De concretarse la intención del gobernador, agencias podrían degradar la calificación de la deuda por debajo de “bonos chatarra”, advierten especialistas
A dos meses de que concluya la actual administración, Jaime Bonilla Valdez emitió un decreto para que el Gobierno de Baja California se asuma como deudor principal de los financiamientos y obligaciones de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate, convirtiéndolas en deuda pública del Estado a largo plazo.
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El nuevo intento del mandatario para concretar la municipalización de las paraestatales, trastoca la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender el proceso de transferencia hasta que el asunto no se resuelva de fondo en la controversia constitucional presentada por diez diputados de la XXIII Legislatura, así como las suspensiones provisionales y otras acciones inconstitucionales interpuestas por los síndicos procuradores de Mexicali, Tecate y Rosarito.
Para Juan Manuel Molina García, presidente del Congreso del Estado de Baja California, resulta “difícil, si no es que imposible”, que la XXIV Legislatura apruebe al gobierno de Bonilla absorber la deuda de las Comisiones Estatales, misma que calificó como injustificada, ya que los ayuntamientos que decidieron absorber la prestación del servicio de agua, sabían que sería con los adeudos.
“Entonces se le va a dejar el cargo a la administración siguiente, pues no, lo veo muy difícil, si no imposible, que esta Legislatura fuera a autorizar un movimiento de esta naturaleza”, insistió Molina en entrevista con ZETA.
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En un análisis preliminar, el decreto del 7 de septiembre de 2021 “podría haber pasado por encima de la suspensión que decretó la Corte”. El legislador morenista indicó que los promoventes de la controversia constitucional analizan la ruta jurídica que seguirán, cuando se le cuestionó si acusarían de desacato al Ejecutivo.
“Tenemos que hacer lo que resulte necesario para proteger el interés de los ciudadanos, es lo que te puedo decir, y la Ley establece una serie de recursos y acciones que tenemos que analizar para saber qué ruta habremos de tomar, si ya iniciamos una ruta jurídica, que es la correcta, tenemos que seguirle pidiendo a la Corte que se mantenga vigilante del cumplimiento de sus resoluciones”, expuso.
El Artículo 11 Transitorio del Decreto 289, establece que los financiamientos de las Comisiones Estatales y los créditos en los que el Gobierno del Estado hubiera sido su aval, pasarían a los municipios, lo que se contradice con el decreto del 7 de septiembre, el cual pretende que el Estado vuelva a absorber las obligaciones de la deuda de las Comisiones Estatales. Hecho con el que el Ejecutivo se excedió en sus facultades, toda vez que el Congreso es el único facultado para modificar el Decreto 289 y avalar la deuda del Estado conforme al Artículo 117 de la Constitución mexicana.
“Estamos rayando en una situación absurda jurídicamente en el sentido de decir ‘te entrego una fuente de ingresos, yo absorbo la deuda y tú te vas con la cuenta en blanco’. No funciona en la iniciativa privada y
menos en un esquema gubernamental y este tema será materia de la Glosa del Informe del Gobierno”, anotó.
Sobre el tema, el secretario del Agua para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Salomón Faz Apodaca, defendió el decreto del 7 de septiembre, considerándolo un cambio de opinión en favor de los organismos y de la municipalización “se dé o no se dé”, por lo que rechazó se esté trasgrediendo la resolución de la SCJN.
Aunque admitió que la adopción de la deuda de las Comisiones Estatales afectará el flujo de recursos del Gobierno del Estado, estimó que no habrá problemas con los acreedores, toda vez que fue deudor solidario de las Comisiones y había comprometido participaciones federales, y eso no cambiará.
“El importe total de los pasivos de todos los organismos, son como 2 mil 300 millones de pesos a largo plazo. La cantidad para el Estado no es significativa como importe, y va a significar un apoyo importante para los organismos para su salud financiera”, anotó Salomón Faz.
Respecto a si dará tiempo de hacer este proceso antes de que termine la administración, “sí, es razonablemente rápido, porque no es como si se fuera a tramitar un crédito desde el principio, es un trámite rápido”, confirmó el funcionario.
AGENCIAS BAJARÍAN CALIFICACIÓN CREDITICIA
Luego que el gobierno de Jaime Bonilla publicó el decreto para absorber la deuda de las Comisiones Estatales sin tener “el menor sentido económico”, tres agencias calificadoras advirtieron que el incremento de esa deuda en el Estado provocará una degradación de la calificación por debajo de “bonos chatarra”, señalaron especialistas consultados por ZETA.
“La deuda del Estado está a punto de ser ‘bono chatarra’. En julio pasado, Fitch Ratings hizo una reducción, y en agosto, HR Ratings también bajó la calificación, por lo que una degradación adicional implicaría una baja en el grado de inversión de la deuda del Estado y sería desastroso en el incremento de la tasa de interés”, ya que aumentaría el costo del servicio de la deuda.
Al 30 de junio, Baja California fue la décima entidad federativa con mayor deuda pública, con 21.9 mil millones de pesos, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Los especialistas consultados previeron que el decreto del 7 de septiembre quedará sin efecto, al no ser legal. La Ley de Disciplina Financiera no permite que las entidades públicas, estados, municipios y paraestatales puedan contratar deuda 90 días previos a la terminación de su administración.
Coincidieron con Molina García en que la contratación de deuda tiene que ser aprobada por el Congreso. En ese sentido, consideran que emitir el decreto del 7 de septiembre es “una falla más” de los asesores legales de Bonilla, que han perdido otras batallas legales, dejándolo “en ridículo”.
Por otro lado, el cambio que pretende el actual gobierno requiere de suficiencia presupuestal y autorización de los bancos acreedores de las Comisiones Estatales, como Banobras, Banco Multiva y Corporación Financiera de América del Norte. “Algo que se ve difícil que suceda”, más aún cuando la SCJN tardará por lo menos un año en resolver el fondo de las controversias constitucionales.
DECRETO EN VIGOR DESDE EL 9 DE SEPTIEMBRE
Sin mencionar el monto que el Estado asumiría como deuda directa a largo plazo, ni la viabilidad financiera de ello, el decreto del gobernador entró en vigor ayer jueves 9 de septiembre. En este se instruye a las secretarías de Hacienda y del Agua, así como a la CESPT, CESPM, CESPE y CESPTE, realizar las gestiones necesarias a fin de que en los financiamientos y obligaciones contratados, el Poder Ejecutivo se asuma como deudor principal, sin modificar ninguna otra de las condiciones pactadas en dichos instrumentos.
También instruye al titular de Hacienda, Adalberto González Higuera, informar al Congreso del Estado de las acciones a su ejecución conforme a lo previsto en las disposiciones de disciplina financiera.
“En congruencia y respeto al Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera necesario que el Gobierno del Estado propicie las condiciones administrativas y financieras para materializar la transferencia de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales que actualmente prestan las Comisiones Estatales hacia los Municipios”, refiere el documento.
AUMENTAN INGRESOS EN CESPT, PERO NO MEJORA SERVICIO
Durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, la CESPT ha incrementado sustancialmente sus ingresos, reflejándose en el bolsillo de los ciudadanos, sin que mejore el servicio que presta el organismo operador del agua.
Datos de la Cuenta Pública de la Comisión indican que en 2020 se tuvieron ingresos y otros beneficios por 5 mil 452 millones 578 mil 721 pesos; mil 450 millones más que lo reportado el año anterior.
Sin embargo, la población padeció dos tandeos programados, la suspensión del servicio por fugas y escasez en zonas de la ciudad -como Santa Fe, Mariano Matamoros y Salvatierra- que anteriormente contaban con el líquido. Los trámites ante la institución tampoco fueron más fáciles, como lo comentó la ciudadana Janet Neria, quien acudió por tercera vez a la CESPT desde Hacienda Los Vendados -cerca del Bulevar 2000- para hacer un cambio de propietario.
“No sé si no hay suficiente personal adentro o qué, pero siempre está llenísimo aquí. Si no viene uno temprano, no alcanzas el turno para pasar con el representante de módulos, pero por cuestiones laborales no puedo venir más temprano. Hoy pedí permiso en mi trabajo, a ver si alcanzo”, manifestó.
MENOS DE UN TERCIO DE RECURSO DE FISAMEX, A INFRAESTRUCTURA
Al 7 de septiembre de 2021, la CESPT recuperó mil 341 millones 906 mil 385 pesos con las auditorías de Fisamex. Del total se ejercieron mil 323 millones 968 mil 411 pesos, que representan el 98.6%, según el reporte de la Secretaría de Honestidad y Función Pública.
El documento señala que 43% de lo recuperado por Fisamex se gastó en energía eléctrica. El 28.4% en seis proyectos de infraestructura (Operación de bombas y mantenimiento de plantas 113.1 millones de pesos; compra de bombas, 32.0 millones; Proyecto Matadero,14.1 millones; Limpieza del Río Tijuana, 100.1 millones; Proyecto Sidurt, 9 millones de pesos; y Corredor Costero, 113.7 millones de pesos).
En tanto, 19.3% se ejerció en el pago de honorarios de Fisamex, también conocida como Romafam, SA de CV, cuyo monto ascendió 259 millones 919 mil 562 pesos.
El 7.28% se destinó a pagar al Issstecali (77.7 millones de pesos) y al préstamo del Gobierno del Estado (20 millones de pesos), y 0.3% a otorgar descuentos.
El director de la CESPT, Elí Topete Robles, dijo que entre las obras que se están haciendo con recurso de las auditorías de Fisamex, está la primera etapa de la construcción de la red de agua potable en Colinas del Florido, con una inversión de 35 millones de pesos (21 millones de recurso federal y 14 millones de la CESPT).
En Cumbres de Rosarito también se están invirtiendo 11 millones de pesos, y en Colonia Xicoténcatl Leyva Segunda Sección, 16 millones de pesos para dotarlas de servicio de agua potable.
A nivel estatal, Fisamex hizo auditorías a 4 mil 422 empresas, dictaminando 6 mil 555 millones 94 mil 434 pesos. De ese monto se recuperaron mil 799 millones 247 mil 313 pesos, es decir, 27.4% del total. Por el trabajo hecho en todos los municipios, la empresa recibió 350 millones 177 mil 025 pesos al 7 de septiembre.
DISMINUYEN CUENTAS EN CARTERA VENCIDA
En entrevista con ZETA, Elí Topete y Juan Pablo Guerrero, director y subdirector comercial de la CESPT, respectivamente, comentaron que el número de cuentas en cartera vencida disminuyó de 280 mil a 213 mil, no obstante, el monto total asciende a 5 mil 465 millones de pesos.
Stratimex, SAPI de CV; North Collect and Recover y Práctica Dirigida, SC, son las empresas que llevan a cabo la recuperación de cartera vencida. “Entre las tres casi llegamos a los 40 millones de pesos, de un universo de 2 mil 500 millones de pesos que están trabajando”, indicó Guerrero.
Cabe destacar que la CESPT paga alrededor de 17 millones 37 mil 235 pesos cada mes, según la Cuenta Pública del organismo al 30 de junio de 2021.
Por otro lado, Topete afirmó que durante el año se han regularizado 98 comercios y 40 empresas industriales en cuanto a permisos y/o trampas para grasa, además de imponer 584 multas por un monto total de un millón 369 mil 411 pesos.
