La demanda de agua que tienen los bajacalifornianos supera en 10 por ciento a lo que llega del Río Colorado. Es un hecho que es insuficiente la infraestructura del agua diseñada en la década de los 70 y puesta en operación en 1985. El ejemplo de la sobredemanda es Tijuana, que en verano consume más de cinco mil litros por segundo (exactamente la misma cantidad de lo que ingresa a Baja California por el Río Colorado), por lo que el margen para ahorrar es nulo.
Si en un tema ha sido opaco el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, a punto de concluir, es en el manejo, distribución y operación del agua. En la etapa de transición, que no ha sido fluida como cree el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el todavía mandatario en Baja California ordenó, explícitamente, no entregar la información concerniente a los organismos del agua al equipo de la gobernadora entrante, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
En pleno ejercicio de su gobierno, a mediados de 2020 iniciaron las obras de remodelación del inmueble que alberga PSN (Primer Sistema de Noticias), propiedad del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Vecinos de la calle Antonia Nava de Acatlán en la colonia Del Río Parte Baja, en Tijuana, están cansados del mal olor, moscas, gusanos y malestares que provocan las aguas negras del drenaje tapado, problemática que han denunciado en múltiples ocasiones a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.
A mediodía de este 7 de octubre de 2021 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconectó la subestación eléctrica de la Rumorosa y por consiguiente las instalaciones de las 6 plantas de bombeo del Acueducto Río Colorado-Tijuana (ARCT), las cuales iniciaron el bombeo de agua a todo el sistema, informó la Comisión Estatal del Agua (CEA)
La gobernadora electa aseguró que la deuda con la CFE ya la conocían en el gobierno del estado y sin embargo no solo solucionaron: “se supone que en Baja California todos pagan”
A dos meses de que concluya la actual administración, Jaime Bonilla Valdez emitió un decreto para que el Gobierno de Baja California se asuma como deudor principal de los financiamientos y obligaciones de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate, convirtiéndolas en deuda pública del Estado a largo plazo.
El decreto entrará en vigor mañana pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión provisional en una controversia constitucional contra la municipalización del agua
