Existen más de 30 mil expedientes en las Juntas Locales que deberán seguir su trámite aun cuando ya no reciban más asuntos por la implementación de la Reforma Laboral en la entidad
A contrarreloj y a cuentagotas avanzan los trabajos para implementar la denominada Reforma Laboral en Baja California, con todo y que la autoridad federal emitió una prórroga para que trece entidades federativas inicien la segunda fase de implementación el 3 de noviembre de 2021, un mes después de lo originalmente establecido.
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En el Congreso del Estado aún está pendiente de aprobar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, indispensable para crear los Juzgados laborales que dirimirán los conflictos entre trabajador y empresa una vez que hayan pasado por el Centro de Conciliación estatal. Los diputados tampoco han emitido la declaratoria para que tribunales y centros de Conciliación locales inicien funciones.
A propósito, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Javier Algorri Franco, reconoció haber abordado el tema con el presidente del Congreso, Juan Manuel Molina García, quien le habría dicho que “el jueves de la semana pasada” (23 de septiembre) pasarían “la Ley Orgánica del Poder Judicial, y una vez que la aprobaran -que ya la había avalado en comisiones-, iban a emitir la declaratoria.
“El viernes le mandé un mensaje y me dijo ‘No salió, déjame lo voy a ver, a consensuar, porque parece que hay algunas dudas; déjame lo voy a ver con la presidenta de la Jucopo (Junta de Coordinación Política)”, relató el abogado, para quien es “urgente” que ambos trabajos legislativos queden concluidos para que entre en vigor la Reforma Laboral.
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“Me preocupa incluso que podamos perder los recursos federales. Si no emitimos la declaratoria, el Gobierno Federal nos va a decir ‘Hey, regrésame los recursos’, y si nosotros ya los invertimos, va a tener que regresarlos Baja California de su presupuesto ordinario; de ahí la importancia de que el Congreso emita la declaratoria”, manifestó Algorri en entrevista con ZETA.
Luego de cinco meses que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Isaac Fragozo López, entregara la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial al Congreso, Molina García señaló que “no hay nada que esté atorando” el tema.
Será una nueva iniciativa de reforma presentada por la presidenta de la Jucopo, Rocío Adame, la que será discutida y en su caso aprobada, toda vez que aquella avalada por la Comisión de Justicia en la Legislatura pasada, no introdujo un artículo transitorio que estableciera quiénes integrarían la Comisión de Implementación, los cuales deberán solicitar la declaratoria de incorporación del Estado a la reforma federal.
“En ese entonces el presidente de la Comisión de Justicia retiró el dictamen y no lo volvió a subir”, dijo el morenista, además de estimar que en próximos días se avalará la de Adame, aunque no dio fecha.
“Los diputados tienen como fecha límite el 3 de octubre y seguramente lo vamos a sacar, aunque tengamos que sesionar en extraordinario”, aseguró.
La iniciativa de Adame -presentada el 20 de septiembre- fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales que preside Molina García. Hasta el cierre de edición, jueves 30 de septiembre, no había sido analizada, discutida ni aprobada en ese órgano legislativo.
FEDERACIÓN ENVÍA 54 MDP, PERO NO HAY PRESUPUESTO PARA NÓMINAS
Baja California fue el Estado que más recursos recibió de la Federación para implementar la Reforma Laboral: 54 millones de pesos; 31.5 fueron destinados al Poder Judicial, y 22.5 para que el Ejecutivo instaure el Centro de Conciliación.
Luis Javier Algorri Franco comentó que el recurso federal se recibió en agosto y BC se sumó a las entidades que manifestaron que requerían más tiempo para ejercer los recursos, toda vez que deben hacerse licitaciones. Esto último habría motivado a que el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral prorrogara su ejecución hasta el próximo 30 de noviembre.
Actualmente, dijo, Oficialía Mayor lleva procesos para adquirir mobiliario, tecnologías de la información y adecuación de oficinas, “según nos dice Oficialía Mayor, estaríamos en posibilidad de que cumplamos para que en noviembre ya se tengan estas adquisiciones”.
Empero, en caso que no estén listos para el 3 de noviembre, el Centro de Conciliación tendrá que iniciar de manera temporal en las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Tijuana, Mexicali y Ensenada, “hasta en tanto ya entreguen las nuevas instalaciones y ya se pueda cambiar el personal a las nuevas instalaciones del Centro, porque este va a hacer una paraestatal”, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
En cuanto al personal encargado de la conciliación entre empresa y trabajador, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social expuso que, junto con la Universidad Autónoma de Baja California, se hizo una convocatoria pública, con exámenes prácticos y revisiones, Ya se cuenta con el listado de las 50 personas que van a ser los conciliadores y otras 20 de reserva, todos estarán en capacitación durante octubre. La mayoría de los aspirantes (95%) son abogados, algunos psicólogos y una trabajadora social, y se contempló un salario “decoroso” de 25 mil pesos, para cada uno; sin embargo, dicha cantidad “está supeditada a Hacienda, que es la que va a determinar el presupuesto”, ya que la instancia de reciente creación, no tiene recursos, toda vez que en el Presupuesto de Egresos de 2021 no se le asignaron.
Ello, pese a que el Decreto de la Ley reglamentaria de la Reforma Laboral -publicado en el Periódico Oficial el 1 de mayo de 2019- señala expresamente que “el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán destinar los recursos necesarios para la implementación de la reforma del sistema de justicia laboral”.
Sobre la falta de recursos asignados, Juan Manuel Molina García externó que en la XXIII Legislatura “sí se consideró, pero la viabilidad que mandó el Poder Ejecutivo no alcanzó para eso. El Congreso no puede rebasar la viabilidad, sí puede revisar que los proyectos se ajusten al pedido, pero no podemos dar más de lo que Hacienda autoriza, porque generaríamos un desequilibrio presupuestal estatal”, justificó.
HABRÁSEIS JUZGADOS LABORALES; HIJA DEL FISCAL, UNA DE LAS ASPIRANTES
Hace unos días, Alejandro Isaac Fragozo, quien preside el Tribunal Superior de Justicia, adelantó que al inicio de la implementación de la Reforma Laboral se prevén dos salas especializadas en Tijuana para tres jueces, habilitándola en el edificio de los Juzgados Penales, en la delegación de La Mesa.
Para Mexicali está contemplada una sala para dos jueces que atenderán a ese municipio y a San Felipe. Dicha sala especializada será instalada en el edificio de la Judicatura en el Centro Cívico. En Ensenada se atenderán casos de San Quintín en una sala especializada con un juez, en el edificio de los Juzgados Civiles de la colonia Pacheco.
Por otro lado, continúan los trabajos para la selección de jueces y secretarios instructores en materia laboral. Según el portal del Poder Judicial, 20 los 40 participantes de la convocatoria accedieron a la fase de entrevistas. Entre estos últimos se encuentra Kathia Paola Ruiz Macfarland, quien es presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Tijuana desde 2018 e hija del fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández.
Entrevistada por los magistrados Humberto Tamayo Camacho, Miriam Niebla Arámbulo y César Holguín Angulo, integrantes del Jurado, Ruiz Macfarland recordó su trayectoria en materia laboral y reconoció que aspira a ser jueza laboral porque le apasiona la impartición de justicia.
“¿Cuál es mi aspiración? Seguir desempeñándome en lo que me gusta, en lo que realmente me apasiona, que no es la política, obvio, porque en el Poder Ejecutivo, a donde pudiera crecer a lo mejor, ser directora de algún área de la Secretaría del Trabajo, pero no es realmente a lo que aspiro, no es a lo que realmente yo me he dedicado”, referiría.
Tras concluir la fase de entrevistas el 28 de septiembre, el Consejo de la Judicatura evaluará los méritos académicos de cada aspirante para posteriormente determinar quiénes ocuparán las plazas.
También se encuentra en las últimas fases la selección de secretarios instructores, responsables de certificar el medio donde se encuentre registrada la audiencia respectiva, identificar dicho medio con el número de expediente y tomar las medidas necesarias para evitar su alteración.
Fragozo López resaltó que no se asignaron recursos al Poder Judicial para implementar la Reforma Laboral, sin embargo, por ahorros del mismo se lograron alrededor de 8 millones de recursos propios, los cuales se sumaron a los 30.5 millones de pesos de recurso federal que se utilizarán para comprar equipo de cómputo y sistemas informáticos. De modo que hasta el momento no habría presupuesto para la nómina.
SÓLO 79 DE LOS SINDICATOS HACE CAMBIOS DE ESTATUTOS
Durante su entrevista con este Semanario, Luis Javier Algorri citó que 79 de los 650 sindicatos registrados en BC han efectuado cambios a sus estatutos para garantizar el voto personal, libre, directo y secreto para elegir a sus dirigentes.
Atribuyó que la baja cantidad se debe, en principio, a la apatía; y, en segundo lugar, a que las organizaciones gremiales no “simpatizan mucho” con la reforma, ya que esta cimbró las estructuras sindicales, porque las obliga a ser transparentes y efectuar procesos democráticos.
“Por ende, la mayoría de los sindicatos no vio con agrado esta reforma y han estado tratando de alargar al máximo, incluso la legitimación de los Contratos Colectivos”, planteó el funcionario.
En tanto, Jesús Javier Merino Duarte, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Tijuana, rechazó que las organizaciones no quieran modificar sus estatutos y estarán siguiendo la Ley. Ya se han legitimado 49 contratos colectivos que benefician a cerca de 50 mil trabajadores de alrededor de 50 empresas, la mayoría del sector industrial.
Faltan otros 150, “hay tiempo suficiente”, consideró el líder gremial, quien añadió que actualmente el principal cambio a hacer, es ratificar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Contrato Colectivo de Trabajo, y posteriormente, el cambio de estatutos y dirigencia. Proceso para el que aún hay tiempo, ya que el plazo expira en 2023.
JUNTAS LOCALES DEBERÁN ABATIR REZAGO DE 30 MIL EXPEDIENTES
Aun cuando las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales en BC dejen de recibir asuntos a partir del 3 de noviembre, deberán abatir el rezago de expedientes que tienen.
“En Tijuana tenemos alrededor de 17 mil expedientes. En Mexicali andábamos alrededor de 9 mil y en Ensenada, 4 mil 300 expedientes”, indicó Luis Javier Algorri, secretario de Trabajo y Previsión Social. Por ello, es necesario que se fortalezcan lo mismo que la secretaría, a fin de que haya una mejor justicia laboral.
PRÓRROGA, ADECUADA
Roberto Quijano, coordinador de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), calificó como “adecuada” la prórroga que la autoridad federal otorgó el 21 de septiembre para que BC inicie la implementación de la Reforma Laboral a partir de noviembre, ya que, si no se hubiera dado, el Estado no habría podido implementarla, toda vez que hay “cero avance” en la creación de infraestructura y reglamentos.
“Baja California es de los más atrasados porque no existe infraestructura, a pesar de que se mandó recurso federal y todavía no se han escogido los jueces, funcionarios, ni hay reglamentos”, aseveró.
El reto más importante para la administración entrante será mantener la paz laboral y mejorar la justicia laboral que tiene que ver con la dignidad de las personas. Coincidió con Algorri Franco en que uno de los desafíos es que en 10 años no han crecido las Juntas de Conciliación, y el presupuesto que se asigna a Trabajo y Previsión Social es bajo, comparado con otros asuntos a los que se confiere mayor prioridad.
