A dos meses de que concluya la actual administración, el gobernador Jaime Bonilla Valdez emitió un decreto para que el gobierno del Estado se asuma como deudor principal de los financiamientos de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada convirtiendo dichas obligaciones en deuda pública del Estado a largo plazo.
Sin mencionar el monto que el Estado asumiría como deuda directa a largo plazo, ni la viabilidad financiera de ello, el decreto publicado en una edición especial -este 7 de septiembre de 2021-instruye a las secretarías de Hacienda, del Agua, y a la CESPT, CESPM, CESPE y Cespte a realizar las gestiones necesarias a fin de que en los financiamientos y obligaciones contratados, el Poder Ejecutivo se asuma como deudor principal, sin modificar ninguna otra de las condiciones pactadas en dichos instrumentos.
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Además, instruye al titular de Hacienda, Adalberto González Higuera, a que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus Municipios informe al Congreso del Estado de las acciones a su ejecución conforme a lo previsto en las disposiciones de disciplina financiera.
“En congruencia y respeto al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera necesario que el gobierno del Estado propicie las condiciones administrativas y financieras para materializar la transferencia de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales que actualmente prestan las Comisiones Estatales hacia los Municipios”, justificó.
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El decreto entrará en vigor mañana, según su artículo transitorio. Ello pese a que en días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgara una suspensión provisional a una controversia constitucional presentada por 10 diputados de la XXIII Legislatura del Congreso local.
Por la mañana de este miércoles, el secretario del Agua, Salomón Faz Apodaca señaló que la transferencia de las Comisiones Estatales a los Ayuntamientos se encuentra en pausa. “Hubo una orden de dejar las cosas como estaban hasta que no se resolviera el fondo del asunto”
Comentó que el más avanzado en la transición es Tijuana porque ya lo había decidido desde 2013 y había emitido un reglamento, pero hay municipios que no tienen la decisión de Cabildo, misma que es necesaria para avanzar.
“Nosotros estamos optimistas porque básicamente la Constitución dice que los municipios son los que deben otorgar el agua, no sé por qué tanto brinco, no sé por qué tanta intención de querer evitar que el Estado se las regrese a los municipios cuando todos lo han pedido en distintos momentos políticos. Todos han pedido la operación del agua”, manifestó en conferencia de prensa en las oficinas de la CESPT.
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El Análisis de los Estados Financieros del Gobierno del Estado elaborado por OBSERBC indica que al segundo trimestre de 2021 los pasivos (deuda y obligaciones financieras) de las Comisiones Estatales del Agua ascendían a más de 6 mil millones de pesos.
La CEA tenía pasivos por más de mil 302.4 mdp; la CESPM de más de mil 309.5 mdp; la Cespt de 3 mil 478.7 mdp; la CESPE de mil 615.5 mdp; y la Cespte de 41 mdp.
En días pasados, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reportó que Baja California es el séptimo estado con mayor crecimiento de deuda pública del país, con un crecimiento anual de 5.7% al cierre de junio de 2021.
