Sin respetar el dolor de perder a un familiar, agentes ministeriales estatales hostigan, presionan y amedrentan a los deudos de las personas que fallecieron en su hogar obligándolos a contratar a médicos “certificados” para ayudar a agilizar los casos y que los cadáveres sean entregados a los servicios funerarios contratados en la ciudad de Tijuana.
“Si no les pagaba, me dijeron que el cuerpo podría terminar en la fosa común”, relató una víctima de extorsión por agentes ministeriales que atendieron la muerte natural de una paciente terminal de cáncer. No le permitieron llegar al médico que atendió con cuidados paliativos durante seis meses a la difunta y le ofrecieron los servicios de un médico que ya “conocía el protocolo”. En caso de no contratar al médico que cobró cinco mil pesos, los ministeriales llamarían al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en donde el cuerpo podría ser enviado a la fosa común en casos extremos.
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Las víctimas y funerarias compartieron a ZETA que los médicos de apellidos Ortega y Morales son los asociados con los ministeriales para atender las 15 muertes en hogar diarias en promedio y cobrar cinco mil pesos por servicio.
Mientras que la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS) de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, se negó a compartir estadísticas sobre los médicos que firman las actas de defunción en casos de muerte en casa; la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió denunciar a los agentes extorsionadores.
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“No ceder a este tipo de presiones, ni chantajes, ni cobros, ni ataque psicológico como lo quieras llamar, a casi amedrentándolos a que va a haber un resultado en el cual van a salir perjudicados con familiares, de que se va a ir incluso hasta la fosa común. Te repito no es cierto, pero creo que sí es bueno informar a la ciudadanía de que no cedan… no ceder y denunciarlo, porque obviamente estaría incurriendo en una responsabilidad el funcionario que esté a nombre de la Fiscalía diciendo que se cobra esa cantidad de dinero por prestar ese servicio”, explicó Miguel Guerrero, fiscal regional en Tijuana.
Cuando ZETA consultó a COEPRIS, la dependencia respondió que la responsabilidad era de SEMEFO y por ende del Poder Judicial. “En el caso de las defunciones ocurridas en domicilio se debe dar parte a la Fiscalía General del Estado, donde ellos realizan un procedimiento para dar fe y legalidad de la muerte, por ello se llama al servicio médico forense para que certifique la defunción, trámite que es ajeno a la COEPRISBC”, respondió la dependencia estatal a lo que el Poder Judicial respondió: “SEMEFO no certifica las muertes en domicilio”, mediante su área de Comunicación Social.
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Para la FGE, oficialmente el proceso es claro: “cualquier médico tratante de una persona que fallece en un domicilio, en un nosocomio, ya sea es privado o público, el médico, cualquier médico tratante tiene derecho y la facultad para expedir el certificado médico. No hay ninguna exclusividad con ningún médico ni mucho menos por parte de la Fiscalía”, respondió Guerrero, el único funcionario que aceptó ser entrevistado por ZETA para la denuncia de extorsiones.
Para la FGE no hay casos denunciados contra los agentes extorsionadores en momentos de duelo. El fiscal Guerrero insiste que los cuerpos solo son trasladados a la fosa común cuando no hay familiares que los reconozca o se hagan responsables de su debido proceso.
Para denunciar a agentes y médicos que se aprovechen del momento de duelo, “puedes acudir personalmente a las instalaciones de Fiscalía de Visitaduría están en el en Plaza Patria… inclusive puedes acudir a la Central Camionera lo que es el área de UMAC para presentar tu denuncia correspondiente… inclusive puedes levantar el incidente al 911 para que quede registrado y ese incidente es canalizado a Fiscalía”, recomendó el fiscal Guerrero.
