En tribuna, la legisladora de la 4T insistió en la importancia de abrir estos espacios, ya que sólo opera uno en el municipio de La Paz con recurso federal. Sostiene que, si no se aplican medidas al respecto, se estaría violando el derecho de cientos de mujeres a una vida libre de violencia
La diputada de Morena por el distrito XIV, Teresita de Jesús Valentín Vázquez, presentó una proposición con punto de acuerdo en el Congreso del Estado, para exhortar a los cinco ayuntamientos y al Gobierno de Baja California Sur, para que contemplen en sus presupuestos de egresos para 2022 el recurso necesario para abrir refugios temporales para víctimas de violencia familiar.
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Con la aprobación del punto de acuerdo, la XVI Legislatura invitó a las alcaldesas de Mulegé, Loreto, Comondú y La Paz, así como al alcalde de Los Cabos, a incorporar y aprobar por los cabildos una partida destinada a la creación, instalación y mantenimiento de refugios para víctimas de violencia familiar y sus hijas e hijos.
De igual manera, los ayuntamientos deberán, en su momento, dar amplia difusión a la ciudadanía acerca de este refugio, siempre apegada a lo dispuesto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur y demás leyes aplicables.
“El derecho a una vida libre de violencia es el derecho que se tiene a que ninguna acción u omisión, basada en el género, cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público a ninguna persona”, leyó en tribuna.
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Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Baja California Sur se han registrado más de mil 870 denuncias por el delito violencia familiar entre enero y septiembre de este año.
Asimismo, a nivel nacional, se reportaron más de 220 mil carpetas de investigación por este ilícito en todo el país. La legisladora señaló que se trata de una nuevo record que sirve para evidenciar la escalada de violencia.
Argumentó que Observatorio Nacional Ciudadano ha evidenciado que este repunte de casos se debe a que las víctimas denunciaron en los últimos meses del año, lo que no pudieron hacer en el confinamiento de la pandemia por Covid-19.
Hizo hincapié en que Poder Ejecutivo de Baja California Sur ya se ha pronunciado y menciona el inicio de estrategias para la prevención y combate de este delito.
Reiteró que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se detalla que los refugios para las víctimas de violencia familiar, así como sus hijas e hijos, son lugares seguros donde la permanencia de las personas afectadas será mientras persista su inestabilidad física, psicológica o situación de riesgo, agregando que en ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los refugios en contra de su voluntad.
En este contexto, informó que en estos momentos solo opera un albergue en el municipio de La Paz, gracias a presupuesto de programas federales.
“En pocas palabras, si no hacemos algo al respecto, es una clara violación al derecho de acceso a la justicia que tenemos todas y todos para obtener justicia pronta y expedita cuando se enfrenta un proceso penal”, expresó.
