Este viernes inhabilitarán a otros cinco funcionarios de la pasada administración de Montserrat Caballero por irregularidades encontradas por la Auditoría Superior del Estado
El gobierno rosaritense de Rocío Adame tendría que cesar a Nora Elisa Márquez Carvajal de la dirección de la Promotora del Desarrollo Urbano (Prodeur) de Playas de Rosarito, “si quiere acatar la resolución” de la Sindicatura del XXV Ayuntamiento de Tijuana, que inhabilitó un año a la funcionaria.
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Así lo señaló la síndica de Tijuana, Teresita Balderas, quien expuso que la inhabilitación de Nora Elisa Márquez, exdirectora del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (IMPLAN) y Rangel De la Luz Vázquez, excoordinador administrativo de dicha institución deriva de observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado a la Cuenta Pública 2022.
Los funcionarios omitieron hacer el procedimiento para la adjudicación de los servicios médicos subrogados y la compra de medicamentos. “Se detectó la ausencia de dictámenes técnicos por parte de la Dirección Municipal de Salud. Omitieron celebrar contratos formales que establecieron los derechos, obligaciones y costos de dichos servicios y esta falta de soporte contractual generó erogaciones por 778 mil 504 pesos”
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En conferencia de prensa, este 7 de agosto de 2026, Teresita Balderas detalló que, en el caso del extesorero Raymundo Vega Andrade, la ASE detectó irregularidades no aclaradas por casi medio millón de pesos en el fideicomiso para el personal operativo constituido para garantizar el pago de indemnizaciones por fallecimiento de los causahabientes de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.
“Se declara tanto al extesorero Raymundo Vega Andrade y a José Cabrera Avilés (Coordinador de Tesorería) como responsables de las faltas administrativas que se les imputan” y que comenzará un día después de que les fue notificada la inhabilitación por un año.
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El segundo expediente referente al extesorero Raymundo Vega y la exdirectora de Catastro, Hitzia Massiel Martínez Valenzuela, se debe a irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado en el cobro del impuesto predial.
“Se detectaron 17 claves catastrales registradas bajo el tipo de predio nave industrial con una recaudación de 870 mil 720 pesos, cuyas construcciones reales correspondían a uso habitacional, comercial, equipamiento urbano o se encontraban en blanco sin evidencia documental que justificara la inconsistencia”, por lo que los funcionarios omitieron cumplir con sus funciones de vigilancia y actualización de la información catastral e ingresos municipales.
Una vez que la Sindicatura resuelve conforme a lo que le envió la ASE será la Secretaría de la Honestidad y Buen Gobierno la que en el sistema haga firme la resolución de Sindicatura. “Al ser la Secretaría de Honestidad una dependencia de carácter estatal obviamente los oficios de inhabilitación que te solicitan para desempeñar un cargo corresponden y abarcan y tienen alcance en todo el estado”, remató.
Adelantó que este viernes serán notificados otros cinco exfuncionarios municipales por irregularidades encontradas por la ASE en la Cuenta Pública 2022, y que el máximo órgano fiscalizador en la entidad ya transfirió el resto de procedimientos en las Cuentas Públicas 2023 y 2024, por lo que se preverían más exfuncionarios sancionados. Hasta el momento van diez.
