Guillermo Lara Morales tomó protesta como el nuevo presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur. Luego de tres años con operaciones complicadas por la falta de presupuesto, contempla un periodo de trabajo para mejorar los niveles de transparencia en la entidad y encaminar la estructura del organismo hacia las sanciones y vigilancia de las y los funcionarios.
Durante el desarrollo del análisis del Presupuesto de Egresos para ejercicio de 2022, enviado al Poder Legislativo por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, los legisladores de oposición subrayan algunas áreas que se verán afectadas por recortes. Entre ellas, se encuentra el Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa (ISIFE).
Luego de los resultados de los procesos de selección de los delegados, que son auxiliares y representantes de los ayuntamientos en zonas rurales, se despertaron las críticas de voces que señalaron la falta de paridad en estos procesos.
El 7 de septiembre, por unanimidad con 10 votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización total del aborto. No obstante, a pesar del fallo, por rezagos en materia legislativa, en Baja California Sur ha continuado la persecución de mujeres que deciden recurrir a la interrupción del embarazo.
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur pretende reforzar la vigilancia de los candidatos en cada proceso electoral, a través de una iniciativa que fue enviada al Congreso del Estado, para que sea obligatoria la Ley 3 de 3 para quienes buscan un cargo de elección popular en los procesos electorales venideros.
La diputada de Morena por el distrito XIV, Teresita de Jesús Valentín Vázquez, presentó una proposición con punto de acuerdo en el Congreso del Estado, para exhortar a los cinco ayuntamientos y al Gobierno de Baja California Sur, para que contemplen en sus presupuestos de egresos para 2022 el recurso necesario para abrir refugios temporales para víctimas de violencia familiar.
La revisión realizada al Presupuesto de Egresos 2022 de Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, denota algunos aciertos, medias verdades e importantes rasuradas en algunos rubros, como infraestructura turística, pesquera y educativa, menos apoyos al empleo, desarrollo social, agropecuario, turismo, a la reactivación económica, transparencia y buen gobierno, entre otros.
“¿Se acabó la alianza entre Morena y Partido del Trabajo (PT)?”. Fue la pregunta que surgió luego de que el pasado 14 de octubre, el diputado petista presidente de la Mesa Directiva, Christian Agúndez Gómez, lanzara desde tribuna una serie de cuestionamientos y acusaciones contra el gobierno de Los Cabos que encabeza Óscar Leggs Castro.
Los conflictos que se vivieron durante la XV Legislatura desembocaron en el bloqueo de diversas reformas aprobadas por el pleno a las que el exmandatario, Carlos Mendoza Davis, negó publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Hoy, diputadas de oposición presionan para que el gobernador, Víctor Castro Cosío, coadyuve aceptando iniciativas que traerían beneficios sustanciales para las mujeres profesionistas en la entidad.
