Tijuana, respecto a si temería por su seguridad al terminar su cargo, dijo: “Perro que ladra, no muerde, eso dicen en la ‘Liber’”, y remató: “Eso -las amenazas- nada más lo hacen para tratar de acalambrar, no pasa nada”.
