La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco concluyó las investigaciones del vergonzoso caso de más de 300 cadáveres sin identificar que fueron paseados por la zona metropolitana de Guadalajara (UdeG) hace tres años a bordo de dos tráileres refrigerados que fueron rentados para almacenar los cuerpos por el déficit de espacio del Servicio Médico Forense (Semefo).
De acuerdo con el investigador de la Universidad de Guadalajara, Alfonso Partida Caballero, en fecha próxima será citado Luis Octavio Cotero Bernal, ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ante un Juez de Control para imputarle por los delitos de abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con el asunto coloquialmente conocido como de los “tráileres de la muerte”.
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El catedrático y ex consejero del Poder Judicial de Jalisco aseguró que el involucramiento de Cotero Bernal es una revancha política por el conflicto que actualmente sostiene el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez con la Universidad de Guadalajara, debido a que el ex funcionario del organismo pericial es director del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la UdeG, que ha sido muy crítico con la actual administración.
“Este fiscal está haciendo del conocimiento del juez para imputarlo de un delito que nada tiene que ver, para que veamos cómo están las cosas en Jalisco. Aquí es grave lo que está sucediendo”, aseguró Partida Caballero, quien agregó que el maestro Cotero no es responsable de delito alguno, pues los cadáveres estaban a disposición del Ministerio Público.
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La exhibición mediática derivada de la queja de vecinos de Tlajomulco de Zúñiga donde los tráileres fueron estacionados durante varias horas en un solar trascendió a nivel internacional, lo que desató un enérgico rechazo al maltrato e indigno manejo de cadáveres, y que finalmente culminó con la destitución del entonces Fiscal General, Raúl Sánchez Jiménez, y del propio director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero.
Partida Caballero, también integrante del Observatorio aseguró que “EL IJCF no puede entregar un cadáver sin que se lo autorice el Ministerio Público. No se puede mover algo que no lo autorice el Ministerio Público. Pero aquí van en contra del que ejecuta la orden, y al que ordena, se queda tan tranquilo”.
Por su parte, Cotero Bernal, entrevistado por MVS Radio Guadalajara, dijo no estar preocupado porque “es sistemático de este gobierno cometer arbitrariedades”, y como ejemplo señaló la imposición de consejeros del Poder Judicial por parte del Ejecutivo cuando reprobaron los exámenes correspondientes.
El ex titular del organismo pericial señaló que se encuentra preparado para enfrentar la imputación y no teme a las represalias del aparato del Estado: “Si, para lo que venga. Para lo que venga. Y sí el gobernador me quiere ver en la cárcel, pues la cárcel es para los hombres”.
“Y como yo no he cometido ningún delito ni los cadáveres eran míos… los cadáveres eran de la Fiscalía, porque (el Instituto Jalisciense de) Ciencias Forenses era nada más para hacer dictámenes periciales”, argumentó el entrevistado, al que solo le avisaron en septiembre de 2018 que los tráileres iban a ser extraídos del IJCF por órdenes de la Fiscalía.
En aquel tiempo, se sabía que las gavetas del anfiteatro estaban rebasadas, pues solo tenían capacidad para 72 cuerpos y había más de 400. La Fiscalía rentó cajas de tráiler con refrigeración para conservar en ellas los cadáveres. En una de las cajas de tráiler se almacenaban 273 cadáveres, aunque inicialmente se dijo que eran 157. En un segundo remolque había apenas unas decenas.
Ahora, aunque se aumentó la cantidad de gavetas en el Semefo, la situación es más grave, reprocha Luis Octavio al gobernador “Él tiene ahí más de cinco mil cuerpos. Algunos hasta con credencial de elector, más de cien al parecer, y ni siquiera llaman a los familiares. No nada más maltratan los cuerpos, sino a los dolientes que andan buscando a sus familiares, como yo, que no nos dan ninguna razón, ninguna nada, y ahí no hay abuso de autoridad”.
La investigación “Crisis Forense en México: Más de 52 mil personas fallecidas sin identificar”, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, citada por el diario El Informador, refiere que Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional en rezago en materia de identificación humana con cinco mil 738 cadáveres en esa situación, detrás de Baja California, Ciudad de México y el Estado de México.
Por el momento no se conoce la determinación ministerial de la Fiscalía Anticorrupción y si los ex fiscales generales y central serán o no imputados, pues en alguno de estos recaería la orden para que los tráileres fuesen sacados del Semefo y hayan cruzado varios municipios, incluso uno de ellos averiados del equipo de refrigeración.
